Desde mi primer artículo sobre los fideicomisos públicos en 2018, debido a que una de las promesas de campaña morenista era su desaparición como una medida de austeridad y combate a la corrupción, he señalado lo equivocado de los argumentos de los que pretenden extinguirlos como de quienes hoy los defienden, pero que durante años los utilizaron de bandera para denunciar la opacidad del gobierno.
El Presidente López Obrador, con la astucia que lo caracteriza, hizo suya la consigna contra los fideicomisos públicos y la convirtió en una cruzada por la transparencia. Lo que antes era opaco para los neo defensores de esta figura jurídica, ahora a través de los comités técnicos, son instancias de control que hacen cumplir las reglas de operación y realizan una doble auditoria al ejercicio de los recursos públicos.
El debate sobre los fideicomisos públicos ha estado lleno de falacias desde hace años. Hoy afloran las contradicciones con gran fuerza, que el gobierno las utiliza para hacer la “finta” que combate la corrupción sin realmente hacerlo con la acción de desaparecerlos. El Secretario de Hacienda, Arturo Herrara, en una video cápsula difundida en las redes, explica que hay dos formas de ejercer el gasto, la centralizada en la TESOFE y la descentralizada, en los que puso como ejemplo los fideicomisos públicos y la reforma sólo concentra la decisión de financiar la cultura, el deporte y la ciencia en la dependencia que dirige.
El Secretario refirió “que durante el 2019, el gasto neto total fue de 6.1 billones de pesos, de los cuales sólo 29 mil millones de pesos se ejecutaron por fideicomisos, es decir, el 99.53% de los recursos se gastan del presupuesto” (El Universal, 12-10-20). Entonces, suponiendo que todo este gasto estuviera plagado de irregularidades, es una falacia- el combate al desvío de recursos presupuestales estaría concentrado en una cifra que es menor al 0.5 por ciento del total.
El fideicomiso público es una herramienta jurídica-administrativa-financiera propia de la administración pública paralela al gobierno o de las propias entidades paraestatales como el CONACYT, el IMSS, los centros de investigación, entre otros. No son buenos, ni malos por naturaleza, ni instrumentos transparentes, ni opacos por definición. Algunos se han manejado correctamente, otros no. Los desvíos han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación como sucede en otros casos.
¿Cuáles fideicomisos públicos hay que conservar y cuáles desaparecer? Esta es una labor de análisis técnico-financiero y debate político. ¿Es válido cuestionar la existencia y utilidad de los fondos que actualmente existen? Por supuesto que sí y cada año debe justificarse con resultados tangibles la continuidad de la existencia de los fideicomisos públicos en particular cuando se elabora el anteproyecto de presupuesto.
Algunos son complejos e involucran recursos del gobierno federal, de las entidades federativas, de las entidades públicas con patrimonio propio y de los particulares. Seguramente, no en todos los casos, la desaparición a rajatabla de los fideicomisos va a afectar derechos patrimoniales de terceros, lo que ha sido calificada de confiscación por los opositores a la iniciativa de Morena. Esta posición también es falaz o por lo menos exagerada.
Los fideicomisos públicos se han convertido en el centro de una guerra de discursos y acusaciones mutuas. Una acumulación de falacias. Una fuente de estrategias y contra estrategias parlamentarias. Una forma de exigir lealtades al proyecto de la autollamada cuarta transformación y ejercicio de dialéctica política sutil para oponerse al proyecto del Presidente y mantener la lealtad a su figura cada vez más caudillista.
El discurso de Noroña en la Cámara de Diputados es una joya del malabarismo verbal. Ciertamente, los grupos que antes recibían recursos a través de los fideicomisos públicos, si se desaparecen éstos, tendrán que ir “sumisamente” a pedirle al gobierno central que los subvencione. Todos los caminos conducen a Palacio Nacional.
Con el argumento de que no tienen reglas de transparencia, se propone extinguir, entre otros, los 26 Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que auspician a los Centros Públicos de Investigación del CONACYT y tienen el objeto de otorgar becas y financiar proyectos específicos de investigación con el propósito que los recursos en esos fideicomisos sean administrados desde la SHCP, que está subordinada, como hace muchos años no ocurría, a los vaivenes coyunturales de la política.
En este contexto, quien aboga por la existencia de esos fideicomisos públicos es un defensor de la corrupción en palabras del Presidente López Obrador. Además, son una administración paralela al gobierno por eso hay que desaparecerla (sic). Esto es un argumento falaz ¿Acaso el siguiente objetivo del combate a la corrupción es la desaparición de la administración pública paraestatal subordinada al Poder Ejecutivo? ¿También los organismos públicos y las empresas de participación estatal son un nido de aviadores? Todo parece indicar que los fideicomisos desaparecerán y continuará el proceso de centralización de las decisiones en el gobierno de una persona.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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