Parece una auténtica comedia de equivocaciones, pero no lo es. Un día el Presidente López Obrador define privatizar de una manera, según él, sencilla y recurre a la claridad tautológica: “Privatizar: transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. La definición la obtuvo del diccionario de la Real Academia Española y procedió a su ataque recurrente a los procesos de privatización de los últimos años para justificar el regreso de las decisiones a los órganos estatales, que es evidente en la materia energética (El Norte, 20-05-20).
En ese tenor, en una estrategia diseñada para desprestigiar a la intervención de los particulares en la gestión de lo público, en la mañanera del martes 18 de agosto, se le ocurrió exhibir los efectos nocivos de la privatización “A ver, un delincuente de una banda debe ser castigado, pero al que otorga un contrato para que una empresa maneje el Puerto de Veracruz 100 años, ¿qué?, ¿cómo se le llama a eso? O sea, un bien público que se entrega por 100 años. Me acabo de enterar (…) hay que buscar que se revoque ese contrato para el manejo del puerto, todo” y exhibió el documento en el que se prorroga la concesión a la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V hasta el año 2094 (https://lopezobrador.org.mx/).
¿Realmente que es privatizar? Para el Presidente, como lo ha manifestado hasta el cansancio, lo privado es todo lo que no sea gobierno, lo que él no controla. También se acercan a lo privado las autonomías constitucionales que para él son perversas, porque sólo se concedieron para engañar al pueblo y simular. Lo correcto es que todo lo que es importante para la colectividad debe estar bajo el control del gobierno y, en la medida de lo posible, centralizado en el Presidente o su grupo cercano.
Esta obsesión por estatizar y desaparecer o limitar la autonomía de las entidades públicas no gubernamentales, como los Poderes legislativo y judicial y los órganos constitucionales autónomos, lo conduce a cometer enormes equivocaciones que muestran su gran desconocimiento del funcionamiento y estructura de la Administración Pública Federal (APF) bajo su mando.
Las entidades de la AFP se clasifican en tres tipos: organismos públicos, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, según lo dispuestos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976). La Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V (conocida como APIs) forma parte de la administración pública paraestatal y es una sociedad mercantil -con fines de lucro- regulada por el derecho privado en su constitución, integración y funcionamiento y sometida a un orden público que deriva de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (1986) y considerada como un ente público con fines comerciales para efectos de planeación y evaluación.
Es una figura híbrida, es decir, público/privado (Valls y Matute, Nuevo Derecho Administrativo, 2003, primera edición). Desde 1934, Gabino Fraga señala que la diferencia entre lo público y lo privado es ideológica y que objetivamente no existe.
A los únicos que les interesa distinguir entre lo público y lo privado es a los liberales o a los estatistas. Los primeros bajo la perspectiva de que el gobierno es un mal necesario y los segundos por sus afanes autoritarios. En la realidad jurídica las técnicas del derecho público se combinan con las del derecho privado. En ese sentido, las APIs son empresas públicas que se dedican a las actividades prioritarias y, por lo tanto, están incluidas en la relación de entidades que publica anualmente la SHCP. La más reciente se publicó en el D.O.F el 15 de agosto de 2020.
Otra forma de combinar lo público y lo privado es la concesión, que es una forma de intervención estatal en actividades prestacionales que permite que una persona jurídica distinta al gobierno gestione directamente un servicio público. La concesión se puede otorgar a una persona pública, como las empresas de participación estatal o a un particular. Esto se hace por conveniencia administrativa para evitar la saturación de las estructuras centralizadas al gobierno y rendir más y mejores resultados a la sociedad.
En este sentido, es lícito, lógico, adecuado, legítimo, eficiente y un largo etcétera de adjetivos positivos que una empresa pública sea concesionaria del gobierno federal y procede la prórroga de dicha concesión. No es una simulación privatizadora, que fue la frase con la que el Presidente pretendió corregir su error. Hago notar que se mantiene en el discurso ideológico, en el que identifica a lo privado con lo malo y lo público-gubernamental como lo bueno.
Tampoco estamos ante una comedia de equivocaciones. La intención es más evidente cada día. Vivimos una auténtica simulación para estatizar, en la que el gobierno posiblemente obtenga mayor control, pero seguramente será más lenta y costosa la operación. Lo cierto es que las APIs son públicas y un engranaje más de la comunidad portuaria que incluye autoridades civiles y militares, portuarias y hacendarias, así como concesionarias públicas y privadas. Vale.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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