Una de las 20 reformas presentadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 5 de febrero pretende la desaparición de cuatro órganos constitucionales autónomos (OCA) y un organismo público no sectorizado, asi como la cancelación de la autonomía de los órganos reguladores coordinados en materia de energía. La justificación es que su costo no es justificable, que son contrarios al interés general y que realizan las funciones constitucionales del gobierno. Tres argumentos falaces.
La narrativa presidencial inicia con un ataque contra las personas sin referirse a los argumentos y descalifica a estos órganos estatales, propios de la gobernanza en un Estado constitucional y democrático de derecho, sólo por existir, identificándolos como un producto del neoliberalismo y del activismo hipócrita de un grupo de empresarios y políticos confabulados en contra del Pueblo.
Esta forma de debatir lo público polariza y divide a la opinión pública en dos bandos que se identifican con valores opuestos e irreconciliables, aunque usen un lenguaje similar, pero con significados distintos. Quienes apoyan la idea de desaparecer los OCA argumentan que esta acción es una forma de fortalecer la democracia y quienes se inclinan por su permanencia alegan que esta es en beneficio de la democracia.
La falacia ad hominen, contra o pro la persona, es irracional y más bien está vinculada con las vivencias sociales y personales y es resultado de prejuicios que se arraigan en el comportamiento. Bajo esta óptica, los fieles al presidente y sus opositores, alrededor de un tercio del electorado ambos, ya tienen una opinión sobre el tema, sin que sea necesario escuchar los argumentos. El otro tercio hay que preguntarse si ¿realmente está interesado en el tema? O si ¿es algo que debe debatirse en una campaña presidencial y formar parte de la agenda? Analicemos esto a partir de las falacias presidenciales.
¿El gasto de los OCA es significativo o excesivo? Depende con que se compare. En las iniciativas presidenciales, este gasto se contrasta con el presupuesto de las dependencias y para que éste represente un porcentaje cercano al 1, se utiliza el gasto administrativo no el total del presupuesto, ya que si el referente fuera éste último el porcentaje sería bajísimo.
Entonces, el gasto en los OCA no es significativo porque todo el gasto de estos, incluyendo el de los partidos políticos que se ejerce a través del INE, asciende al 0.8% del total y no ha tenido crecimiento relativo en la última década. Es mentir con estadísticas el uso de graficas con números absolutos para que se tenga la sensación social que es muchísimo dinero.
Tampoco es excesivo si se analiza la integración del gasto y su destino. Los sueldos de la “burocracia dorada”, es decir, de los titulares de los órganos de gobierno de los OCA no son mayores al 5% del 0.8% del presupuesto. Así la disminución de los sueldos de los comisionados del INAI o de los consejeros del INE o incluso su desaparición generaría un ahorro insignificante en términos presupuestarios. La idea de querer apoyar con 5 mil millones un gasto de 500 mil millones es ridícula.
¿Los OCA son contrarios al interés general? Depende quien lo defina. Si el interés general es lo que determina el gobierno, entonces cualquier actuación de los Poderes legislativo y judicial o de los OCA que se oponga sería contrario a dicho interés. Eso es propio de las dictaduras. En las sociedades democráticas y plurales, el interés general se construye con base en consensos a través de la red de actores que implica la gobernanza y, en ese sentido, los OCA no sólo no son contrarios al interés general, sino que son medios para que éste sea más incluyente y amplio. Los OCA sólo limitan la autonomía del Pueblo, si este se entiende como la expresión de la mayoría política representada por el gobierno. Los OCA, en realidad, son
un límite al gobierno, que sólo en las dictaduras es la voz del Pueblo y su existencia garantiza la autonomía personal y colectiva de los integrantes del Pueblo frente al poder del presidencialismo.
¿Los OCA realizan las funciones del gobierno que le corresponden a éste por mandato de la Constitución? No, ejercen las propias que le concede la constitución y que ya no le corresponden al gobierno. Ese es el sentido de la existencia de los OCA, que el poder ejecutivo no concentre tantas funciones. La pretensión de que el gobierno todavía tiene las funciones que ahora se atribuyen a los OCA es un deseo de regresar a un pasado autoritario.
Demostré que los argumentos son falaces, pero ¿realmente importa que lo sean? El mensaje gubernamental es que los OCA estorban indebidamente al ejercicio del poder mayoritario y el de la oposición es que este estorbo es deseable. El presidente tiene razón: los electores deben decidir entre el regreso al modelo hiperpresidencialista o el modelo de la gobernanza democrática. El resultado de junio determinará si gana el primero modelo y los OCA desaparecen o el segundo ¿De veras pueblo quiere un gobierno sin límites? Ese es el dilema a resolver en las urnas.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Twitter @cmatutegonzalez
