El 22 de agosto presenté en la Universidad Anáhuac México el libro “Las Adquisiciones en el Estado Mexicano” con la participación del Director de la Facultad de Derecho, Doctor Ricardo Sodi, la Contralora del Poder Judicial de la Federación, Maestra Areli Gómez González, el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl y el Maestro Alejandro Manuel González García, ex secretario jurídico de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tema es de actualidad y se enmarca en la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la función Pública (SFP) para evitar que los servidores públicos tengan contacto directo con los posibles contratistas y la estrategia de consolidación de las compras gubernamentales impulsada por el gobierno de la llamada 4T, que todavía se encuentra en proceso en muchas de los bienes y servicios de la administración pública federal (https://www.gob.mx/sfp, 21-08-19)
Este convenio era necesario en la medida que, a partir de la reforma del 30 de noviembre de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SHCP asumió la facultad normativa de las contrataciones públicas y la responsabilidad de la administración del COMPRANET, que antes correspondían a la SFP, quien conserva la tarea de coordinar las tareas del control interno en el Ejecutivo Federal. La función de supervisión de la materia se dividió entre las dos dependencias globalizadoras, que son aquellas que participan en todas las entidades que integran la administración paraestatal.
El tema es relevante ya que las compras gubernamentales corresponden entre el 30% y 40% de los gastos del gobierno, lo equivalente del 7% al 10% del PIB (Las Adquisiciones en el Estado Mexicano) y constituye una de las áreas de mayor riesgo de corrupción y desviación de recursos. Lo primero que debe hacerse para prevenir la actuación fuera de la legalidad es la difusión clara y concisa del contenido de la normatividad que regula esta materia. Luego, debe haber un proceso de certificación de los responsables directos e indirectos, de tal forma que haya seguridad de que la conocen y, por tanto, la aplican correctamente.
El libro mencionado tiene tres aspectos relevantes: el primero es una parte analítica-jurídica y administrativa del estado de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público a través de la revisión de las conceptos fundamentales en la ley correspondiente y de la visión panorámica de lo que se avanzó en los últimos 12 años en la materia, el segundo es una descripción de la evolución histórica de la normatividad de la contratación pública y el tercero es la forma de regular las adquisiciones en órganos constitucionales autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Esto demuestra que la preocupación social y gubernamental por racionalizar, profesionalizar, hacer más objetivos, eficientes y eficaces los procedimientos de planeación, selección de proveedor o prestador del servicio, suscripción del contrato y ejecución del mismo han sido constante y fructífera en los últimos 37 años desde la reforma constitucional vinculada con la renovación moral de 1982, que incluyó una regulación más precisa de la contratación pública y la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que es el antecedente de la SFP.
Todavía el discurso del nuevo gobierno es propio de un adolescente y espero que el ejercicio de la administración lo modifique con el tiempo. Los arranques de pubertad que culpan al pasado como fuente de lo malo y que condiciona negativamente el presente se deben hacer menos frecuentes y más prudentes.
La tentación de no actuar correctamente afecta por igual a las personas. Unos caen en ella y desvían recursos en su provecho y la convicción por la 4T o por cualquier otra ideología, lamentablemente, no modifica esta parte oscura de la naturaleza humana. En ocasiones, el defecto proviene de la ignorancia o la soberbia, que suelen confundirse o conjuntarse, y con ello se afecta el manejo honesto y transparente de los recursos presupuestales.
El libro confirma que el único camino es el fortalecimiento de las instituciones y su profesionalización con base en parámetros de actuación cada día más complejos. Esta situación deriva de la intensidad y velocidad del desarrollo tecnológico, la creciente demanda de mayor calidad y mejor oportunidad en la acción del gobierno, como sucede con la distribución de vacunas o libros de texto gratuito, así como la diversificación de los mercados, la limitación de la oferta de bienes y servicios y la multiplicación de los factores de riesgo.
La normatividad de la contratación pública es complicada. La simplificación de la misma sólo conduce a una mayor discrecionalidad del servidor público y el consecuente aumento del riesgo de corromperse. De ahí que la obra presentada y la firma de convenio sean útiles en su propia dimensión para contribuir a que la probabilidad de desvió de recursos disminuya.
Pongámonos bíblicos y en sintonía con la moda del sexenio. Los fariseos, sepulcros blanqueados que se dan de golpes de pecho y predican su honestidad a todo pulmón, pueden ocultar con intensión o sin ella enormes actos de corrupción. Lo mejor es apostarle al estudio, el trabajo y la coordinación de acciones en la materia de contratación pública para prevenir la corrupción.
Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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