El IMSS presentó su informe anual 2020-2021 en el que se consigna su estado financiero y actuarial. Un dato destacable (p.35) es que el pasivo pensionario creció del 3.9 al 6.1 % del PIB, considerando las reservas, los efectos de la pandemia y la reforma de la Ley del 2020, lo que representará una pesada carga financiera a 30 años en el 2052 para las generaciones jóvenes, los llamados millennials y centennials, y esto es una muestra de que la reforma de la seguridad social del 2020 tiene una visión de corto plazo. Los beneficios son financiables para el grupo poblacional que actualmente tiene 50 años o más (http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20202021/22-InformeCompleto.pdf).
El Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, durante la inauguración de la semana de seguridad social organizada por ese órgano legislativo, afirmó que el problema pensionario no estaba resuelto y que la reforma del 2020 sólo era el inicio de un proceso más profundo “porque cada gobierno venía pateando el bote y no resolvían este asunto” (El Universal, 27-4-21).
Las cifras y el discurso coinciden. El gobierno de la 4T sólo pateó el bote. El aumento de los montos pensionarios que establece el artículo 170 reformado de la Ley del Seguro Social y la disminución inicial de semanas de cotización a 750 para obtener una pensión de retiro, cesantía en edad y vejez, que se incrementarán gradualmente a 1000, es un paliativo para quienes no tienen una densidad de aportaciones a la seguridad social suficientes para obtener una pensión mínima garantizada o padecieron la subdeclaración de las cuotas obrero patronales, por evasión (IMSS) o por disposición de Ley (ISSSTE).
La estrategia de aumentar beneficios es socialmente atractiva y necesaria en un país con grandes rezagos sociales que se reflejan en la pobreza acentuada en los niños y los adultos mayores, pero para ser auténtica debe tener una fuente de financiamiento cierta, evitar duplicidades y subsidios cruzados, que son aquellos que favorecen a grupos poblacionales de medios y altos ingresos.
Desde hace años, por ejemplo, una iniciativa del 2006 del PRD, la propuesta de universalización de las pensiones ha sido recurrente. En esa tónica se han manifestado la mayoría de los partidos políticos incluso se reformó la Constitución para que el derecho a un ingreso a los adultos mayores estuviera garantizado formalmente. El problema es determinar una fuente de recursos estable que no implique sobrecargar las finanzas públicas del futuro que, aunque no se nota en el corto plazo, afecten gravemente a las generaciones jóvenes.
El Universal (26-07-21) informó de lo expresado en el foro “Reforma al Sistema Universal de Pensiones”, organizado por el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados. En este espacio de reflexión que convocó a expertos y políticos, Héctor Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, propuso “revisar el tope máximo de pensiones del sector público no fondeadas y establecer un sistema nacional de pensiones” y apuntó que seguir aplazando una reforma de largo plazo pudiera “matar fiscalmente a una generación”. Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias recalcó que otro de los problemas era “la fragmentación, cobertura y desigualdad, por lo que llamó a generar ingresos recurrentes para financiar este tipo de gasto”.
En el sentido señalado, más beneficios para mitigar desigualdad social, financiamiento cierto e integralidad, nos hemos pronunciado quienes desde hace años nos dedicamos al estudio de la realidad de la seguridad social y también coincidimos con el Senador Monreal que la estrategia más socorrida por los gobiernos de los últimos 20 años ha sido patear el bote.
Las múltiples aristas de este tema las he abordado en mis artículos de El Universal y La Crónica de Hoy, así como en el libro “Las crisis no superadas de la seguridad social”, que está en las prensas de la editorial Burgoa Editores. El foro organizado por la Cámara de Diputados es oportuno. Es el momento de empezar a debatir y diseñar un modelo más amplio e inclusivo, integral y fiscalmente sano para continuar con los pasos urgentes que se dieron, que no son suficientes, y hacer efectivo el derecho humano a una pensión digna.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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