Uno de los rezagos estructurales de la economía mexicana es la baja participación de los impuestos en el PIB, que es en promedio, la mitad de lo que representa en los países miembros del OCDE. Esto es importante debido a que sin recaudación no es posible un financiamiento sano de los programas sociales y de la inversión pública como apoyo o complemento de la privada.
La ley de ingresos publicada el pasado 25 de noviembre no cambia la tendencia. Las principales limitantes son los compromisos de campaña, no al aumento de impuestos, y el diagnóstico equivocado de que el combate a la evasión fiscal es suficiente para obtener los recursos suficientes para mitigar la desigualdad social, fomentar el desarrollo económico e implementar políticas anticíclicas que contribuyan a superar el ¿estancamiento o recisión económicas?
Más de lo mismo. Ajustes en tasas a los impuestos relacionados con los productos dañinos para desalentar su consumo -bebidas azucaradas, alcohol y tabaco- que no tienen fines fiscales necesariamente, un esquema de contención del subsidio a los energéticos que beneficia a las clases medias que popularmente se conoce como gasolinazos y el endurecimiento de las reglas para evitar y combatir la evasión fiscal.
Desde el 2000 se ha diferido la reforma fiscal estructural. La recaudación ha aumentado por mejor en la eficiencia de los mecanismos de cobro y verificación del cumplimiento de las obligaciones, especialmente el uso de tecnologías de la información y comunicación, como la facturación electrónica, y la estrategia de regularización del empleo informal, como el régimen de incorporación fiscal (RIF) y la acción coordinada del IMSS y la SHCP para disminuir la evasión de la subcontratación (outsourcing) y subdeclaración. Hubo un aumento de los impuestos del 11% al 16% del PIB en los últimos 18 años y destaca que en el sexenio de Peña Nieto fueron cuatro puntos.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Las cifras de la evasión fiscal son muy elevadas y varían del 1 % al 6.2% del PIB, según la fuente que se consulte, y en el peor de los escenarios representa el 25% presupuesto federal. La diferencia se debe a que el más bajo corresponde a lo que ha identificado el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con base a sus mecanismos de verificación e identificación de empresas “fantasmas” y la más alta a inferencias de estudios de la OCDE o el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (La Crónica, 10-09-19).
Siempre los mismos. La ley de ingresos y la reforma fiscal endurecen las sanciones contra los evasores y los convierten en delincuentes organizados en determinadas situaciones. La queja de las cámaras y asociaciones empresariales se ha registrado en la prensa. No hay una defensa a los evasores. Los primeros ofendidos son quienes pagan oportunamente sus impuestos y se dan cuenta que la mayoría no paga correctamente. Más del 60% es economía informal.
La ley de ingresos 2020 incluye la tributación a las empresas de servicios tecnológicos que es la ampliación de la base gravable de impuestos al consumo, pero no hay un cambio de fondo ya sea para que se impongan contribuciones a las herencias, a la riqueza o al gasto, que es un signo de la misma. La estrategia de recaudación está focalizada en las empresas medianas, pequeñas y micro y en los asalariados y trabajadores independientes, los que siempre pagan. Incluso se aumenta el impuesto al ahorro.
Si suponemos que se abate la evasión al 100% de la que se infiere, es decir, se logra aumentar la recaudación en 6% del PIB, más la suma de la eliminación de las condonaciones de impuestos que representan otro medio punto cuando mucho, entonces, los impuestos pudieran llegar a alcanzar el 22% del PIB, lo que sigue siendo insuficiente para financiar uno de los proyectos prioritarios de este gobierno y los anteriores: la cobertura universal en salud.
Más de lo mismo. Los que siempre han pagado serán más vigilados por la autoridad fiscal. Ahora hasta amenazados con la cárcel sin derecho a salir bajo fianza para llevar su juicio en libertad. Hay que esperar hasta el resultado de las elecciones del 2021 para saber si habrá una auténtica reforma fiscal que incluya a la economía informal, pero esto no será posible mientras se mantenga el tabú que impide la revisión a fondo del IVA y el gobierno dependa del favor de los hombres más ricos para sostener su gobierno y sus proyectos de infraestructura.
Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
