La noticia nacional de la semana es la extinción de los fideicomisos públicos no entidad del Poder Judicial de la Federación con alrededor de 15 mil millones de pesos de recursos acumulados, según las cifras de los informes del segundo trimestre del año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque no es un recorte presupuestal como algunos medios han difundido equivocadamente, si puede tener algún impacto en las finanzas del Poder Judicial Federal.
El dictamen aprobado que adiciona con un párrafo segundo el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prohibir la existencia de fideicomisos público en ese poder, salvo el fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia, lo que implica la cancelación de los 13 restantes fue destacado en las primeras planas y el mayoriteo del oficialismo que lo impuso logró dos encabezado (Reforma y El Universal).
Los fideicomisos públicos no entidad los integra el gobierno federal a través de la SHCP, las entidades de la administración pública federal, cualquier órgano estatal con personalidad jurídica propia o los poderes con cargo a su patrimonio o presupuesto, conforme a la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y existe la obligación de informar sobre sus ingresos, rendimientos, destino y saldos. La SCJN puede integrar, con base en su autonomía constitucional, este tipo de fondos.
La prensa se refiere a un “recorte” de 15 mil millones de pesos bajo el supuesto que el recurso de los fideicomisos es parte del gasto corriente lo cual no es correcto, aunque su eliminación impacta el cumplimiento de diversas obligaciones legales o laborales que deben cubrirse contra el presupuesto que eventualmente se asigne. El Diputado Hamlet Almaguer calcula que la disminución total de los recursos para el Poder Judicial Federal podrías ser de 30 mil millones de pesos. En particular me referiré a los 6 mil millones de los fondos de la SCJN.
¿Se afecta la independencia de los ministros? No, si se considera que ésta no depende del presupuesto que se les apruebe para realizar sus funciones, ni su convicción en la defensa de la Constitución que es su misión en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho depende de lo suceda en la administración de la Corte, que es responsabilidad de su presidenta, la Ministra Norma Piña.
¿La desaparición de los fideicomisos de la SCJN modificará el sentido previsible de las sentencias futuras? En realidad no lo creo. Los recursos de los fideicomisos en su mayoría son las reservas que se habían ahorrado para el pago de las pensiones de los distintos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, cuya administración está en la Corte por su origen, pero que en realidad debiera ser administrado por el CJF.
¿Hay una reducción a los ingresos de los ministros? No. ¿Afectará derechos laborales de jubilados? En el corto plazo no, puesto que los trabajadores en activo cubrirán estas pensiones complementarias que deben pagarse por disposición de diversas normas con lo que serán, como el resto del país, generaciones jóvenes que carguen con menores ingresos en el mediano y largo plazo por la desaparición de estas reservas. Tal y como ya sucede con el resto del sistema pensionario público. Habrá un deterioro paulatino del ingreso real de los trabajadores, pero este es un asunto del CJF y, en su caso, de su presidenta.
El fideicomiso de remanentes presupuestales es un ahorro que se integró para solventar un momento de urgencia como eran los fondos de estabilización o el Fondo de desastres naturales que ya se consumieron durante el sexenio 2018-2024 y no es extraño que, ahora que el aliado Zaldivar ya no es el presidente, se pretenda utilizar los remanentes presupuestales de la SCJN de 1.3 mil millones para el gasto corriente del gobierno y con ello cubrir una cifra infinitesimal del déficit presupuestal, que es más de 1.7 billones de pesos.
El resto son fideicomisos de la SCJN, cuyos fines son de apoyo a la sociedad o a la independencia y autonomía de los poderes judiciales subnacionales, con es el caso del Fondo Jurica, retrasan el avance de los nuevos paradigmas de la justicia que gira en torno a los derechos humanos o las personas. Tampoco afecta al desempeño de los ministros. Entonces, ¿cuál es el propósito del “recorte”? Todo hace suponer que crear las condiciones político-electorales para desintegrar a la SCJN y obtener el carro completo en el 2024 a costillas del Poder Judicial de la Federación y ponerle piedritas en el camino a la insubordinada Ministra Norma Piña. Al tiempo.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Twitter @cmatutegonzalez
