Una de las falacias más socorridas por los políticos que buscan conquistar el poder o mantenerlo es identificar al gobierno con el Estado. Es una mentira que aparenta ser verdad en la que se atribuyen características a una parte, el gobierno, que en realidad le corresponden al todo, que es el Estado. Estas argumentaciones falsas se utilizan para confundir y crear indebidamente una convicción equivocada en el electorado de que un retroceso de treinta años en materia energética, como lo es la aprobación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, puede ser una ruta viable y benéfica para los usuarios del servicio.
El gobierno es el órgano del Estado responsable de la dirección político-administrativa del mismo y que en México se deposita en el Poder Ejecutivo por la aplicación del principio de división de poderes y la existencia constitucional del modelo presidencialista.
El Estado es una institución con una estructura determinada políticamente en una Constitución que logra la unidad de acción y decisión en un territorio con la pretensión de ser la única instancia para imponer un orden legítimo a la población bajo el principio de soberanía.
Estos conceptos demuestran que gobierno y Estado no son lo mismo y sólo se identifican por razones ideológicas, cuando un grupo organizado políticamente pretende descalificar al gobierno como un mal necesario (neoliberalismo) o un gobierno se asume como única expresión política válida de la voluntad del pueblo (populismo). Los extremos se encuentran.
La contrarreforma energética es un ejemplo de esta falacia aplicada por un proyecto político que anatemiza a la gestión privada de lo publico en oposición a otro que acusa a todo lo gubernamental de ineficiente. Ambas posturas están equivocadas.
El modelo constitucional vigente en materia energética distingue con precisión lo que corresponde al gobierno – que es la propiedad de las empresas productivas del Estado- de aquello que pertenece a la participación al Estado en su conjunto -que es el derecho a regular el mercado con órganos especializados, profesionales y autónomos, así como a disponer de la renta petrolera en beneficio de la sociedad presente y futura.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica identifica al gobierno con el Estado y supone que el control de la industria energética por una entidad subordinada al presidente de la República, sin mayor intervención de otros actores políticos, económicos o administrativos, es sinónimo de recuperación de la soberanía en la materia.
El uso de esta falacia tiene como consecuencia que todos los operadores privados sean considerados sujetos perversos sólo interesados en el provecho propio sin ninguna relación con el desarrollo sostenible de un mercado energético cuyo fin sea la mejor prestación del servicio de distribución de electricidad y la creación de condiciones económicas adecuadas para que la tarifa sea accesible para los usuarios.
Otra conclusión falsa es que la soberanía energética se logra con un control gubernamental de la industria, lo que es una mentira para cualquier país con modelos exitosos de generación y distribución de energía electica que facilitan la participación de gestores privados en el mercado debidamente regulados. El control exclusivo del gobierno de esta actividad económica a través de la CFE -la estrategia del monopolio- demostró su fracaso. Regresar a ese esquema augura corrupción, subsidios excesivos y altos costos de producción.
Otra falsedad es calificar de leoninos a todos los contratos suscritos con las empresas por el hecho de que haya una utilidad incorporada en el precio de la energía generada y vendida a CFE para su distribución y, además, tampoco se debe calificar a esta ganancia como un subsidio al sector privado. La integración del precio es compleja y requiere de un análisis a largo plazo ya que involucra cuantiosas inversiones en periodos de más de cinco años.
La falacia de que toda gestión privada de lo público es corrupta parte de las ideas equivocadas de que sólo el gobierno sabe lo que es bueno para el pueblo y que éste es el único órgano del Estado que puede actuar con responsabilidad ante el pueblo. Esta postura errónea desconoce que los órganos autónomos reguladores son entes estatales -no subordinados necesariamente al gobierno- que desde la lógica económica y técnica norman las relaciones entre las entidades públicas y privadas en provecho de la sustentabilidad energética.
La identificación del gobierno con el Estado es una falacia útil para construir un régimen autoritario carente de intermediarios entre la voluntad mayoritaria -no unánime- expresada en las urnas y los demás actores políticos, económicos y sociales. El gobierno confundido a conveniencia con el Estado es el camino para expulsar a la democracia y el pluralismo. Es el regreso al fracaso de la industria energética gestionada directa y exclusivamente por el gobierno.
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