La CONSAR, órgano desconcentrado de la SHCP, responsable de la supervisión de las AFORES, publicó el mes pasado el Apunte sobre el SAR no. 4 llamado “Dimes y diretes sobre las Pensiones en México”, que llega a conclusiones diametralmente opuestas a los supuestos políticos de la reforma pensionaria presentada por el Presidente de la República en la mañanera del 22 de julio.
La esquizofrenia es un trastorno mental en el que, entre otros síntomas, el individuo tiene una percepción de la realidad distorsionada que le dificulta mantener conductas motivadas y dirigidas a metas.
En esta analogía, el discurso político del gobierno que pretende convencernos de que la reforma pensionaria, con base en la reducción de las semanas cotizadas para acceder a una pensión garantizada de 1250 semanas a 750 semanas, es la gran solución para superar las insuficiencias del sistema de cuentas individuales difiere diametralmente del criterio técnico expresado por los órganos gubernamentales competentes subordinados a la SHCP.
La CONSAR afirma:
“Disminuir el requisito mínimo de semanas cotizadas a 500 semanas, por ejemplo, haría que el porcentaje de trabajadores que no cumplen con el requisito de semanas cotizadas se redujera a 42 por ciento. Desde esta perspectiva, la reducción en el número de semanas cotizadas no resuelve de manera adecuada el problema de la baja densidad de cotización o cobertura pensionaria del SAR. El porcentaje de cuentahabientes que recibiría la Pensión Mínima Garantizada se incrementaría a 51 por ciento de los afiliados al SAR, con un fuerte impacto sobre el erario público”.
En los apuntes, la CONSAR explica las razones y expone los cálculos de la ineficacia de la reducción de las semanas de cotización como la vía adecuada en una reforma pensionaria de largo alcance y sugiere que la vía adecuada es el incremente de la cuota tripartita, el trabajador sólo aporta el 17 por ciento del total que se acumula en la cuenta individual, y la mejora de la pensión no contributiva, llamada del bienestar para adultos mayores.
La reforma pensionaria del gobierno, apoyada por la cúpula patronal y la CTM, se propone el aumento sólo de la cuota patronal y la pensión del bienestar no se modifica, queda en la mitad del salario mínimo. Toda parece indicar que los apuntes de la CONSAR no fueron parte de los documentos de trabajo o que fueron desestimados por la visión política de los mandos superiores del gobierno.
La CONSAR afirma “la carga fiscal de las contribuciones de los patrones a la seguridad social en caso de que ellos absorbieran el incremento de las aportaciones obligatorias es verdaderamente onerosa”.
La reforma utiliza las figuras de la pensión mínima garantizada y la cuota social como ejes rectores de la misma que provienen de esa norma condenada. Además, en la propuesta presidencial no se hace cambio alguno a la forma de administrar las cuentas individuales propiedad de los trabajadores, cuya administración continuará en las afores.
La CONSAR advierte que la disminución de las semanas de cotización como requisito para acceder a la pensión garantizada aumentará las presiones al gasto público en el futuro lejano, políticamente, en 20 años, pero cercano actuarialmente.
Los trabajadores de la Generación Afore beneficiados por esta reforma, en caso de que se apruebe, no llegará, en principio, ni al millón en los próximos 5 años, salvo que los cálculos que acompañen a la iniciativa consideren algunos supuestos normativos desconocidos en estos momentos. La presión fiscal se presentará hasta finales del próximo sexenio, cuando la haya más prospectos de pensionados de la Generación Afore. y llegará a su punto máximo entre 2040-2050.
Hay que señalar que la concepción de la cuota social se hizo en 1997 y es uno de los elementos solidarios en el sistema de cuenta individuales. La propuesta de reforma mejora su impacto financiero en favor de los trabajadores de bajos ingresos con la eliminación de la aportación porcentual que correspondía al gobierno. Independientemente de lo que suceda en el proceso legislativo, esta modificación debiera aprobarse en conjunto con la reforma o en forma aislada, toda vez que no tiene costo fiscal adicional.
Los apuntes de la CONSAR son atendibles en algunas de sus conclusiones como son el incremento del monto de las pensiones del bienestar como estrategia de combate a la pobreza en los adultos mayores y la complementariedad de la seguridad social, es decir, que cualquier dinero público adicional que se aporte represente un aumento al monto de la pensión, incluso, sin importar las semanas de cotización. Esto último abriría el camino para desvincular la aportación de la seguridad social del salario lo que es un incentivo real a la creación de empleos formales. Otra idea atendible es la creación de un instituto pensionario autónomo, pero este tema será motivo de mi siguiente artículo.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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