La crisis heredada y profundizada del sector salud

Llama la atención que el Senador Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y, por ende, responsable del sistema estatal de salud de ese estado de 1998 al 2005, califique tan mal a los servicios médicos descentralizados administrados por las entidades federativas y defienda la centralización que implica la re-centralización de los mismos con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

Llama la atención porque ha sido un defensor de la visión federalista desde la autonomía de los estados y ha buscado que aumenten sus capacidades institucionales como forma de avanzar en la política y la economía de nuestro país.

Los rezagos en la atención de la salud son evidentes. Nadie los puede negar, nadie de los que se opone a la desaparición del Seguro Popular los niega. También son conocidos los desvíos de algunos gobernadores y la ineficiencia de los servicios de salud en varios estados. Quienes están llamando a la prudencia para la reforma del tema de salud, tampoco lo niegan.

Lo que es grave es que los detractores del Seguro Popular no quieran reconocer los avances en la cobertura y en la disminución de las enfermedades relacionadas con las condiciones de marginalidad. Hoy el 60 por ciento de los enfermos de diabetes reciben atención, según las cifras del Senador Monreal, y la pregunta que salta es ¿qué porcentaje lo hacía en los años noventa? El avance es significativo, aunque no suficiente. Hay que seguir trabajando, pero la ruta no es el regreso a un pasado centralizado, que tanto combatió como gobernador de Zacatecas.

Las consultas públicas en la Cámara de Diputados dividieron en tres grupos a los participantes: uno, quienes defendieron al seguro popular, alegando que era una forma financieramente sana de ampliar la cobertura y que requiere que se corrijan las desviaciones, dos, quienes defendieron el proyecto del Presidente, tratando de explicar las bondades del nuevo esquema de financiamiento y las ventajas de que sea una instancia central la responsable de la atención médica y tres, quienes se limitaron a exponer generalidades huecas y buenos deseos para la población desprotegida.

Hay una crisis heredada de la salud. La falta de corrección de las insuficiencias de la descentralización de los servicios de salud, la lentitud en la extensión de la cobertura, la duplicidad de infraestructura y la carencia de la misma, la mala administración del recurso más importante, el personal médico y paramédico, la tolerancia a las prácticas corruptas de algunas autoridades locales y el abandono de zonas marginadas y aisladas del territorio.

Sin embargo, también hay una crisis profundizada por la falta de una estrategia clara para mejorar los sistemas locales de salud y los diagnósticos simplistas de la situación que ha llevado al desabasto de medicinas, a la reducción de los ingresos de los médicos y enfermeras que hacían suplencias, al disgusto de los médicos residentes que se han manifestado por el deterioro de sus condiciones económicas y la incertidumbre sobre la forma de financiamiento del sector salud.

Los sectores de la salud y de la educación son los más sensibles. Lo que se haga mal o lo que se deje de hacer tiene efectos inmediatos, pero son peores los daños a futuro en las oportunidades de vida. La recuperación de un paso hacia atrás requiere de un gran esfuerzo.

El nuevo gobierno ha manifestado constantemente su preocupación por el tema, pero la propuesta de desaparecer el seguro popular no es la mejor estrategia. La centralización de los servicios de salud tampoco.

Hago votos para que el debate en el Congreso de la Unión sea algo más que retórica. Sin embargo, preocupa que un personaje político, el Senador Monreal, que fue muy activo en pro del fortalecimiento de los servicios estatales de salud y la reivindicación de las entidades federativas como eje de la atención de las necesidades básicas del desarrollo humano, ahora se ponga del lado de los centralizadores.

La vía es darle más presupuesto a los estados para la atención médica. Esta instancia de gobierno debe ser la que impulse la cobertura universal, con esquemas que les permita generar reservas para las generaciones futuras. Hay que mejorar los controles y la supervisión del gasto federalizado, hay que mejorar los sueldos de médicos, enfermeras, paramédicos y residentes. Todo desde el ámbito local. El proyecto de un federalismo descentralizado es la ruta correcta. Hay que castigar a los gobernadores y servidores públicos que hayan desviado recursos, pero este combate a la corrupción no puede ser justificante para profundizar la crisis heredada de la atención a la salud.