El martes 19 de noviembre de 2019 se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) que retoma la experiencia y contenidos de los acuerdos de austeridad de la época “neoliberal” y el giro de la 4T centrado en la estrategia de la reducción del gasto operativo como vía para la reasignación de recursos a los grupos olvidados de la sociedad y el gobierno.
En este contexto, la Secretaría de la Función Pública anunció que con las acciones de ahorro y contención del gasto público se logró la liberación de 11 mil millones de pesos, que representa el 0.2% del presupuesto del 2019 y menos del 10% del gasto destinado al programa de pensiones para adultos mayores en 2020, que se ponen a disposición del Presidente para que los destine a programas sociales en forma discrecional.
Esto demuestra que el impacto financiero de la austeridad republicana es menor a lo pregonado y que si bien tiene un efecto positivo en la opinión pública que considera que el gobierno incurre en gastos suntuarios, éste puede ser aminorado por la vinculación mediática de los recortes presupuestales, con el desabasto de medicinas y la falta de contratación de los antivirus informáticos de PEMEX, que facilitó el ciber chantaje a la empresa productiva del Estado. La fuga de talentos salió más onerosa que los ahorros.
La LFAR es reglamentaria del párrafo primero del artículo 134 constitucional que establece los principios del manejo de los recursos económicos del Estado en el ámbito federal, no incluye a los estados y municipios, y seguramente contribuirá a dar orden y eliminar la incertidumbre que se había generado por la emisión de diversos documentos administrativos que circulaban.
Hay que señalar que sólo es aplicable con rigor a la Administración Pública Federal, con lo que se abre la interrogante si las instituciones de educación superior, como la UNAM y la UAM, y otros entes públicos que no pertenecen propiamente a aquella, deben sujetarse a estas reglas. Hay una referencia a las empresas productivas del Estado, sin que sea clara su vinculación.
La LFAR es la base para las regulaciones propias de los poderes legislativo y judicial, así como, a los órganos constitucionales autónomos, que tomarán las acciones necesarias de acuerdo con su normatividad aplicable a cada uno de ellos, lo que otorga cierta laxitud en su cumplimiento.
Además de establecer como valor fundamental del servicio público la austeridad republicana, que es un mero pronunciamiento ideológico, fija las bases de la política pública de austeridad, establece las medidas para impulsarla y la forma de generar ahorro en el gasto público federal, cuyo monto se destinará a satisfacer necesidades generales definidas directamente por el Ejecutivo Federal.
La LFAR cumple con el ritual propio de cualquier gobierno que pretende cambiar todo lo anterior, alegando que estaba mal -el conocido adanismo- y, para tal efecto, eleva a rango de ley lo que ya se establecía en los acuerdos o lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina financiera (varía la denominación) que han emitido y seguirán emitiendo los entes públicos federales, locales y municipales por disposición de las normas presupuestales desde 1996 y por disposición de ley desde 2006, con el gobierno de Fox y la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La política de recursos humanos elimina los apoyos a los representantes de las organizaciones patronales y obreras en los organismos tripartitas, y esto tiene consecuencias en la operación de los mismos y la contratación de consultorías externas.
En la cuestión de contratación de consultorías y asesorías se limita a reproducir lo que ya se establece en la Ley de Adquisiciones -omite hacer mención a la Ley de Obras Públicas- con lo que en realidad no cambia nada, salvo la confusión que puede generar la omisión señalada.
La LFAR prohíbe la duplicidad de funciones y, por lo tanto, si sucediera esta sería sancionable. Esto es correcto, en principio, pero hay procesos técnicos que requieren de revisiones subsecuentes para garantizar la calidad, que pudieran ser consideradas por los auditores como duplicidad y ser fuente de responsabilidad administrativa.
La prohibición de las delegaciones al extranjero es un absurdo en la medida que aísla al gobierno federal de lo que sucede en el mundo en transparencia, combate a la corrupción, mejora administrativa, actividades financieras y un larguísimo, etcétera. Este es un ahorro mal entendido. Evito dar ejemplos de servidores públicos del gobierno de la 4T que viajan, justificadamente, a congresos o encuentros internacionales para divulgar las acciones de transformación emprendidas, para no abrir un debate bizantino e innecesario.
Las medidas de ahorro son similares a las que se han aplicado en los últimos tres sexenios con el toque la calificación de los bienes de lujo o las acciones de derroche y se legisla una mala política de prestaciones sociales para el empleo público que es la eliminación de los seguros adicionales para los servidores públicos en salud y retiro. Esto afectará la atracción de talentos al sector público.
El manejo de la austeridad en los fideicomisos públicos quedó racional -muy similar a la que existía en los gobiernos anteriores- lo que contrasta con el proyecto original que los prohibía absolutamente, lo cual era una enorme inconsecuencia.
El manejo de los conflictos de interés de los servidores públicos con activos económicos se amplía en el sentido correcto y será necesario afinarlo para no cometer injusticias, recoge el avance de los últimos años en las leyes de responsabilidades y lo fortalece.
Algunas de las acciones de austeridad de éste y los anteriores gobiernos suelen ser más formales, que eficaces. Hay que reconocer que la LFAR es una vuelta a la tuerca para evitar los abusos que existían y existen, pero preocupa que pierda el propósito preventivo de la corrupción y se convierta en una forma de perseguir a cualquiera que se aleje del espíritu de la austeridad republicana.
