El pasado 03 de agosto reiniciaron actividades los órganos jurisdiccionales en la Ciudad de México, con un saldo de miles de capitalinos abarrotando las distintas instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para solicitar la resolución de conflictos que quedaron “congelados” por el cierre ocasionado por la pandemia. Más de 64 juicios se dejaron de recibir durante los meses de la emergencia sanitaria (El Universal, 03-08-2020).
Esto llama la atención porque demuestra que los avances en la automatización -los juicios en línea- son limitados y el COVID 19 hizo evidente la gran brecha digital que existe entre las instituciones financieras y los órganos jurisdiccionales del país. Esa brecha se convierte en un abismo cuando se estudian las condiciones tecnológicas de los poderes judiciales locales.
En la Federación y en algunas entidades federativas, como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Baja California Sur, entre otras, suscribieron entre 2016 y 2018 convenios de interconexión tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y los Tribunales Superiores o Supremos para compartir plataformas, firmas electrónicas avanzadas y documentación digital, así como cooperar en el desarrollo de las TIC en la administración de justicia.
En la Federación, desde hace dos décadas, se inició el proyecto del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que ha evolucionado y se ha robustecido en forma significativa. Actualmente, es la base de datos a disposición de las áreas centrales del Consejo de la Judicatura con la información de los juicios que se desarrollan en los órganos jurisdiccionales federales del país, salvo la SCJN y el TEPJF.
El SISE es alimentado diariamente por oficiales judiciales especializados y contiene, entre otros documentos, las sentencias emitidas en versión pública, que es elaborada por el secretario responsable de la redacción del proyecto. Esto es una garantía de que los datos personales confidenciales o la información reservada queda debidamente protegida y de que se cumple con el principio de máximo publicidad.
Esta práctica permite que hoy las sentencias del poder judicial federal, en versión pública, se puedan consultar en formato PDF no en bases de datos abiertos- con algunas inconveniencias que son superables con mayor voluntad política hacia una justicia abierta.
Hay que señalar que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 04 de mayo de 2015, en sintonía con el artículo 6 constitucional, establece obligaciones de transparencia a los poderes judicial federal y estatales, así como, indirectamente, a los tribunales administrativos no pertenecientes a los mismos.
En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 09 de mayo de 2016, contiene obligaciones de gobierno abierto para el Poder judicial de la Federación entre las que se incluye, entre otras, “implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permita la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional” (artículo 66, fr. II, d).
Esta normatividad que apunta hacia la justicia abierta es una cuasi realidad en el ámbito federal y una aspiración en la mayoría de las entidades federativas, con honrosas excepciones, como el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, que por su tamaño y mayor disponibilidad de recursos, han avanzado en el uso de expedientes electrónicos, firma avanzada y algunos aspectos de la justicia en línea.
En Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por ejemplo, hace más de quince años inició un proyecto de juicio en línea que quedó reducido a una sala especializada. En el juicio de amparo, la reforma hacia la virtualidad se limitó a establecer el expediente electrónico que ahora se duplica con el físico. En pocas palabras, las intenciones de un grupo de magistrados y jueces se inclinan hacia un mayor uso de las TIC, pero no hay voluntad política real o no hay recursos suficientes para una mayor automatización.
En este contexto, el 13 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ampliación de la obligación de transparencia para los poderes judiciales de poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información relacionada con todas las sentencias emitidas, por supuesto, en versión pública y se otorgan casi 6 meses para su cumplimiento.
El Poder Judicial de la Federación puede hacerlo de dos formas: abriendo el SISE a la consulta del público en general y poniendo a disposición las sentencias en PDF en sus medios electrónicos. El TFJA tiene el avance tecnológico para cumplir y en esas circunstancias se encuentran las pocas entidades que esta pandemia mostraron avances. ¿Qué va a pasar con el resto? La intención es buena, pero para que no sea aspiracional la justicia abierta hay que asignar cuantiosos recursos presupuestales.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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