La semana pasada, en las mañaneras, que cada día son más largas, se hizo el anuncio de que los mandos medios y superiores iban a cooperar voluntariamente para la causa de la autollamada cuarta transformación aceptando un recorte a su aguinaldo. Esto unido a la extinción de los fideicomisos y otras medidas de austeridad republicana en poco o nada contribuyen a superar el desequilibrio de las finanzas públicas provocado por los programas clientelares y las obras emblemáticas del sexenio.
¿Por qué debe importar a la sociedad la reducción supuestamente voluntaria del aguinaldo de la burocracia? En razón a que el deterioro del aparato estatal que apoya al Poder Ejecutivo afecta la eficiencia y eficacia del gobierno y si éste no cumple oportunamente y bien, entonces, ocurren errores de cálculo como sucedió con la Presa Peñitas que provocó que Villahermosa esté bajo las aguas del Río Grijalba. A confesión expresa del Presidente, relevo de prueba. Queda demostrado que la lealtad de los funcionarios no es suficiente y que en la gestión de lo público es indispensable la profesionalización constante y el conocimiento técnico.
El castigo al bolsillo de los servidores públicos no es la vía para mejorar su desempeño. Todo lo contrario, desmotiva y es fuente de descontento. A sotto voce se manifiesta la inconformidad.
¿Es inconstitucional la renuncia voluntaria del aguinaldo? En principio no. El derecho a recibirlo completo no se elimina en el decreto. Sólo se invita a los servidores públicos a ser solidarios con la causa. El Presidente dona la totalidad para poner el ejemplo. No es atacable jurídicamente porque su aplicación no es formalmente obligatoria, pero la realidad será otra muy distinta y quien decida no apoyar previsiblemente será aislado, lo que lo convierte en un acto políticamente cuestionable. Esto es una prueba más de que los servidores públicos, que debieran ocupar el cargo por méritos y capacidad técnica, sólo deben profesar lealtad incondicional al proyecto del Presidente para ocupar o permanecer en un puesto burocrático.
Lo esperable es que la mayoría coopere y esto confirmará la sumisión de la burocracia a los designios del Ejecutivo Federal, renunciando a su autonomía técnica, lo que es preocupante. Una administración pública que es incapaz de hacer valer su conocimiento especializado sobre los proyectos políticos pierde su esencia y se convierte en una camarilla de un líder carismático.
Los regaños y humillaciones en las mañaneras a los subordinados más cercanos demeritan al servicio público e impide el cumplimiento de su razón de ser, que es aportar elementos técnicos al gobernante para la toma de decisiones correctas.
El primer acto de corrupción es aceptar un puesto público sin la preparación suficiente para desempeñarlo, el segundo es el silencio negligente o culposo ante la tozudez de un político, cuya voluntad sólo se guía por las encuestas de popularidad y el tercero es la renuncia, por ambición o conveniencia, a cumplir con el deber ejercer la autonomía técnica para evitar decisiones populacheras, contrarias a la ley o técnica y financieramente inviables.
Esta demostración de fuerza que doblega a los administradores públicos y los obliga a renunciar “voluntariamente” a sus derechos laborales, disminuye la confianza y credibilidad de la sociedad en las decisiones del gobierno. La debilidad manifestada por la burocracia genera falta de credibilidad en el gobierno ¿Las cifras que divulgan las entidades públicas serán las correctas o se acomodan a modo para dar gusto al Presidente?
Entonces, ante la pregunta ¿qué conviene incluir en el presupuesto? La respuesta esperable es: “lo que usted diga Señor Presidente” En esta tesitura, el debate objetivo sobre la asignación de recursos públicos a los estados, municipios, educación o salud pasa a un segundo plano. Lo importante es obediencia total al proyecto de transformación encabezado por el caudillo.
La renuncia a parte del aguinaldo es un acto de lealtad mal entendida y es una señal inequívoca de que la administración pública ha perdido su autonomía como instrumento profesionalizado al servicio del bienestar colectivo en el largo plazo desvinculado de la lógica sexenal.
En este contexto hay que destacar que esta semana renunció Gerardo Ferrando Bravo a la dirección del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Otro servidor público que, como Jaime Cárdenas, prefirió separarse del cargo antes que obedecer instrucciones que podrían ser ilegales. Una alarma más. Ferrando era el responsable de finiquitar la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y de donar el material de esa fallida construcción al Aeropuerto de Santa Lucía.
El mensaje cada día es más claro. Quién ejerce la autonomía técnica de la administración pública tiene abierta la puerta para irse. Lo preocupante es que crece el número de renunciantes. El talento escasea. La lealtad ciega prolifera.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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