El miércoles 18 de noviembre, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre diversas iniciativas de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en cuyo proceso de discusión se convocó a un parlamento abierto, en el que se recibieron propuestas y observaciones de expertos y organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de la participación formal de numerosos interesados en el tema, la Comisión no logró consenso en torno al dictamen y determinó no incorporar las observaciones que remitió la mesa de expertos del sector privado organizado. Este documento se aprobó con el voto favorable de Morena, en una sesión con 17 integrantes presentes de 32 que conforman la Comisión, según la lista de asistencia.
La propuesta de reforma a la LAASSP se remitió al Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación y lo previsible es que sea votada a favor antes de que concluya este periodo de sesiones. No es una reforma profunda. No modifica sustancialmente la regulación de la planeación, ni introduce mejoras normativas para desincentivar la frecuente recurrencia a las adquisiciones directas.
El dictamen aprobado contiene un régimen especial para las adquisiciones de medicamentos que se opone a lo regulado en el T-MEC, lo que eventualmente puede generar conflictos, y ha generado oposición entre la industria farmacéutica, que seguramente convencieron a los diputados de oposición sobre la inconveniencia de esta norma a la producción nacional y les demostraron que no es la vía idónea para combatir la corrupción, sino que tiene el efecto contrario.
Lo positivo del dictamen es que armoniza la Ley vigente en la actualidad con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una cuestión de mera forma, y establece un régimen más preciso para la compra consolidada y los convenios marco, que llevará a cabo la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sobre esto último, se propone que haya posibilidad jurídica de convocar a los probables proveedores a mesas de diálogo previo al inicio de un procedimiento para incluir en las bases de la convocatoria las mejores prácticas en el mercado y las nuevas soluciones tecnológicas.
La regulación de la compra consolidada se detalla, lo que es un avance respecto a la ley anterior, y se especifica cuáles son las autoridades competentes para emitir los respectivos lineamientos e intervenir en los procedimientos de autorización y de contratación correspondientes.
Los convenios marco, que son los acuerdos de voluntades que celebra la SHCP, a través de su Oficialía Mayor, en su caso, con la participación de una o varias dependencias o entidades, o con uno o más posibles proveedores se norman con mayor precisión. La pretensión de la ley es condicionar la celebración de estos convenios a estudios de costo-beneficio, la participación de los proveedores, la investigación de mercado, el cumplimiento de requisitos que garanticen el uso correcto de este instrumento y un procedimiento transparente para adoptarlos como estrategia de contratación.
Sin embargo, preocupa que el aumento o disminución de los bienes o servicios de las contrataciones consolidadas sean una facultad discrecional de la SHCP, sin límite alguno en cuanto a las cantidades, conforme al artículo 66 de la iniciativa de Ley.
La propuesta de reforma a la LAASSP, si bien incorpora elementos convenientes para la mejora regulatoria de las contrataciones públicas y la armonización con otras leyes, hay otros aspectos que son un retroceso en lo que se había avanzado para combatir la corrupción en esta área tan sensible a la misma del sector público.
La nota reprobable es la negativa a escuchar otras voces de la mayoría en el Congreso. El resultado del parlamento abierto fue aceptar las propuestas de la SHCP, que se incorporaron en su totalidad al proyecto inicial presentado por Morena y que en su generalidad son pertinentes, y no aceptar la mayoría de las modificaciones propuestas por los partidos de oposición, los observatorios ciudadanos y las organizaciones del sector privado.
La falta de consenso es evidente y eso afecta al trabajo del Poder Legislativo, que se deslegitima paulatinamente cuando se reduce a ser la expresión de la mayoría. La forma de aprobar el dictamen en comisiones sólo demuestra la división en ínsulas incomunicadas de la Cámara de Diputados. Esta circunstancia a nadie beneficia y esta reforma puede ser otra oportunidad más desperdiciada para crear un andamiaje jurídico sólido para combatir la corrupción en la contratación pública.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
