El viernes 12 de marzo, el presidente declaró (¿amenazó?) en la mañanera: “Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares".
La contrarreforma energética va a sacarles canas verdes a todos.
Al gobierno que iniciará una larga contienda en tribunales nacionales e instancias internacionales, ya que se obstinó en impulsar modificaciones legales que nos regresan a un pasado estatista en materia de energía en contra de lo dispuesto en la Constitución. Ahora, ante la esperable oposición de los afectados, la reacción fue anunciar que presentará una reforma constitucional que es inviable por la falta de mayoría calificada de sus aliados en el Senado.
A los empresarios directa e indirectamente relacionados con la industria energética que deberán decidir si cancelan los proyectos de infraestructura en operación y/o en proceso de construcción y asumir las pérdidas correspondientes o combatirlas en juicio.
Al empresariado mexicano que deberá replantear su relación con el poder político, ya que pasó a ocupar el último lugar en importancia como actor social y el gobierno de la llamada 4T sólo los convoca a Palacio Nacional para que legitimen sus decisiones ya tomadas en las que la influencia de los hombres del dinero es nula.
A los jueces que sufrirán la descalificación gubernamental, si cumplen con su función esencial que es revisar la constitucionalidad de los actos de la autoridad legislativa o ejecutiva.
A la sociedad en su conjunto ya que el ataque mediático al Poder Judicial es impropio en un régimen democrático y esto es un síntoma de que el Poder Ejecutivo pretende llevar a cabo su proyecto mayoritario sin tomar en cuenta a las minorías electorales -incluso despreciándolas-. El sometimiento de los otros poderes con base en la popularidad presidencial, que históricamente ha demostrado que es efímera, destruye a las instituciones.
A los colegios y gremios de abogados que tienen como misión y vocación la defensa del Estado de derecho y, por lo tanto, deben exigir la existencia de jueces imparciales, no sometidos al gobierno, que resuelvan, con base en la supremacía constitucional, los conflictos de los particulares con la autoridad. No deben quedarse callados, ya que en condiciones de acoso a los jueces, la confianza en las instituciones jurídicas se debilita y surge el coyotaje que “arregla” las inconveniencias de la acción gubernamental en lo oscurito a cambio de dinero o favores políticos.
Al presidente de la SCJN, cuya alianza con el gobierno, que se hizo evidente con la resolución sobre la consulta popular confeccionada al gusto de la 4T y alineada a los intereses electorales de Morena, está en riesgo si deja de atender los reclamos de las mañaneras contra los jueces. Además, debe decidir entre defender frontalmente al Poder Judicial o limitarse a emitir comunicaciones en redes sociales o capotear las quejas del presidente.
El cambio legislativo del modelo energético nacional va a sacar canas verdes a los usuarios del servicio público de electricidad. En el mediano plazo, es previsible que la falta de competencia en la generación presione los costos al alza, que deberán ser cubiertos directamente con un aumento de tarifas o indirectamente vía subsidios presupuestales.
El camino del conflicto judicial apenas comienza. Será largo y desgastante para las partes y la estrategia del gobierno será acusar injustificadamente de colusión con los intereses más oscuros del conservadurismo político a los jueces que concedan los derechos procesales mínimos para una defensa efectiva, como lo es la suspensión provisional en el juicio de amparo. El objetivo es evidente: minar su independencia. El señalamiento innecesario al ministro en retiro José Ramón Cossío es una muestra de las dimensiones de la ofensiva para someter a los poderes judiciales y a cualquiera que cuestione la contrarreforma energética.
El mayor enojo social, las canas verdes más intensas les saldrán a los ciudadanos si los jueces se intimidan y dejan de cumplir con su función primordial que es anteponer la Constitución a cualquier proyecto político por mayoritario que éste sea. La renuncia de la independencia judicial es la ruta a la tiranía de la mayoría que es la antesala de los gobiernos personalistas y autócratas.
El presidente comete un exceso con sus declaraciones, porque cuando los jueces protegen a las personas de las actuaciones inconstitucionales del poder no se ponen al servicio de los particulares, sino que persiguen el interés público consistente en que haya acceso efectivo a la justicia y garantizan el respeto a los derechos fundamentales que es la esencia de su función.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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