El miércoles 19 de agosto el gobierno de la 4T pagó parcialmente sus deudas electorales por el apoyo que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en las elecciones del 2018 y un anticipo para las que se efectuarán en el 2021. El Director General de la CFE y esa organización gremial suscribieron el contrato colectivo de trabajo que regresa a la situación anterior al 2016, el esquema de jubilaciones de los trabajadores de esa Empresa Productiva del Estado como parte del cumplimiento de las promesas de campaña (El Financiero, 19-08-20)
La concesión de estos derechos laborales -en una empresa que tiene pérdidas de 91 millones de pesos este año- representa un compromiso por más de 168 mil millones de pesos que es el 2 % del presupuesto y una cantidad igual a la que se destina al pago de la pensión del bienestar para adultos mayores. Con una diferencia muy importante: la primera beneficia a 45 mil trabajadores y la segunda a más de 8.3 millones de personas mayores de 68 años y se destina sólo 112 mil millones, según cifras del boletín 011 de la Secretaría del Bienestar, publicado el 28 de febrero de 2020.
Primero el clientelismo. Un concepto clásico del derecho administrativo -Gabino Fraga- es desvío de poder y consiste en que el recurso presupuestas se destina a un fin distinto del interés público en favor de una persona o grupo personas como un sindicato o un partido político. El uso del presupuesto de una empresa pública para obtener apoyo político electoral de un sindicato es un desvió de poder. Es equiparable a los favores que se compran a un futuro gobierno a cambio de aportaciones a las campañas, pero mucho más caras cuando se vinculan con derechos jubilatorios.
Después los pobres. En lugar de destinar los más de 168 mil millones de pesos a las pensiones de bienestar para adultos mayores que hubiera representado que el monto que reciben actualmente se duplicara beneficiando a los pobres, el gobierno prefirió dárselos a un grupo de trabajadores organizados, que tiene capacidad de presión y movilización en época electoral.
Además, el anuncio en que “un trabajador de la CFE podrá pensionarse con 25 años de servicio y 55 años de edad, o bien tener 30 años de servicio sin importar la edad. Por su parte, una mujer sólo deberá cumplir 25 años de servicio para pensionarse”. Con esto se comprometen cientos de miles de millones de pesos en plenos escándalos de los videos, que resultó ser una espléndida cortina de humo para que este desfalco a la Nación pasara desapercibido.
Este albazo jubilatorio es parte de una estrategia. No es un hecho aislado. La primera acción era estatizar nuevamente el sector energético y reconstituir los monopolios reduciendo e incluso eliminando la competencia para garantizar que el exceso en los costos de las Empresas Productivas del Estado no redujera su participación en el mercado para posibilitar un pasivo laboral exorbitante a la industria, que permitirá mantener elevados los precios de la energía para pagar las jubilaciones. Alfonso Romo ya denunció que el costo de la energía en México es dos veces mayor si se compara con Estados Unidos y esto reduce nuestra productividad (Forbes, 19-08-20). La otra solución es pagar el beneficio a los electricistas con subsidios provenientes del presupuesto.
Los pobres son el centro del Evangelio, según la cita del Papa Francisco que hace AMLO en el promocional del Segundo Informe, pero queda claro que para el Presidente de México los pobres van después del pago de sus promesas de campañas a grupos tradicionalmente clientelares. El afecto de un gobierno se refleja en el presupuesto no en los lemas políticos repetidos hasta el cansancio.
Las pensiones de los pobres pueden esperar. El pago al clientelismo político es urgente más aún cuando se acerca la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gobernaturas. La auténtica reforma a la seguridad social que elimine los regímenes especialísimos a las entidades públicas no es lo que realmente importa. Lo trascendente es un discurso que aparente que el presupuesto se dirige a los más pobres, aunque las acciones del gobierno vayan en otro sentido.
¿Dónde están los defensores de los que menos tienen? ¿Dónde está la Secretaria del Bienestar que debiera exigir que el monto de las pensiones del bienestar aumentarán para cumplir con el lema de primero los pobres? Todos en la algarabía de los videos, mientras se compromete el futuro de las generaciones de trabajadores que no tienen la fortuna de ser electricistas. Pierden más de 60 millones de personas que son la población económicamente activa, ganan 45 mil trabajadores sindicalizados. Primero el clientelismo, después los pobres.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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