En el Foro: Jornadas de reflexión sobre la seguridad, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, tuve la oportunidad de participar en la mesa de debate “Perspectivas territoriales de políticas públicas en los ámbitos federal, estatales y municipales en materia de seguridad pública” que moderó la Senadora Verónica Camino Farjat, con la intervención de Renato Sales, Marcela Figueroa, César Garza, Vicente Ramírez y Eunice Rendón.
Entre las preguntas guía para la discusión destacan: ¿cuáles son las políticas de seguridad en México? ¿Cuáles son sus enfoques, debilidades y fortalezas? Los participantes en la mesa coincidimos en que la palabra clave era la coordinación entre las diversas instancias de gobierno y policías y que la estrategia para combatir la delincuencia necesariamente pasa la inclusión social en el desarrollo y la reducción de los índices de marginalidad, pero que esto no era suficiente.
Los funcionarios de seguridad ciudadana de la Ciudad de México y Nezahualcóyotl se refirieron a la importancia de la profesionalización de las policías, la acreditación y la certificación de los mandos, la mejora salarial de los elementos de las corporaciones y la organización eficaz y eficiente de las tareas de prevención y disuasión del delito. El énfasis se puso en la necesidad de adoptar modelos de combate a la delincuencia y mejores prácticas pensados y concertados en las instancias de coordinación de seguridad pública.
El Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México destacó la complejidad de la materia en sociedades que han cambiado profundamente en sus patrones de conducta individual y colectiva. Asimismo, mencionó el rezago en la gestión pública de la seguridad, la desaparición de fondos de gasto federalizado y el subejercicio presupuestal.
El fiscal de Campeche explicó las dimensiones de la seguridad: ciudadana, pública, interior y nacional. Esta distinción lo llevó a la conclusión de que las estrategias de combate a la delincuencia deben ser diseñadas dependiendo el objetivo y que la participación de las instancias de gobierno varía en intensidad y responsabilidad.
Así, el primer contacto relacionado con la seguridad ciudadana es responsabilidad de los municipios y los estados y debe tener un fuerte contenido preventivo y disuasivo, recibir mayores apoyos financieros y acudir a la participación ciudadana y programas sociales como estrategia primordial. En cambio, la seguridad interior, que involucra la confrontación de la delincuencia organizada, es una atribución compartida por la Federación y las entidades federativas que requiere de estado de fuerza policial suficiente y con una gran capacidad de respuesta a la violencia de los grupos criminales con base en protocolos homologados acordados en las instancias de coordinación de seguridad como son las conferencias de seguridad pública estatal, penitenciaria, pública municipal y de procuración de justicia.
En mi intervención, me referí a que el federalismo es el andamiaje jurídico-político sobre el que se llevan a cabo las tareas de seguridad y que es una realidad viviente y dinámica en la que se presentan las relaciones intergubernamentales entre el gobierno central y los locales. En seguridad ciudadana y pública, la acción estratégica y táctica tiene su eje en las corporaciones de las entidades federativas que organizan el estado de fuerza policial en dos niveles, local y municipal, con modelos descentralizados o de mando único.
Entonces, el federalismo se expresa con distinta distribución de las facultades entre la Federación y los estados en atencion al tipo de seguridad. En la ciudadana y pública hay una mayor concurrencia y coordinación de los tres niveles territoriales, en cambio, en la interior, por la peligrosidad y capacidad de fuego de los grupos delincuenciales, la coordinación se concentra en las entidades federativas y en la guardia nacional, y en la nacional las autoridades locales y municipales a limitan a ser colaboradoras de las fuerzas federales.
La gestión púbica en materia de seguridad se organiza en una multiplicidad de federalismos que exige políticas públicas diferenciadas con distingo grado de participación de la sociedad y coordinación de acciones. No se puede atender sólo con una visión centralista.
La delincuencia organizada no se combate sólo con la extensión de programas sociales, ni es tarea de los gobiernos municipales. Los delitos de alto impacto en la comunidad como robo o violencia intrafamiliar no se previene sólo con el aumento del estado de fuerza policial, sino que requiere de un enfoque más incluyente y una activa participación ciudadana y no es responsabilidad directa de la federación y debe ser atendida primordialmente por las autoridades municipales que deben ser fortalecidas, profesionalizadas y apoyadas con mayor presupuesto.
De ahí la importancia, que el debate de la mesa cerrara con la exposición de proyectos colectivos de seguridad ciudadana en la que la integración juvenil es la base y que se concluyera que la coordinación entre autoridades es el camino para la superación de los graves problemas de seguridad que padecemos en nuestro país.
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales.
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