El presidente inició un ataque frontal contra las autonomías constitucionales. Sin hacer distingo acusó a todos quienes integran un órgano con autonomía, de medrar el presupuesto y anunció que presentaría una reforma constitucional para eliminarlas. Incluyó entidades públicas de distinta naturaleza y con las más diversas funciones.
La reacción fue inmediata, el Consejo General de la Abogacía, integrada por la Barra Mexicana de Abogados, el INCAM y la ANADE, así como México Justo, entre otras organizaciones de la sociedad civil organizada, y varios actores políticos fijaron su posición oponiéndose a la desaparición por las graves consecuencias en la vida democrática y plural del país.
Esta semana, el presidente concentró la ofensiva en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y argumentó los altos salarios de los servidores públicos que lo integran y el costo de mil millones de pesos anuales que representa su operación.
La transparencia institucionalizada, que tanta falta en el gobierno de la autollamada 4T, le saca ronchas al presidente, le da urticaria y pretende sustituirla con un ejercicio de comunicación social amañado, efectista y pletórico en el que él siempre tiene otros datos.
En un mensaje en Twitter, Mario Delgado, como parte de su papel subordinado al gobierno, concede la razón al presidente cuando éste afirma que la información no es igual a la propaganda. Una verdad de Perogrullo, nada es lo que no es y todo es lo que es.
Lo que sucede todas las mañanas en Palacio Nacional es un ejercicio de promoción de la 4T sin muchos datos que lo sustenten o apoyados con cifras imprecisas, contradictorias y utilizadas a modo. No es un ejercicio informativo, sino de propaganda. Eso lo señala un órgano constitucional que goza de autonomía y remata que la consecuencia es que no debe transmitirse cuando inicien las campañas.
El presidente y sus seguidores consideran a las mañaneras el posible sustituto de la transparencia institucional. En ese foro, controlado por el poder, se dice todo lo que debe y tiene que saber el pueblo bueno y sabio, y si a alguien se le ocurre cuestionar las cifras y pedir información ejerciendo su derecho de acceso a la información pública la autoridad la niega o contesta que no existe. En los últimos dos años han aumentado al doble los recursos de revisión ante el INAI.
Bajo esta lógica, se contextualiza la declaración de Bartlett que califica a los órganos que gozan de autonomía constitucional de ser un estorbo, a la salida de una reunión en Palacio Nacional donde se discutió la estrategia para desaparecerlos. Un gobierno autoritario rinde las cuentas que quiere y como quiere y a todas las intromisiones ciudadanas las pretende eliminar.
Los argumentos economicistas son baladís. El costo no es lo importante. Cualquier centavo destinado a la transparencia es un precio caro y los pesos derrochados en la construcción de un estadio de beisbol de un equipo que dirige el hermano incómodo del presidente son justificables. Realmente lo que se busca es quitar los “estorbos” democráticos para regresar al país de un solo hombre propio del nacionalismo revolucionario de los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Las ocurrencias propagandísticas disfrazadas de información sólo pueden ser verificadas si existe el acceso a la información pública que garantiza el INAI. Si el gobernante afirma, el ciudadano tiene derecho a que haya el documento público que lo sustente y explique. Papelito habla. El salivazo incoherente y permanente es la peor forma de gobernar. Por esa razón, deben existir órganos autónomos que contribuyan a evitar que el servidor público caiga en la tentación de ocultar o maquillar información para engañar al gobernado y si lo hiciera tuviera alguna sanción política o jurídica.
El remate de la inconsistencia democrática de la propuesta de desaparecer el INAI es que sus atribuciones las asumiría la Secretaría de la Función Pública, que este sexenio ha demostrado con la exoneración del hijo de Bartlett, entre otros asuntos, que la autonomía técnica es prescindible y que lo único valioso es la lealtad ciega al presidente.
El modelo que sustituiría al órgano autónomo que revisa que las entidades públicas -incluidas las gubernamentales- cumplan con sus obligaciones de transparencia sería un subordinado incondicional del presidente que se haría de la vista gorda para con el jefe, pero sería estricto con los demás.
Toda actuación pública debe documentarse. No basta que lo sostenga como cierto el servidor público por muy honesto que sea. Papelito habla y el INAI es la institución que debe verificar que ese papelito se publique en el portal de la entidad pública y que sea entregado a las personas cuando lo soliciten. Lo lamentable es que este fundamento democrático tan simple le estorbe al gobierno.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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