El lunes empezaron las sesiones en comisiones de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de modificación a la Ley General de Salud, que crea el Instituto de Salud para el Bienestar y desaparece el Seguro Popular y el miércoles se votó favorablemente con algunos cambios. No hubo un análisis profundo del impacto presupuestal, ni se tomaron en cuenta las opiniones de los centros de estudios especializados de la Cámara y de la sociedad civil.
Afortunadamente, se conservan -contrario a la primera intención- las prestaciones de solidaridad social del IMSS financiadas con recursos presupuestales del fondo general de impuestos y un porcentaje del gasto destinado a los gastos catastróficos de la población abierta.
Las giras fin semaneras del presidente en principio marcan la preferencia que durante su gobierno se dará a la salud de las zonas marginadas. La recepción es tan calurosa como la esperanza de que los servicios a la población abierta van a mejorar sustancialmente. Los médicos plantean sus necesidades y los esfuerzos que han llevado a cabo en los últimos 50 años, especialmente, a través del actual IMSS Bienestar que ha cambiado su denominación en cada uno de los sexenios: COPLAMAR, Solidaridad, Oportunidades y Prospera.
El modelo integral de atención a la salud se presta a través de unidades médicas fijas y móviles, centros de atención obstétrica, brigadas de salud, hospitales y albergues rurales; y con más de 27 mil trabajadores y más de 200 mil voluntarios, otorga más de 17 millones de consultas y 9 millones de estudios de laboratorio gratuitamente.
En 2018 se ejerció más de 1.3 mil millones de pesos en este programa y su crecimiento en el sexenio anterior fue del 30% en términos nominales. Atiende a más de 1.3 millones de familias pertenecientes a grupos especialmente vulnerables y el impacto en sus índices de salud son significativos como la disminución de la anemia y la muerte materno-infantil.
En este contexto, destaca la presentación del Dr. Jorge Alcocer, Secretario de Salud, de los avances del Plan de Salud 2019-2024, en la conferencia mañanera, que se redujo a destacar los rezagos -que todos sabemos que existen- y a repetir los compromisos de campaña con una estrategia centralizadora y con base en un análisis maniqueo. Afirmó, contrario a lo que se presentó en el proyecto de presupuesto, que el gasto aumentaría en 40 mil millones de pesos.
El argumento de que la estrategia de la creación del INSABI será exitosa es que el IMSS Bienestar lo es y, por lo tanto, imitándolo, en menos de cuatro años, se logrará la cobertura universal.
Hay dos errores de cálculo. El proyecto de prestaciones de solidaridad social del IMSS tiene casi 50 años de existencia con una estructura consolidada y los recursos presupuestales no serán suficientes si no aumentan en más de 46 veces lo que actualmente ejerce IMSS Bienestar, según el CEFP de la Cámara de Diputados o 600 veces conforme al estudio del CIEP, A.C.
Los llamados gastos catastróficos de la población de las zonas marginadas hoy se financian con el fondo de la misma denominación en el seguro popular, que la iniciativa de reforma “integral” a la Ley General de Salud pretendía desaparecer, pero, alentadoramente, se conserva un porcentaje con otra denominación.
Hay que reconocer que el ejercicio del gobierno ha sido aleccionador para el equipo del presidente. Propusieron fusionar el IMSS Bienestar al INSABI, se dieron cuenta que no convenía y cambiaron la estrategia. También, se convenció a los políticos que es indispensable generar reservas para la atención de los gastos catastróficos de los residentes en el territorio no asegurados para garantizar la cura de estos padecimientos en el mediano y largo plazo. Hubo conciencia que el Seguro Popular era corregible, no simplemente desechable. La votación del grupo vinculado con Morena fue dividida.
La mala noticia es que no hay aumento de recursos para el sector salud. El financiamiento del INSABI provendrá del ahorro acumulado en el fideicomiso del Seguro Popular que se extinguirá. El ahorro de 15 años, 40 mil millones de pesos, se va a gastar en uno. Lo peor del caso es que estos recursos son insuficientes. Los estudios de factibilidad o impacto presupuestal presentados a las comisiones del Cámara de Diputados proyectan que el gasto necesario para lograr los objetivos de la nueva legislación varía entre 60 a 780 mil millones de pesos. Hay muchos cabos sueltos todavía.
El debate legislativo todavía está abierto. La minuta pasa al Senado y persiste la oportunidad de avanzar en la universalización de los servicios de salud con un financiamiento sano y sostenible. No basta con el combate a la corrupción vía la austeridad para generar recursos para la atención médica gratuita hay que destinar más y evitar dobles coberturas. La minuta de reforma a la Ley General de Salud es un conjunto de buenas intenciones, pero no es una solución jurídico-administrativa-financiera viable.
