Joaquín López Dóriga, en su programa de mediodía, el lunes 23 de marzo, en Radio Fórmula, se quejó que el discurso de los empresarios es distinto cuando declaran a los medios de comunicación y cuando aplauden al Presidente en sus actos oficiales. Cortésmente, a esta actitud bipolar la llama demagogia empresarial.
Las cifras de la inversión privada son desalentadoras y presagian la profundización de la recesión económica -que en la narrativa gubernamental no existe-. La confianza de los empresarios en México sólo está en las declaraciones elocuentes que convocan permanente a la unidad. Su fe en un futuro bienestar colectivo termina con su “bolsillo nacionalista” para destinarlo a la inversión que está vacío en espera de que le asignen contratos públicos mediante adjudicaciones directas. Esta es la condición para que contribuyan a mover al país.
La incertidumbre, iniciada con la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, provocó que sus activos financieros se protegieran fuera de México. La puntilla a la confianza empresarial en el gobierno seguramente será la consulta pública que ordena detener la construcción de la planta cervecera en Mexicali.
Lo que califica López Dóriga de demagogia empresarial es en realidad un doble discurso -mi abuelita era todavía más franca y la llamaba hipocresía. Este tipo de narrativa tiene como objetivo recoger las migajas que el sector público arroje de su mesa, cada vez más vacía y desordenada en la ejecución de recursos presupuestales, mientras intentan forjar una oposición efectiva a los programas sociales del gobierno de la 4T, que sólo les deja ganancias a quienes los distribuyen.
Obviamente, ante la crisis sanitario-económica la petición empresarial es la condonación y reducción de impuestos, que no se concederá, según lo dicho en el oráculo de las mañaneras, aunque haya falta de liquidez en la economía. El gasto será directamente a las huestes clientelares mediante tandas del bienestar y otros programas sociales.
El discurso empresarial no es creíble en la parte en que el apoyo fiscal sólo se destinaría para mantener las fuentes de empleo durante la cuarentena, ya que si hubiera condonación, lo no pagado en contribuciones serviría primeramente para financiar sus pérdidas y pudieran sobrevivir sus empresas. Después, sólo después, se recuperaría el empleo.
Hay que señalar que la actuación política del empresariado como colectivo ha sido por lo menos inconsistente. Primero, se oponen a la cancelación del Nuevo Aeropuerto y después se allanan y arreglan con el gobierno, pasando la factura a una deuda pagadera por las generaciones futuras. Quedan en espera de contratos que no llegan y aparentemente no llegarán para ellos.
Una semana si y otra no van a Palacio Nacional a comprometerse a grandes inversiones con Alfonso Romo como intermediario y no bien han salido por la Puerta Mariana, cuando el gobierno anuncia que no habrá apertura para el capital privado en los proyectos de infraestructura energética o que la industria mexicana se ha aprovechado indebidamente de privilegios concedidos por los gobiernos neoliberales.
Un día se van a cenar tamales de chipilín con el Presidente para apoyar la rifa de un avión que no se va a rifar y otro más acusan al gobierno de falta de la certidumbre suficiente para hacer
negocios y generar empleo en el país. Esto lo resienten los indicadores económicos que persistentemente van a la baja. Nadie invierte y la confianza del consumidor disminuye.
Este doble discurso, que no es justificable, tiene su explicación en la permanente incertidumbre. Primero, el gobierno dice que le importa el crecimiento económico y después que éste no es indispensable para el bienestar social.
Una semana informan que abren nuevamente las rondas petroleras y la siguiente, en el marco del festejo de la expropiación petrolera, que Pemex no requiere la participación del sector privado. También hay un doble discurso en el gobierno.
¿Quién pierde? Los de siempre. El empresario no invierte y se queda a la expectativa en una actitud de control de los daños de la incertidumbre, pero la persona común se queda sin empleo, cierra sus micro y pequeños negocios o tiene un trabajo precario en el subempleo o en la economía informal. Mientas los ahorros y las reservas sean suficientes para financiar los programas sociales, promover la inversión para el gobierno pasa a un segundo plano.
La crisis del COVID-19 aumentará la tensión entre el gobierno y el empresariado, pero es poco factible un rompimiento público y el doble discurso de ambos será la tónica de este año hasta que inicien las campañas para las elecciones intermedias.
Lo previsible es una recesión que afectará a los más pobres. Entonces, la pregunta será: ¿el gasto social será suficiente para mantener la ilusión de un desarrollo sin crecimiento? Esa será la clave para que el discurso empresarial sea más congruente y se decida apoyar u oponerse al gobierno. En lo individual, los beneficiados con los contratos públicos, como Salina Pliego, están ya alineados con el Presidente.
