Las malas prácticas en el diseño de la arquitectura de la información y en el escalonamiento de los niveles de seguridad para evitar su “hackeo” en la plataforma fueron las causas de la saturación que se presentó durante las primeras 72 horas de la liberación de la plataforma de “mi vacuna” para la identificación de la población de la primera etapa del programa orientada a los adultos mayores de 60 años. Afortunadamente, estos defectos técnicos fueron disminuyendo y, entre otras mejoras, se corrigió la falta de barreras que detectarán los bots.

El apresuramiento en la liberación de la plataforma por oportunismo político provocó los inconvenientes. Incluso el presidente de la República se registró en la plataforma hasta el jueves 04 de febrero en la tarde, cuando la saturación se superó. Aunque el orden del registro no determina el momento de aplicación de las dosis para obtener la inmunidad frente a la COVID 19, la gravedad de la circunstancia que vivimos, más de 170 mil muertos oficiales, originó que hubiera numerosos intentos de ingresar los datos de los adultos mayores y mucha inquietud.

Otra de las causas es la falta de recursos financieros destinados al fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la administración pública federal actual.

El dictamen técnico de ESZ Smart Solución, realizado con base en el análisis de la plataforma del 03 de febrero, arroja que “el dominio utilizado para esta plataforma de registro se encuentra en un servidor en Estados Unidos, específicamente en Kansas City y quien provee dicho servicio es Google… sin embargo, puede ser posible que se haya contratado un servicio básico sin balanceador de cargas, lo que implica una capacidad de interacciones limitadas…”.

Esta conclusión es congruente con el hecho de que el gasto en TICs el año pasado, en plena pandemia, fue menor al programado en ese periodo y al realizado en el 2019. Esto no es una sorpresa. En el décimo numeral de los 50 puntos de austeridad republicana (anoréxica) del entonces presidente electo López Obrador, se señalaba que nos se comprarían sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.

Esta orientación política se reprodujo en la Ley Federal de Austeridad Republicana, en la que se estableció un tope a la inversión en TICs, prohibiendo aumentarla más allá de la inflación. El resultado fue que en 2019 se redujera en 19%el gasto aprobado para software, con respecto al año anterior.

En el segundo año de gobierno, continuó la misma tendencia y la estrategia nacional digital, operada desde las oficinas de la presidencia, recibió 26% menos en 2020 comparado con 2019 y PROSOFT, un programa de apoyo a la industria de software, de la Secretaría de Economía recibió la mitad del gasto en 2020 con respecto al año anterior. El gasto ejercido fue significativamente menor al aprobado.

Sin dinero para el diseño de las plataformas esenciales para la operación de programas sociales masivos, como es el de vacunación, era esperable que hubiera fallas y éstas sigan presentándose. Lo barato sale caro y quien suele pagar estas malas decisiones en la inversión pública son los más pobres.

Esto aparentemente se corrige. En 2021, el gasto programado en tecnologías de la información crecerá en un 10.8%, pero solo será 2.1 mayor de lo que se gastaba en 2018. En equipo de computo, se aumentará el 114%. Esperemos que con esto no haya necesidad de que los servidores públicos compartan su computadora como sugirió el presidente en julio del 2020, ante la cancelación de los contratos de arrendamiento, a los trabajadores de la Secretaría de Economía. La inversión en software crecerá en un 42% y los servicios de Tecnología de la información en un 8.3%.

La Revolución no requirió TICs, pero la autollamada 4T si requiere de plataformas de información, con bases de datos robustas, confiables y seguras para llevar a cabo con objetividad y equidad el programa de vacunación masiva y la distribución de los cuantiosos recursos que se destinan al gasto social.

Otra posible causa de las malas prácticas en el diseño de la arquitectura de la informacion de “mi vacuna” es la centralización de las decisiones sobre las TICs, en las oficinas de la presidencia, y la obligación legal de privilegiar el uso del software libre para generar ahorros injustificados frente a la necesidad de contar con herramientas tecnológicas de avanzada en temas tan sensible como la crisis sanitaria.

Aceleramiento por oportunismo, reducción del gasto en tecnologías de la información y centralización de la toma de decisiones es una pésima combinación. Eran esperables las fallas técnicas. La pregunta es: ¿Cuántos más programas sociales están comprometidos por esta estrategia equivocada de la austeridad anoréxica? Con el tiempo lo sabremos, lo sufriremos.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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