¿Qué es la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo?

El 31 de agosto, un día previo al tercer informe de gobierno, corrió el rumor de la renuncia, sin exponer las causas, de Julio Scherer Ibarra al cargo de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo y se filtró que, la consejera de la judicatura federal, electa por el Senado de la República, la Dra. Loretta Ortiz Ahlf, sería quien lo remplazaría. Con independencia de las competencias profesionales de ambos, hay que destacar la diferencia de perfiles. El hoy renunciante es un abogado que se ha desempeñado en la academia y el sector privado vinculado con los medios de comunicación de izquierda y la probable remplazante, según se cuchicheo en los pasillos de Palacio Nacional, es una sólida defensora de derechos humanos con una carrera académica y política destacable.

Muchos confunden a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Un ciudadano común no alcanza a distinguirlos y pareciera que son órganos que hacen lo mismo. Nada más alejado de la verdad.

La CJEF es una dependencia de la Administración Pública Federal (APF) directamente subordinada al Presidente de la República que realiza tres atribuciones principales: asesorar y representar en los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional al Poder Ejecutivo; revisar los actos que emite el presidente; ser superior jerárquico de las unidades jurídicas de las dependencias y entidades, entre otras. Es un colaborador cercano al presidente, tal vez quien tiene más acuerdos con él.

En cambio, CJF es un órgano colegiado del Poder Judicial de la Federación integrado por siete consejeros con autonomía de gestión responsable del gobierno y administración de este poder, salvo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Entonces, el CJF tiene como principales facultades: garantizar la independencia de los juzgadores, regular y supervisar la carrera judicial, administrar a los tribunales y juzgados e investigar y, en su caso, sancionar a los jueces y magistrados, entre otras.

El antecedente del CJEF es la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, que era una oficina de apoyo al Poder Ejecutivo, sin autoridad administrativa, que asesoraba y verificaba la corrección jurídica de la actuación del presidente.

Como parte de la reforma judicial, en 1994, se transformó a la Suprema Corte en tribunal constitucional, se otorgó una autonomía limitada a la Procuraduría General de la República (PGR) y se crearon la CJEF y el CJF. Las funciones de abogado del Presidente se dividieron en dos: todo lo relacionado con el monopolio de la acción penal y defensa de la APF en esta materia lo conservó la PGR y la asesoría jurídica en otras materias y la supervisión de las unidades jurídicas de la APF las asumió la CJEF.

Desde el 1995 al 2018, la CJEF absorbió más facultades, como la representación del presidente en los juicios no penales, y organizó el ordenamiento jurídico estableciendo, por ejemplo, lineamientos para la suscripción de tratados internacionales y la elaboración, revisión aprobación, refrendo y publicación de los reglamentos emitidos por el presidente.

La principal razón para creación de la CJEF era que una dependencia del ejecutivo asumiera paulatinamente las facultades de la PGR para que ésta fuera autónoma. Finalmente, con la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, el ejercicio de la acción penal se le atribuyó a un órgano constitucional autónomo y simultáneamente hubo reformas constitucionales en 2014 que fortalecieron a la CJEF.

En este contexto, la CJEF es el interlocutor del Presidente con el Poder Judicial Federal, tanto la Suprema Corte el Tribunal Electoral y el CJF, es el área que le presenta las candidaturas para los nombramientos en los que interviene en ese poder, y es el filtro jurídico de los tratados internacionales, iniciativas de ley, reglamentos y demás acuerdo, así como uno de los principales negociadores del Poder Ejecutivo en los procesos legislativos en las cámaras de Senadores y Diputados.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 30 de noviembre de 2018, la CJEF asumió el poder de nombramiento de los titulares de las unidades jurídicas del gobierno, antes sólo opinaba, con lo que ahora es la instancia superior de los abogados en las entidades y dependencias, quienes son evaluados en su desempeño por el consejero jurídico, que puede removerlos en cualquier momento.

Fue cierta la sustitución del consejero jurídico, que no es tan mediática como el relevo en la Secretaría de Gobernación, y es muy trascendente para la operación del gobierno. El rumor fue parcialmente cierto porque a Scherer lo remplaza la Dra. María Estela Ríos González, una incondicional, no la Consejera de la Judicatura Ortiz Ahlf.

.