Uno de los objetivos prioritarios del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 es promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal (APF).
Este objetivo sólo aplica a la APF definida en términos tradicionales, es decir, como aquel aparato subordinado directa e indirectamente al Ejecutivo Federal para la realización de las atribuciones que le concede la Constitución. El resto de los órganos que gozan autonomía de la Constitución, los poderes legislativo y judicial, así como las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE) y las instituciones de educación superior con autonomía deben establecer sus propios programas de profesionalización a través de las instancias de coordinación existentes como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La dependencia responsable de llevar a cabo en la APF tradicional las cinco estrategias prioritarias relacionadas con el objetivo de profesionalización es la Secretaría de la Función Pública (SFP), en su calidad de globalizadora en materias de control y evaluación y representante del Ejecutivo Federal en el comité coordinador del SNA.
Con independencia del énfasis en la ética basada en la recuperación de la confianza ciudadana que el gobierno actual impulsa en sus programas de trabajo a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés instaurados en las entidades y dependencias de la APF hace más de quince años, es indispensable dotar de los conocimientos y reforzar las habilidades con las que cuenta el personal del servicio público.
Esta tarea es titánica porque abarca un amplísimo universo de personas relacionadas con la gestión pública, no sólo con la APF, ni limitada a las entidades públicas, sino también hay que incluir a los particulares relacionados con éstas. Además, la profesionalización demanda crear sistemas de competencias estables (Martínez Puon, Revista Nacional de Administración, 2016), congruentes en todas sus etapas y coordinados para lograr la mejora efectiva en los procesos de consecución del interés colectivo.
La SFP, en el programa mencionado, estableció los indicadores para medir el avance y cumplimiento de los objetivos. En ese sentido, la profesionalización la pretende medir con la verificación “del cumplimiento de las acciones establecidas para promover la profesionalización meritoria de los recursos humanos, con el objetivo de captar, retener, formar y desarrollar el talento en el servicio público” y para tal efecto crea el índice de profesionalización de la APF.
Hay que señalar que lo que se busca es un “relanzamiento de la política de profesionalización de los servidores públicos a partir de nuevas acciones en la materia, desde un enfoque diferente, ser parte de la base establecida en ejercicios previos para construir a partir de ello, un nuevo paradigma de profesionalización, acorde a las necesidades actuales y prospectivas del servicio público mexicano”.
Esto provoca que en 2019 el indicador sea cero y la pretensión es lograr el 95% en seis años, es decir, la profesionalización con base en una ética orientada el compromiso social del talento humano en cuatro aspectos: promoción y movilidad; formación y desarrollo; evaluación, certificación y renacimiento, así como la alta dirección.
Este objetivo, estrategias e indicadores relacionados deben alinearse mediante la coordinación con el resto de las entidades públicas a través de los informes que rinda del comité coordinador de la SNA para el fortalecimiento institucional y otras instancias de coordinación en la materia de mejora y desarrollos administrativos. La SFP es la instancia del gobierno federal con suficientes recursos para impulsar políticas públicas transversales dentro y fuera de la APF, con respeto a las autonomías correspondientes.
La labor es inmensa y requiere del apoyo de las instituciones académicas disponibles en todo el país. El incremento exponencial de la demanda de talleres, cursos, diplomados y estudios de posgrado presenciales o en línea para la profesionalización del servicio público sería esperable, aunque en 2019 no hubo acciones de la SFP identificables y el compromiso era obtener el 20% del universo, incluso se redujo el presupuesto para la profesionalización significativamente.
En este contexto, se inició el proceso de renovación del Consejo Directivo del INAP 2020-2023 con una planilla integrada por reconocidos académicos y servidores públicos bajo el lema de inclusión e innovación, que está en sintonía con el propósito de aumentar el grado de profesionalización de la gestión pública en su conjunto, más allá del Ejecutivo Federal, pero reconociendo su papel central en los procesos de transformación en el país.
El objetivo de todos es compartido. Lo importante es contar con personas servidoras públicas con más y mejores conocimientos que renueven permanente su compromiso con la ciudadanía y asuman que el principal rezago de nuestro país es la desigualdad social y, por lo tanto, contribuyan activamente a la superación de este problema ancestral. Vale.
