La transformación del Estado de derecho y del Estado popular

En el XXI Congreso del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA), celebrado en Mérida, Yucatán el 5, 6 y 7 de octubre, Juan Carlos Cassagne , insigne profesor argentino, explicó el silenciamiento del Estado de derecho por la voluntad política que se agrava en épocas de emergencia como la que hemos vivido con la pandemia mundial que es una falsa transformación del mismo. El regreso al Estado popular no es la superación conveniente del Estado de derecho.

En nuestro país, como en el resto de Latinoamérica , hay una asignatura pendiente que afecta profundamente la consecución de los fines planteados por las mayorías políticas que es la conexión de la normatividad y el discurso político que se emite con bombo y platillo con la gestión pública efectiva. Esto es un fenómeno de déficit institucional extendido que producto de la falta de planeación y el imperio de la ocurrencia para guiar la acción gubernamental y, por lo tanto, fijar la agenda de la oposición.

Una rápida revisión de la agenda legislativa -acaparada por las preocupaciones del poder ejecutivo y la lucha por la sucesión presidencial adelantada- muestra que las propuestas para la superación de los problemas identificados no corresponden a una estrategia racional, ni previsiblemente efectiva. Hay un discurso que no corresponde a la realidad y que no soporta la más mínima crítica con relación a su consistencia y pertinencia.

En Grupo Fórmula , en los promocionales seguramente pagados de alguna manera por el gobierno federal, en días recientes consideró que México se transformaba en razón a que la salud del presidente es buena, según informó López Obrador en una mañanera. Es indudable que la buena salud del presidente es deseable, pero ésta por sí misma no tiene ningún efecto directo en el desempeño económico del país, ni en su tranquilidad política.

La falsa transformación del Estado es aquella que se relaciona con acciones gubernamentales insustanciales como los discursos entusiastas o la firma de convenios o acuerdos que se divulgan en los promocionales referidos y que son esfuerzos aislados de comunicación social, sin que haya una gestión pública que la sustente. Todo esto resulta insuficiente para que haya resultados que contribuyan al bienestar social.

Esta estrategia ha sido recurrente en los gobiernos, no sólo los actuales, y en la propaganda de los órganos legislativos y consiste en atribuirle efectos mágicos a la promulgación de las leyes como si este hecho formal fuera suficiente para modificar las estructuras económicas y sociales que condicionan la intervención estatal, así como la competitividad del mercado.

El otorgamiento de fuerza de ley a los deseos compartidos de un mayor y más incluyente bienestar es una mera garantía formal que cae en el olvido cuando no corresponde a un desarrollo institucional real. Los ejemplos abundan y cada vez que no sucede lo que se proyecta como ideal en un promocional radiofónico genera desilusión y una sensación de que el fracaso es producto de la corrupción y no de la falta de los recursos disponibles para obtener lo prometido: la salud universal y gratuita, la seguridad pública que garantice la tranquilidad social o la educación de calidad extendida a todos los jóvenes, entre otros.

En la década de los setenta y ochenta, los resultados de la gestión pública como la forma de legitimación de los estados estaban ausentes en el discurso gubernamental. La evidencia de que las administraciones públicas eran insuficientes para la atención directa de las necesidades sociales provocó que hubiera una exigencia social para que más allá de la narrativa (ideología o arreglo institucional) las entidades públicas efectivamente contribuyeran al bienestar y suplieran con más eficiencia las fallas del mercado y disminuyeran las del gobierno.

El Estado de derecho, en los últimos treinta años, se enriqueció en un proceso de transformación en Estado democrático de derecho (constitución española) y Estado regulador y garante (jurisprudencia mexicana), que, según Cassagne, es una expresión del principio de subsidiariedad y que en nuestro país se potencializó con la rectoría del Estado combinado con el mandato de la promoción de la competitividad y la productividad.

El retorno al formalismo del Estado de derecho (modelo liberal) o al voluntarismo político del Estado popular (modelo del socialismo real) sólo augura el fracaso. La transformación del Estado que exigen las sociedades pluralistas e incluyentes que pretenden un desarrollo sostenible es de mayor calado que parte de la idea que una gestión pública eficiente y suficiente con una corresponsabilidad de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en la resolución de problemas sociales identificados es el camino ineludible para la legitimación del poder político.

La gestión pública de un Estado transformado se basa en un nuevo derecho administrativo que hemos ido construyendo colectivamente y esa es la importancia de que haya reuniones en las que se compartan experiencias y propuestas de solución a situaciones jurídicas inéditas que muestren que el voluntarismo político es una falsa transformación de las estructuras que han perpetuado la desigualdad social.

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