El viernes 20 de enero, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una reunión inédita con la junta de gobierno, su equipo cercano y los directivos de las facultades, escuelas e institutos, se posicionó respecto al escándalo de la tesis plagiada que involucra a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa. En este acto quedó claro que el trabajo de titulación de la ministra es similar en alto grado con otro anterior, que la Universidad revisará las alternativas ante esta irregularidad dentro de sus instituciones y que él cuidará que haya respeto a los derechos de los involucrados.
Esta reunión fue una reacción la acusación directa que el presidente López Obrador hizo en la mañanera al Dr. Enrique Graue de estar haciendo “politiquería” por eludir su responsabilidad de pronunciarse sobre la validez y, en su caso, la cancelación del título de licenciatura para que la UNAM denuncie ante el ministerio público el delito y solicite la nulidad del registro del mismo a la SEP con el consecuente retiro de la cédula profesional.
Este ataque desde el poder a la UNAM, otro más, no sería relevante si no tuviera como antecedente el hecho gravísimo que representa el plagio de una tesis para obtener un grado académico y el desprestigio que esto implica para los egresados y estudiantes de esta institución de educación superior. Además, estamos en vísperas del inicio del proceso de elección del nuevo rector en el que el gobierno tiene sus candidatos y debilitar la imagen del Dr. Graue puede allanarle el camino a quienes simpatizan con la autollamada 4T.
En lo sustancial ¿qué es el mensaje del rector del viernes 20 de enero? Es una rectificación a la posición inicial de la rectoría sobre el caso en la que se expresó una postura demasiado formalista y declaró que la UNAM no era competente para invalidar un título otorgado y que este poder correspondía a la autoridad administrativa, en particular, la SEP. El primer comunicado de rectoría, emitido con base en un dictamen del abogado general, causó disgusto entre los universitarios, asombro entre los juristas y extrañeza en la sociedad. ¿De veras la UNAM no puede revisar y, en su caso, anular los títulos expedidos irregularmente?
En la prensa ya se han expresado numerosos argumentos para justificar la procedencia de la anulación del título por las autoridades competentes de la UNAM en ejercicio de su autonomía y, en su caso, fundamentar su derecho a solicitar la cancelación del registro de la cédula profesional. Además, la UNAM tiene órganos con autonomía relativa para llevar a cabo los diversos procedimientos para la investigación, sustanciación y resolución de las irregularidades que se susciten en la vida institucional, como lo es el plagio en una tesis, que debe tener como consecuencia lógica el retiro del grado concedido con base en ella.
El mensaje del rector es una rectificación de los sabios, que el llama aclaración ante la comunidad universitaria y la sociedad, y responde a la acusación presidencial sin sustento. Entonces, quedó de manifiesto que la UNAM, por lo menos en sus instancias directivas en todos los niveles, no se presta a la politiquería, ni al juego del poder en México. También, fue contundente al señalar que es doloroso el escándalo de la tesis plagiada para los universitarios que afecta en su prestigio y su honorabilidad y los ofende.
El rector cuando conoció las conclusiones del el Dictamen Técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón que determinó que había una copia sustancial de la tesis que la Ministra Esquivel presentó en 1987 emitió un comunicado en el que sostuvo que la UNAM carecía de facultades legales para retirar o anular los títulos concedidos en la opinión del abogado general en la que coincidieron las personas titulares de las Direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En el mensaje del viernes citado, rectificó con base en las opiniones coincidentes y otras que difieren, así como el fomento de las ideas propias del ambiente universitario y consideró que en honor a la legalidad y la verdad era necesario sancionar las conductas que violen los valores de la UNAM, con certidumbre y respeto a los derechos de los involucrados.
En este sentido, el rector Graue abandona la ruta inicial y convocó al Comité Universitario de Ética que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes para que haya alternativas para proceder a las sanciones adicionales correspondientes.
En este proceso de reflexión que desató el escándalo debe quedar claro que existen procesos para sancionar el plagio, incluso con la anulación del título, en atención a que la copia de tesis es una conducta desviada que eventualmente puede existir, es propio de la naturaleza humana, y la falta de los mismos sería una conducta inexcusable de los responsables revisar y proponer adecuaciones de la normatividad universitaria.
Es de sabios rectificar y reconocer que en derecho existen visiones basadas en los valores universitarios y la justicia para actuar en consecuencia dentro de la legalidad y la autonomía y sancionar a quienes producen este dolor comunitario y afectan el prestigio institucional de la UNAM.
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