Esta semana el gobierno anunció dos programas importantes de infraestructura orientados a dar cumplimiento a los programas sociales y al beneficio de la clase trabajadora. En dos años se construirán 2700 sucursales del Banco del Bienestar con un costo total de 10 mil millones de pesos y en tres se instalarán 32 centros de conciliación estatales y uno nacional, así como los juzgados en materia laboral, locales y federales, con un presupuesto anual de 1400 millones de pesos.
El discurso por la igualdad de oportunidades para todos los residentes del país, sin importar el tamaño o aislamiento de la comunidad en la que vivan, es de justicia que los servicios financieros se acerquen lo más posible para que haya una efectiva accesibilidad. Actualmente más de 13% de la población no cuenta con sucursal o cajero bancario cercanos, es decir, más de 7 km.
Las transferencias presupuestales de carácter social pierden sentido cuando los beneficiarios tienen que viajar dos o tres horas para recibir en efectivo los apoyos gubernamentales.
El anuncio presidencial suena correcto, pero las complicaciones vienen después. Las acciones administrativas en la gestión de lo público exigen rutas críticas precisas para llevarse a cabo con éxito y un programa de sustentabilidad que permita la operación continua, regular y permanente del servicio público. Las buenas ideas en el papel fracasan sin planeación.
El propio presidente en sus giras por las zonas rurales del país ha constatado la existencia de clínicas vacías que no cuentan con equipo suficiente, ni hay personal que las atienda por diversas causas, entre otras, la falta de médicos que quieran ocupar las plazas en lugares distantes y expuestos a las bandas del crimen organizado. Hoy asegura que cada sucursal tendrá 3 o 4 personas que las atiendan.
Esta experiencia de la deficiencias de un programa público de atención a la salud que no considera todos los elementos que rodean a una obra pública además de la construcción debiera ser un elemento esencial para la toma de decisión respecto a las sucursales bancarias, que requieren de personal, tecnología e interacción con los centros de distribución de efectivo e insumos que no necesariamente están disponibles sólo por el voluntarismo político de hacer justicia a los olvidados. ¿Va en serio la propuesta de que el Ejército se convierta en el distribuidor de efectivo entre las sucursales a través de una empresa?
La banca comercial está en un proceso de reducción de las sucursales por número de cuentahabientes e impulsa los medios a distancia para las operaciones financieras, ya que la instalación de una sucursal pequeña tiene un costo cercano a los 12 millones de pesos, casi cuatro veces más a lo estimado por los asesores del presidente. Los bancos con más sucursales son BBVA, Citibanamex y Banco Azteca, y ninguna alcanza la cifra de 2 mil.
Los otros datos del gobierno son diferentes a las banca comercial y son imprecisos, no incluye costo de operación y los indirectos que se generarán por la supervisión de las 2700 sucursales nuevas en dos años. No hay terrenos para su construcción sólo el buen deseo de ubicarlas cerca de otros servicios públicos.
Nadie niega que es inaplazable que los grupos vulnerables accedan a los servicios financieros. Hay otras formas más creativas, propias del siglo en que vivimos, basadas en las aplicaciones informáticas como la plataforma de Cobro Digital (CoDi) que ha desarrollado el Banco de México.
En contraste, los 1400 millones anuales destinados a la aplicación de la reforma laboral para la instalación y operación de los centros de conciliación, así como los juzgados en la materia federales y estatales, aunque parece insuficiente, está planeado a cuatro años y distribuido entre las distintas organizaciones públicas involucradas con la intervención de los sectores interesados.
Los frentes abiertos por el gobierno de la 4T son demasiados. Las exigencias de mayor presupuesto aumentan. Los compromisos gubernamentales con los más necesitados se multiplican sin que haya certeza en la fuente de financiamiento.
Las sucursales y los centros de conciliación tiene un plazo de cumplimiento relativamente largo si se compara con los asumidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que con recursos equivalentes al 2019 más 40 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos debe ampliar la cobertura a todos los residentes del país no asegurados con atención médica integral en todos los niveles (salvo alta especialidad) y medicamentos gratuitos a partir de diciembre pasado. ¡Más de 20 millones de personas con la misma infraestructura, personal y presupuesto!
Los otros datos del presidente en breve se enfrentarán a una realidad financiera y administrativa que deseo sirvan para superarla en beneficio del país. La ideología mata cualquier estrategia administrativa racional y esa es la causa que los otros datos que tiene el presidente sean imprecisos. Lamentablemente las buenas intenciones no son suficientes. Vale.
