El pasado 28 de octubre, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados se presentó para su discusión y, en su caso, aprobación el proyecto de dictamen sobre las trece iniciativas de los grupos parlamentarios y diputados en particular que analizaron para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el parlamento abierto convocado y llevado a cabo en julio pasado.
En la elaboración de este documento, sus redactores afirman, que se incorporaron las opiniones solicitadas al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta H. Cámara de Diputados (CEDIP) y aquellas que remitieron especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Además, pretende ser inclusivo de las diversas posturas partidistas.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción está convocada a sesionar el próximo 4 de noviembre, donde se conocerá públicamente la posición de los grupos parlamentarios sobre el resultado de este trabajo de más de un año.
El trabajo legislativo fino se hace en comisiones. En estos espacios institucionales en los que participan todos los grupos parlamentarios se expresan los posicionamientos políticos sobre temas jurídicos, económicos y técnicos. De esta forma, en los dictámenes se vierten las posturas de los legisladores participantes, los expertos y los órganos de apoyo legislativo y se vota a favor o en contra y los argumentos, se llevan al Pleno para su discusión en lo general y en lo particular.
Un dictamen que se aprueba por mayoría simple significa que no hay acuerdo sobre el contenido del mismo y que será muy debatido. En esta circunstancia no suele tener muchas modificaciones en el Pleno, salvo que haya una negociación en la Junta de Coordinación Política.
De la lectura de los cuadros comparativos de las iniciativas de ley presentadas por los diversos grupos parlamentarios y las demás propuestas se desprende que hay posturas extremas en la concepción de la forma en que debe regularse la contratación pública, algunos puntos en los que se coincide, como la inclusión de personas discapacitadas, género y grupos indígenas, y algunas cuestiones técnicas divergentes, que ya fueron consensadas.
El dictamen apoyado por Morena propone la aprobación de una reforma que centraliza la operación de las contrataciones públicas en la Oficialía Mayor de la SHCP, en sintonía con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente y el Plan Nacional de Desarrollo, que establece como vía del combate a la corrupción la concentración de las decisiones en el Ejecutivo.
Lo anterior, contrasta con la idea de crear un órgano autónomo que lleve a cabo la planeación en la materia y la contratación consolidada que se promovió en el parlamento abierto por algunos legisladores y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa del PAN agrega requisitos a las excepciones a la licitación pública y el proyecto aumenta las excepciones para aplicar la Ley, como es la compra consolidada de insumos para la salud.
Una modificación significativa que se propone es la regulación más precisa de la compra consolidada y el convenio marco que serán responsabilidad de la SHCP y se pretende la creación de un Comité para tal efecto, así como una tienda digital del gobierno federal. Además, se impulsa la modernización del CompraNet para que sea una plataforma transaccional y no solamente informativa es uno de los cambios destacables y necesarios.
Un punto de coincidencia de los participantes en el proceso de conformación del proyecto de dictamen es dividir la planeación en tres etapas para aumentar la transparencia del mismo y una diferencia en la desaparición de las Comisiones Mixtas de Abastecimiento. Los testigos sociales se conservan, aunque en el proyecto original de Morena se proponía su desaparición.
El proceso de selección del cocontratante se propone modificar para aumentar algunos supuestos de excepción a la licitación, lo que es un factor de falta de consenso con el proyecto. Hay que señalar que hay cambios que contribuirían a que este proceso sea más transparente.
En lo relativo a la ejecución de los contratos y la información y verificación del proceso de contratación, así como las infracciones y sanciones y la solución de controversias las modificaciones propuestas son mínimas, incluyentes y, en su mayoría, consensadas.
La legislación de las adquisiciones públicas será debatida y, en su caso, aprobada en comisiones y en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hay adelantos en materia de transparencia e inclusión en el dictamen a revisión, pero en su conjunto es una apuesta arriesgada a la centralización de esta. También es cuestionable que algunas cuestiones relacionadas con la consolidación, la determinación de las excepciones a la licitación y la ejecución de los contratos quede a la discreción normativa de la SHCP. Vale.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
