La crisis constitucional que se vive en el Congreso de la Unión se expresó sintéticamente en dos frases: “No se puede retorcer la ley para hacerla a la medida” dijo el Presiente en la mañanera y “cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan (refiriéndose al reloj)… Chinguen a su madre, qué manera de legislar…” susurró Muñoz Ledo enojado e inconsciente de que el micrófono de la tribuna de la Cámara de Diputados estaba abierto y los diputados presentes en el pleno lo escuchaban (El Universal, 05-09-19).

Ambas frases son insultos. La primera agravia a la inteligencia de los mexicanos que vivimos la indiferencia culpable del presidente frente a la violación al Estado de derecho que estaba sucediendo en Baja California y tuvieron que pasar casi dos meses para que hubiera una declaración arrancada en la mañanera sobre la Ley Bonilla y la segunda ofende a los compañeros de banca partidista del entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Lo que equivocadamente critica Muñoz Ledo es lo correcto. Lo procedente es que a ninguna ley que modifique la integración, funcionamiento o plazo de elección de una autoridad puede aplicarse en forma inmediata, so pena de violentar el Estado de derecho y crear una crisis constitucional.

Esto es elemental en la teoría constitucional democrática. Así, las reformas constitucionales del 2013, derivadas del Pacto por México, que permitían la reelección de diputados y senadores, abrían la posibilidad al gobierno de coalición y modificaban la fecha del primero de diciembre al 01 de octubre para la toma de posesión del presidente electo, no entraron en vigor al día siguiente de su publicación, sino que, mediante artículos transitorios, se determinó que se aplazaran hasta los periodos constitucionales siguientes.

Por esas reformas, el presidente López Obrador no durará en su encargo 6 años, ya que él fue electo para 5 años con 10 meses, es decir, debe entregar el encargo como titular del Ejecutivo el 01 de octubre del 2024. Eso, como también sucedió en las elecciones de Baja California, no se hizo explícito en la boleta electoral y pocos lo saben.

La “salida” a la crisis constitucional en la integración de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que “encontró” el coordinador de la bancada morenista Mario Delgado es la única solución jurídico-política posible en un Estado de derecho democrático. Las reglas de organización de un órgano colegiado representativo electo sólo se pueden modificar para su aplicación futura, es decir, en la siguiente integración. Lo contrario hubiera violentado el orden político y abierto la puerta al autoritarismo.

Lo inaudito, casi inexplicable en términos de buena fe política, es que se haya dejado crecer el conflicto con la oposición bajo el lema de “sufragio efectivo, sí reelección” proclamado por Muñoz Ledo. Para algunos esta postura del diputado decano es una contradicción a su trayectoria política, pero para otros una confirmación de lo que ha sido, un político ambicioso sin escrúpulos, ni convicciones firmes.

En la mañanera, a pregunta expresa, el presidente respondió que en “todo” era aplicable al caso Bonilla la referencia a que era inaceptable que la ley se torciera a conveniencia (El Universal, 04-09-19).

¿Cambio de la postura inicial en que había declarado que no iba a intervenir por tratarse de un asunto estatal y no federal o en presidencia ya le midieron el agua a los camotes y se dieron cuenta que el tema de la reelección o ampliación del mandato tampoco pasa entre las huestes morenistas? En el fondo, hay una burla a la confianza depositada en la mayoría gobernante o un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos, tanto aliados como opositores.

A esta comedia tragicómica, hay que agregarle la filtración de una conversación telefónica de la ministra en retiro, la Secretaria de Gobernación con la fracción parlamentaria morenista, en la que afirma que el presidente le dijo que “nos están perjudicando mucho lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados” (La Otra Opinión, 04-09-19). Gran contraste con su postura respecto a la Ley Bonilla que, seguramente, a partir de ayer se alineó a las palabras presidenciales.

¿Una tormenta en un vaso de agua? Tal vez, pero lo importante es saber quién la provoco y a quién beneficia. ¿Para qué debatir por el cargo de presidente de la Mesa Directiva que no hace, según algunos columnistas, más que firmar algunos documentos y leer un guion preparado por los servicios parlamentarios? Sencillo, para controlar los tiempos del debate, ya que en la política es importante marcar el ritmo de los procesos.

Hay opinadores que minimizan lo que está sucediendo, pero los actores lo han calificado de crisis constitucionales y ya se han acumulado varias. ¿Es un síntoma del cambio de régimen político? o ¿es la confirmación que no es lo mismo ser agitador que gobernante? ¡Qué manera de legislar!

Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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