El pasado martes 12 de julio participé en el Seminario Internacional “Seguridad Cibernética en el Contexto de América Latina”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad de Guatemala, invitado como investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales en la que planteé la pregunta si son legítimas las acciones de inteligencia en las sociedades democráticas y abiertas.
Los servicios de inteligencia, que son aquellos que en una sistema democrático proporcionan información analizada a quien toma las decisiones políticas para que éste desempeñe su labor con el menor riesgo o grado de incertidumbre, además contribuyen a la consecución de los fines de las entidades públicas, gubernamentales y no gubernamentales, así como a los particulares que gestionan lo público, especialmente aquellos relacionadas con áreas criticas en transporte, comunicaciones, salud, agua, educación, entre otros.
En el primer cuarto del siglo XXI, las sociedades son complejas en dos sentidos: estructuralmente, que significa la multiplicación de los actores o centros de toma de decisiones públicas y sustancialmente, que atiende a la profunda división del trabajo que implica la vocación a regiones completas en la especialización económica, lo que genera una profunda interdependencia es las organizaciones y mercados. En ambos enfoques, los aparatos estatales están en un plano de igualdad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas con las organizaciones ciudadanas y conservan el voto de calidad o en uno secundario en el que los particulares adquieren preeminencia.
En este contexto, la gestión pública no es exclusiva del gobierno. Esta se comparte con entes públicos no subordinados a los poderes ejecutivos de los diversos Estados e incluso con organizaciones del sector privado la determinación y ejecución del interés general. También hay que considerar que algunas áreas críticas requieren de la inversión privada, nacional o extranjera, para operar en beneficio colectivo como sucede con las plantas de tratamiento de agua y la concesión del servicio público del transporte colectivo o de las vías generales de comunicación.
De ahí el cuestionamiento sobre la naturaleza y alcance de los servicios de inteligencia no adscritos a la presidencia de la República o relacionadas con la participación de los particulares en la gestión de lo público. ¿Cuál es el sentido de un aparato de inteligencia en el Poder Judicial de la Federación como es la Comisión de Vigilancia y la correspondiente secretaría ejecutiva? o ¿Cuál es su justificación en la Fiscalía General de la República o en un concesionario de la Administración Pública Federal, como lo es una telefónica o una empresa energética?
Es evidente que en las funciones esenciales del Estado como son la defensa, la seguridad interior, la recaudación fiscal, la verificación del cumplimiento del orden público, la procuración y administración de justicia, entre otras, así como en las áreas críticas debe existir una estructura que genere inteligencia para identificar, prevenir y corregir riesgos. Esto no sucede en todas las atribuciones de los entes públicos o en la cooperación público-privada, en las que ha sido debatida la necesidad de que haya un área especializada dedicada a labores de inteligencia.
En cualquier caso, los servicios de inteligencia otorgan demasiada importancia a la secrecía de cierta información (reservada en términos de las leyes de transparencia) e intentan crear compartimientos
estancos de información para que esta no se difunda sin restricción alguna dentro y fuera de la organización.
La circunstancia anterior hace indispensable enunciar los valores de la inteligencia en estructuras abiertas que deben tender a la horizontalidad y el relegamiento del principio de jerarquía administrativa y en donde lo trascendente debe ser la consecución de los fines, objetivos y metas públicamente planteados y reconocidos por los integrantes de la organización y de quienes interactúan con ella. Los servicios de inteligencia deben potencializar los recursos disponibles -especialmente el talento humano- en la toma de decisiones.
La pluralidad de los servicios de inteligencia, estatales y no estatales, hace necesario establecer las diferencias entre ambos. Si bien es cierto la seguridad financiera, económica, industrial o de cualquier otra índole adquiere relevancia en relación con la seguridad del Estado, también es lo es que esta última sigue siendo responsabilidad asignada a un grupo de personas que llevan a cabo la función pública, que es una condición especial que compromete a quien la ejerce a anteponer el interés general al personal.
Los servicios de inteligencia estatales no son los únicos en las sociedades complejas y globalizadas y sólo son legítimos en una democracia cuando se reconoce que no hay libertad sin seguridad, ni hay inteligencia sin libertad y, por lo tanto, no hay seguridad sin inteligencia.
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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