El 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante el cual se pretende arrogar facultades que la ley no le otorga, en una muestra más de un espíritu centralista que inspira a este gobierno autollamado de la cuarta transformación.
Con base en que los acuerdos anteriores (2010, 2011 y 2017) son obsoletos, no garantizan procesos, trámites y servicios eficaces en los actos de fiscalización de la SFP, que es la competente para verificar e inspeccionar el uso de los recursos públicos en las entidades y dependencias de la Administración Pública, Eréndira Sandoval decide que a partir de la fecha de la difusión de su acuerdo, la estructura administrativa a su mando pretenderá revisar ilegalmente lo que no le corresponde: a las entidades federativas, municipios y alcaldías en la Ciudad de México.
El acuerdo es incongruente. En la parte inicial, la justificativa que se conoce como considerando, la fundamentación citada es el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que faculta a la SFP para practicar visitas SOLO en las entidades y dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo, pero en el artículo 1 establece que el objeto es la fiscalización de las entidades federativas, los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, asumiendo una facultad de forma despótica o con desprecio hacia la ley y, por lo tanto, ningunea a todas las entidades públicas que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Independientemente del conflicto público sobre la revisión del pacto fiscal del Presidente con algunos estados de la República, ahora se pretende que la SFP lleve a cabo las funciones que le corresponden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) conforme al artículo 79 constitucional, lo que es un mensaje más a los gobernadores rebeldes y un “cuidadito con lo que digas” a aquellos que se han mantenido alejados del confrontación abierta.
Esto convierte al acuerdo en un acto político ilegal emitido por quien es la garante de la legalidad en el desempeño de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Este hecho por sí mismo es grave porque se busca que de facto la auditora subordinada al Presidente de la República sea la que vigile la aplicación de los recursos federales, incluso las participaciones que son ingresos propios de las entidades federativas, en los estados y la Ciudad de México desconociendo la autoridad de la Cámara de Diputados, que lleva a cabo esa labor a través de la ASF. Es una invasión de facultades que viola la Constitución porque vulnera la división de poderes y el pacto federal.
Esto que ya es grave muestra problemas mayores como la incapacidad de la Secretaria Eréndira Sandoval para proponer, gestionar y convencer a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité rector del Sistema Nacional de la necesidad de una estrategia conjunta con base en lineamientos homologados para la verificación del gasto público en las tres instancias de gobierno.
También exhibe su desconocimiento de la operación del gasto federalizado y las participaciones federales y la ignorancia negligente del volumen de trabajo que representaría a la SFP asumir esa carga burocrática, salvo que las visitas a las entidades federativas que ilícitamente permite el acuerdo, sean dirigidas a golpear a los gobernadores no alineados con las políticas del gobierno central.
Lo peor es que cualquier resultado que se obtenga de la fiscalización que lleve a cabo la SFP en exceso de sus facultades legales es jurídicamente inútil, toda vez que su obtención viola el debido proceso desde su origen y cualquier acto de corrupción que se detectara sería imposible de sancionar conforme a derecho y cualquier imputado de una responsabilidad tendría elementos suficientes para obtener una absolución por sus conductas.
La corrupción no se combate acudiendo a acuerdos ilegales, ni mostrando músculo político o ladrando con fuerza. Es bien sabido que perro que ladra no muerde. Si se pretende acabar con los “amplios márgenes de discrecionalidad” el camino más equivocado es la arbitrariedad. El remedio propuesto es peor que la enfermedad.
Con este tipo de actuaciones, que se repiten con demasiada frecuencia, queda claro que lo obsoleto para la Secretaria Sandoval es el respeto a la ley que ella debe honrar. El acuerdo es una evidencia más del desprecio a las instituciones como el pacto federal, la Cámara de Diputados, la ASF y a los integrantes de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y Fiscalización.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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