El pasado 20 de febrero, el Instituto Regional de Administración de Lyon (IRA) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un convenio para contribuir al desarrollo de una función pública de carrera en México con énfasis especial en la capacitación de servidores públicos en aspectos normativos relacionados con la profesionalización, la ética, la prevención de conflictos de interés, la transparencia, la rendición de cuentas y las políticas de igualad de género en el ingreso y acceso profesional al servicio público (Embajada de Francia en México, boletín del 25-02-20).
Este compromiso facilitará a que servidores públicos mexicanos se puedan inscribir en cualquiera de las 2 promociones de 80 estudiantes que cada año ofrece el IRA o en alguna de las más de 200 prácticas de capacitación continua. Tal vez una decena, cuando mucho un centenar.
Esta cooperación internacional es conveniente, pero no sustituye a la red de profesionalización del servicio público existente en México integrada por entidades públicas como son los institutos nacional y estatales de administración pública, las instituciones de educación superior, públicas y privadas, y las empresas o despachos de consultores que ofrecen servicios de capacitación al sector público.
En la página de Compranet se registran alrededor de 260 proveedores de la APF, públicos y privados, de este tipo de servicios entre los años 2010 y 2018. En el 2019, se registró que se impartieron 1,636 cursos. No son listas depuradas, solo es una muestra de que la demanda de programas de educación continua es altísima.
La satisfacción con calidad de dicha demanda es necesaria para elevar los niveles de eficiencia y eficacia del gobierno federal, mejorar la prestación de servicios públicos e igualar las oportunidad de las personas a partir del mérito para ingresas, desarrollarse y permanecer en una entidad pública.
La red nacional de institutos de administración pública, coordinada por el INAP, imparte doctorados, maestrías, cursos de posgrado, licenciaturas, diplomados y talleres de educación continua orientados a fortalecer los servicios profesionales de carrera a nivel federal, estatal y municipal en lo relativo al reclutamiento competitivo, la promoción con base en el desempeño, así como la capacitación y certificación de conocimientos y habilidades profesionales.
Además, en los últimos años, se ha desarrollado una comunicación estrecha entre las Universidades, Centros e Institutos estatales que enseñan e investigan la administración pública y disciplinas afines, así como a lo que Valls-Matute, en Nuevo Derecho Administrativo, hemos denominado sector público ampliado.
Desde hace años hay un renacimiento de esta disciplina académica impulsada por una generación joven de profesores. Esto se manifiesta en la próxima celebración de la II Reunión Nacional de Administración Pública en Mazatlán, en mayo del 2020.
En el 2017, se celebró, en la Ciudad de México, la conferencia ente el INAP y la Network of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) en la que se revisaron los avances y rezagos en la materia de formación profesional y ética de los servidores público y la prospectivas de elevación de la calidad de la educación en la función pública. Además, el INAP es miembro de redes
internacionales como el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y participa activamente en los congresos del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
La educación continua presencial o en línea de los servidores públicos es extensa y constante y es una de las acciones que crecieron sistemáticamente desde la promulgación el 10 de abril del 2003 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF. Hay que señalar que la profesionalización también se desarrolla en órganos desconcentrados de la APF como el Instituto Matías Romero para el Servicio Exterior Mexicano, el Colegio de la Defensa Nacional o las Academias de policía o a través de centros públicos de investigación como el INACIPE.
La SFP es la dependencia responsable de organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades, emitir las normas para que los recursos humanos. En este sentido, debe fomentar el desarrollo y fortalecimiento de estas redes nacionales en la forma más plural y con libertad de pensamiento que se exige en un Estado constitucional y democrático de derecho.
Por esta obligación, suscribió varios convenios de cooperación para la educación continua. Con la embajada francesa, la UNAM y el INAI (2019) y con el IRA y la CNDH (2020), pero hoy debiera haber cumplido con la meta de haber capacitado al 25% del total los servidores públicos conforme al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora a la Gestión Pública.
Estas acciones son evidentemente insuficientes, lo que se reflejará en el reporte de avance que debe rendirse en marzo. Es urgente impulsar el trabajo de la red nacional de instituciones especializadas en el estudio, enseñanza e investigación de la administración pública que existe, so pena de no cumplir con el mencionado programa. Vale.
