El pasado 15 de septiembre, el Presidente de la República pidió al Senado, en los términos del artículo 35 constitucional, que aprobara una consulta pública para fincar responsabilidades a los cinco expresidentes que gobernaron de 1988 a 2018.
La pregunta de la consulta planteada, sintéticamente, consiste en que el pueblo decida si debe o no aplicarse la ley. Este tipo de ejercicios de movilización política son propios de regímenes autoritarios en los que el orden jurídico pierde trascendencia frente al poder arbitrario ejercido en nombre del pueblo, la raza o una clase. Una consulta que pone en un segundo plano a la ley es un instrumento de venganza.
Los delitos que imputó el presidente López Obrador a sus antecesores son preponderantemente de índole ideológico/electoral: a Salinas lo acusa de ser neoliberal; a Zedillo le reclama que actuó rápidamente para resolver una profunda crisis económica con el rescate bancario; a Fox le imputa que intervino en la política electoral; a Calderón lo condena porque le ganó la presidencia por un escaso margen y a Peña Nieto lo culpa de financiamiento ilícito de su campaña. Los señalamientos son jurídicamente vagos.
El régimen de responsabilidades en un Estado de derecho consiste en que el cumplimiento de la ley no está sujeto a ninguna voluntad política. Los servidores públicos cuando conocen de un ilícito deben denunciarlo y los encargados de investigar y sancionar faltas administrativas o los titulares de los órganos de procuración de justicia deben actuar en consecuencia. No es legítimo esperar el mandato del pueblo expreso y concreto para actuar.
El servidor público en una democracia debe someterse a una norma previa en dos sentidos: No puede hacer más de lo que la norma establece, pero tampoco puede dejar de hacer lo que esta dispone. Por ello, el artículo 108 constitucional establece que un servidor público puede incurrir en responsabilidad administrativa o penal cuando se actúa fuera de competencia o se omite llevar a cabo lo debido.
En esta óptica, la consulta popular es una renuncia sancionable a un deber jurídico. Es una confesión del Presidente de la República y la administración pública que dirige de que no ha cumplido con su trabajo, que debe empezar por verificar el pasado inmediato y si hubiera detectado conductas indebidas, debió haberlas sancionado a través de la Secretaría de la Función Pública o denunciado a la Fiscalía General de la República.
En México, el pueblo se expresa por sus representantes electos y quienes integran el gobierno sólo son la expresión mayoritaria de los ciudadanos en un momento histórico determinado. Nadie encarna, ni es el vocero del pueblo. Todos están sujetos a un régimen de responsabilidades que implica la obligación de rendir cuentas y someterse al orden jurídico previo.
Estas son obligaciones que establecen límites a la mayoría política para que con su poder de decisión no destruyan el principio democrático básico, que es la posibilidad real de que haya alternancia periódica en el poder y para ello deben respetar los derechos políticos de las minorías. El primer elemento para prevenir que una democracia se convierta en un autoritarismo consiste en que los funcionarios electos deben someterse a las leyes y a un régimen de responsabilidades.
Por lo tanto, un servidor público, aunque haya sido electo por una mayoría abrumadora, debe acatar las normas que regulan al cargo que asumió. La consulta popular planteada es un signo inequívoco que hay una violación a este principio. Además, queda en evidencia que un pensamiento distinto al gobierno o la promoción de un proyecto nación diferente al mayoritario se convierte, en términos del discurso presidencial, en una falta o delito que debe ser perseguido.
El “pecado” en el que incurrieron los expresidentes, según se desprende de la justificación de la petición de la consulta popular presentada al Senado, fue no compartir el proyecto político de López Obrador y haberlo derrotarlo en las urnas en dos ocasiones.
Si alguien cometió una falta administrativa o un delito debe ser perseguido conforme al régimen de responsabilidades vigente que no requiere de ninguna consulta popular para ser efectivo. La aplicación de la ley debe ser espontánea. Quien traicione la confianza que se le deposita, desvíe recursos o abuse de su poder debe ser investigado y perseguido para ser sancionado sin importar la investidura o cargo público que haya ocupado.
El uso de la consulta popular como instrumento de persecución política degrada la vida institucional y pone en riesgo la democracia. Los que ahora promueven el linchamiento no deben olvidar que avalar esta práctica los convierte en los futuros candidatos al patíbulo popular. Ningún servidor público debe estar sometido a esta forma arbitraria de administrar justicia, ni los de antes, ni los de hoy, ni los que vayan a ser. El régimen de responsabilidades debe imperar sobre cualquier tipo de movilización social o deseo político.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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