El nombramiento y adscripción de los encargados de las oficinas de representación en los estados por el Consejo Técnico del IMSS, antes denominadas delegaciones, recayó en 35 profesionales de la salud y se hizo con base en un proceso de selección riguroso en el que prevaleció los elementos técnicos.
Max Weber, en su clásico libro de “El Político y el Científico”, distingue entre dos funciones sociales: el primero tiene como misión conducir y convencer, el segundo investigar y explicar. El servidor público debe reunir ambos rasgos.
Para tal efecto, el conocimiento técnico y el comportamiento racional se convierten en uno de los fundamentos del trabajo y organización de la burocracia, que parte de la profesionalización para ser más efectiva y eficiente en las atribuciones que la Constitución, las leyes y gobiernos le asignan.
El servidor público, que es el elemento humano que integra a los aparatos administrativos del Estado en una democracia, es el responsable de que se cumpla la expresión de la voluntad política en las urnas, que permite que la integración de un gobierno cuente con un instrumento profesional para realizar los compromisos de campaña y coadyuvar en el ejercicio de la autoridad, la prestación de servicios públicos y el desarrollo económico.
En ese sentido, el primer objetivo de la gestión eficiente de los recursos humanos en un ente público, gubernamental o no gubernamental, es que estén orientados al cumplimiento de los fines de las organizaciones en las que laboran, tomando en consideración el énfasis que pone los cuadros dirigentes a la labor de gobernar.
Un profesional del servicio público en una democracia debe estar subordinado al proyecto de la mayoría, sin excluir a las expresiones políticas minoritarias ni afectar los derechos humanos de las personas. El compromiso con el interés público es más amplio que las circunstancias específicas.
En un Estado autoritario, el interés público es definido por el líder o el gobierno sin participación real de los poderes legislativo o judicial, los partidos políticos o las organizaciones de la sociedad civil. En cambio, en un Estado democrático con una vida política plural su contenido se determina mediante mecanismos de generación de consenso social o por medio del debate racional abierto y público.
Uno de los logros más relevantes en esta materia fue la expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito en beneficio de la sociedad.
El gobierno 2019-2024 no es ajeno a este propósito e incorpora, por una parte, la participación ciudadana y, por otra, el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la impunidad, la mejora de la gestión pública” y convierte a los servidores públicos de todos los niveles en representantes de la voluntad popular (sic.), que al mismo tiempo están obligados a recurrir a la razón.
En sintonía a los gobiernos anteriores, señala que es necesario superar las inconsistencias y consolidar la operación del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias y órganos desconcentrados. Hay que señalar que ni en la ley de la materia, ni tampoco en el programa mencionado con anterioridad no se hace referencia explícita a los organismos públicos
descentralizados como el IMSS. Eso es lo destacable de instituciones públicas que, desde los ochenta, han desarrollado servicios sin estar obligados por la Ley.
La articulación de una política de desarrollo de capital humano en el sector público es esencial para la profesionalización del mismo a partir de dos ejes: primero, la eficacia y eficiencia y, segundo, la confianza de la ciudadanía en el aparato gubernamental. El último aspecto fue subordinado el primero en los últimos dos sexenios.
En ese tenor de ideas, la recuperación de la confianza de la ciudadanía y en de las instancias públicas gubernamentales es uno de los grandes retos de cara al futuro. Los excesos y desviaciones de los altos mandos del gobierno, en los tres niveles, afectaron la imagen, la legitimidad y la autoestima de los profesionales de la administración pública de carrera y vocación.
Lo sucedido en el IMSS es el reconocimiento de la existencia de un servicio civil de carrera de facto, no incluido explícitamente en la Ley de la materia, ni el programa nacional mencionado, pero que lleva años operando. Esto lo comprendió en su verdadera dimensión el actual Director General, Zoé Robledo, en contraste con los anteriores, incluido el neo morenista Germán Martínez, que veían a los responsables regionales de la seguridad social como espacios de poder. Esto es un ejemplo de fortalecimiento de la profesionalización en una entidad pública que tiene una inercia y tradición que supera los cambios de gobierno.
