El 22 y 23 de agosto de 2019 se llevó a cabo el Seminario “Justicia Constitucional y Parlamento Abierto” en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la participación de expertos, académicos, servidores públicos, legisladores y magistrados.
El denominador común de las intervenciones fue destacar los avances y los rezagos en materia de transparencia en los Poderes Judicial y Legislativo. Todos coincidieron en la necesidad de profundizar en la apertura de la información pública a la sociedad y los ciudadanos como un medio para mejorar el debate político, fortalecer la democracia y mejorar la rendición de cuentas.
¿Hay políticas públicas o prácticas administrativas, legislativas o judiciales que son por sí mismas una acción de transparencia? La respuesta afirmativa implica que la opacidad es un elemento que limita la modernización de las organizaciones entendida ésta como la potencialidad de cambio permanente calculado para obtener, con base en el desarrollo tecnológico, los mejores resultados en términos a un fin previsto.
En ese sentido, existen organizaciones que, con anterioridad a la reforma constitucional de la transparencia y acceso a la información pública, han impulsado políticas públicas que permiten a la sociedad y a las personas conocer en forma oportuna las acciones estatales que los benefician o los perjudican.
Por ejemplo, un proceso con efectos colaterales a favor de la transparencia fue la sustitución de los seguros sociales previsionales de reservas colectivas a cuentas individuales. La reforma del IMSS (1995) y del ISSSTE (2007) abrió a escrutinio de los trabajadores el monto de su ahorro, los intereses que generaba y las comisiones por su administración, que contrasta con el sistema anterior que sólo hacía público el monto de las reservas anualmente.
La transparencia tiene impactos socialmente más trascendentes en la medida que la misma produce efectos en la esfera directa de los derechos de las personas. El argumento de que la apertura de la información a disposición de los sujetos obligados en la materia mejora el debate democrático permea en vanguardias sociales o en grupos especialmente activos y relacionados con la integración y el ejercicio del poder.
De ahí que los sujetos obligados cumplan con las expectativas de la sociedad en materia de transparencia cuando son proactivos y establecen procedimientos que permiten conocer con oportunidad a las personas que interactúan con ellos y la información que eventualmente puede afectar el ejercicio de sus derechos o facilitar su goce.
Las cuentas individuales en la seguridad social, el COMPRANET, las plataformas digitales de servicios públicos o trámites, la publicación de las sentencias, así como tesis y criterios jurisprudenciales sistematizados, el levantamiento de censos, la medición de la inflación, la pobreza y otros fenómenos económicos que inciden en la vida colectiva y la divulgación de sus resultados son políticas públicas de transparencia por su propia naturaleza.
En la medida que la generación, manejo, guarda y custodia de la información pública (debidamente documentada) se vincule a la función del sujeto obligado se logrará un mayor reconocimiento a la importancia de la transparencia y la conveniencia de que sea regida por un órgano autónomo, técnico y no politizado.
El Poder Judicial de la Federación -en contraste con su pasado y con algunos tribunales locales- en parte por el desarrollo de las tecnologías de la información para su operación y el recurso disponible, ha integrado los procedimientos jurisdiccionales a plataformas digitales que ha permitido poner a disposición un gran cúmulo de sentencias para la revisión de los justiciables y académicos. Esto favorece a que se conozca con los sentidos de los fallos de los jueces y revise su congruencia y consistencia para evitar desviaciones indebidas. Este es el principal beneficio de la transparencia como control del juez. Mismo caso, igual razonamiento, salvo que haya una justificación convincente del abandono o cambio de criterio.
El Poder Legislativo debe ser una caja de cristal en la que se conozcan con precisión los posicionamientos de los partidos políticos, sus justificaciones y, en su caso, sus alianzas que expliquen el sentido de un voto. La propuesta de parlamento abierto va más allá y pretenden el enriquecimiento del debate con las posiciones de los grupos o personas interesadas o estudiosas de las materias que se procesan en su seno.
La transparencia no evita absolutamente el comportamiento arbitrario o prepotente, ni la sentencia venal o injusta, pero disminuye su ocurrencia y es más efectiva cuando es parte esencial en los procesos sustantivos. Un expediente en papel es menos accesible que uno digital, una sesión legislativa cerrada es menos rica que una abierta. Mover a los poderes hacia una mayor transparencia es llevar a México hacia una sociedad más democrática, más justa y más moderna.
Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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