una red de actores involucrados en la gobernanza, que incluye entidades gubernamentales y no gubernamentales, tengan interconectividad de plataformas digitales que permita la disposición en tiempo real de datos abiertos para las organizaciones públicas y para la sociedad.
Esta propuesta que forma parte del modelo de gobierno abierto -participación ciudadana, empleo intensivo de las tecnologías de la información y transparencia- es alcanzable sólo como consecuencia de los procesos de modernización de las organizaciones.
La medición de la realidad es el punto de partida de cualquier transformación. ¿Dónde estamos?, ¿a dónde pretendemos llegar? Estas son las primeras de interrogantes que deben responderse previo a una acción pública y el rumbo que se determine debe utilizar bases de datos fidedignas compartidas por los involucrados y la población objetivo para que se pueda llevar a cabo una evaluación efectiva.
La modernización es la adopción de técnicas propias de la producción capitalista que permiten estimar situaciones futuras y, por lo tanto, calcular los posibles resultados de una actividad en una organización para potencializar sus resultados. La modernización es un modelo de administración que planea, organiza, dirige, controla y evalúa en un ciclo permanente de mejora continua.
Las entidades públicas federales, estatales y municipales llevan a cabo procesos de modernización desde los años ochenta como reacción al populismo autoritario basado en el voluntarismo político puro -lo que importa es lo que quiero, no lo que se puede- que transformaron la gestión pública y aumentaron significativamente el impacto de la acción pública en la sociedad.
El establecimiento de sistemas de información institucionales fue la base de estos procesos y la construcción fue lenta, pero constante. En algunos casos, como en el INEGI y el Banco de México, fue la intensificación de un trabajo iniciado en los setenta con apoyo en la autonomía constitucional concedida y en otros consistió en una transformación profunda de la forma de estructurarse, la determinación de procedimientos formales y la desconcentración o descentralización de la administración, que permitió generar bases de datos mínimos para una operación homogénea y eficiente.
El régimen autoritario creaba sus propias cifras, sin respaldo técnico, ni registro sistemático de la acción del gobierno, y la inconsistencia de las mismas era el motivo principal para que ocultara los resultados del quehacer público con el argumento de la seguridad nacional o la razón de Estado. No podía ser transparente porque la información era inexistente y, en el mejor de los mundos, inconsistente.
La transparencia, si bien es parte de la alternancia en el poder y el reclamo de una vida más democrática producto del debate crítico abierto, es factible debido a que las entidades públicas por convicción u obligadas por las presiones ciudadanas o la exigencia de resultados tangibles no demagógicos llevaron a cabo procesos de modernización, cuyo primer beneficio fue la
disponibilidad de información suficiente para diagnosticar con precisión la realidad institucional y su circunstancia.
La modernización administrativa del sector público tiene innumerables manifestaciones: la ampliación de la regulación en materia presupuestal, evaluación, adquisiciones, obra pública, responsabilidades, contabilidad gubernamental, fiscalización, rendición de cuentas, austeridad en el uso de los recursos, entre otras, a las entidades públicas no gubernamentales; la implantación de políticas públicas de mejora regulatoria, combate a la corrupción, armonización contable, evaluación del desempeño y racionalidad administrativa y presupuestal; la reestructura de la legislación energética, de telecomunicaciones, protección al medio ambiente, portuaria, aduanera, de aguas nacionales, agrícola, de administración y procuración de justicia; la descentralización de la vida nacional en salud, educación, cultura, deporte, asentamientos humanos, desarrollo urbano, entre otros.
Un eje fundamental de la modernización ha sido el impulso a la transparencia. Una condición indispensable para la transparencia es la modernización de las entidades públicas. La relación es de mutua dependencia. Una necesariamente conduce a la otra. En donde hay carencias en el diagnóstico y la evaluación no hay transparencia y cuando no hay información compartida útil no hay modernización.
El binomio transparencia-modernización genera círculos virtuosos o viciosos. Los primeros conducen a una gestión pública abierta más eficiente, eficaz y honesta. Los segundos al autoritarismo de las cifras demagógicas y la acción clientelar del Estado.
De ahí que un principio básico de la mejora continua y la calidad en la gestión organizacional -medir y documentar todas las actividades- sea una de las principales obligaciones de la transparencia y la inexistencia de información pública donde debiera existir es causa de responsabilidad administrativa.
La interconexión de las bases de datos de información pública mediante plataformas digitales es un supuesto de la transparencia y un instrumento modernizador. La confiablidad de la información en las plataformas depende de que el acopio, registro y sistematización sean homogéneos, lo que se logra con entidades públicas gubernamentales y no gubernamentales bien organizadas y eficientes. Una auténtica relación simbiótica.
Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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