La austeridad republicana es inconstitucional

Desde que la austeridad republicana era un programa de gobierno escribí que la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) retomaba la experiencia y contenidos de los acuerdos de austeridad de la época “neoliberal” y el giro de la autollamada 4T centrado en la estrategia de la reducción del gasto operativa como vía para la reasignación de recursos a los grupos olvidados de la sociedad y el gobierno.

En la LFRA se considera como valor fundamental del servicio público la austeridad republicana, con lo que se relegó a un segundo plano a la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia y, por lo tanto, incluyó medidas violatorias de los derechos humanos y de la división de poderes como estrategias para evitar la corrupción y disponer del ahorro en el gasto público federal generado por las acciones de racionalidad.

Lo anterior, tal y como lo señalé hace tres años, resultó un mero pronunciamiento ideológico, una narrativa populista insostenible ante los tribunales por su evidente violación a la libertad de trabajo y una invasión a las facultades de la Cámara de Diputados. Esto fue confirmado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró por unanimidad que la prohibición, contenida en el párrafo segundo del artículo 24 de la LFAR, de contratarse por 10 años a un exservidor público del grupo jerárquico de mando superior en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo.

La reacción presidencial de encono era esperable, pero la verbalización de éste es lamentable: “Resulta aberrante el que los ministros no establezcan normas o cancelen, desechen estas limitantes” y “la mayoría de los ministros son como abogados patronales que no representan al Pueblo” (El Universal, 06-04-2022).

Estas palabras requieren traducción. Para el presidente los derechos humanos son un estorbo y se aplican a conveniencia. Nadie que haya trabajado para él puede hacerlo en la iniciativa privada cuando decida dejar de colaborar en un alto puesto de la administración pública federal (la prohibición no era aplicable a los otros poderes y a los órganos constitucionales autónomos). Esta limitación no se la aplicó a su “hermano” Scherer, ahora perseguido por su “protegido” Gertz.

Para el presidente los ministros deben someterse a la voluntad del Pueblo expresada por la mayoría política que casualmente es él y, por lo tanto, la división de poderes es un estorbo y la garantía de tutela jurisdiccional efectiva a los derechos de las personas y las minorías no debiera existir en una apología de la tiranía de la mayoría a que aludió Tocqueville y cuyo antídoto era la existencia de jueces independientes e imparciales.

La LFAR cumplió con el ritual propio de cualquier gobierno que pretende cambiar todo lo anterior y era ad hoc con la multi repetida frase “nosotros no somos iguales a los anteriores”, pero el destino jurídico la alcanzó y fue declarada inconstitucional en la parte que violaba evidentemente derechos humanos.

El enojo presidencial fue mayor cuando el día siguiente la SCJN continuó con su defensa de los valores fundacionales del Estado mexicano y determinó que era inconstitucional que el Poder Ejecutivo dispusiera de los ahorros de la austeridad sin la intervención de la Cámara de Diputados. En palabras que pongo en la boca del inquilino del Palacio Nacional, los ministros se atrevieron a corregirle la plana a su mayoría legislativa que había entregado en charola de plata sus facultades al presidente y renunciado, indebidamente, a determinar el destino del gasto público.

La austeridad republicana (anoréxica) además de inconstitucional ha sido una estrategia contraproducente para la mejora de la administración pública. En tres años se ha deteriorado la capacidad de gestión del gobierno por la falta de capacitación, la política centralizada y restrictiva de TICs, la negación a contratar consultoría en áreas de alta especialización, el recorte indiscriminado por supuestas duplicidades de funciones, la desaparición de fideicomisos públicos no entidad, la cancelación de programas sociales, entre otras muchas acciones mal concebidas y peor ejecutadas.

Hay que reconocer que algunas de las acciones de austeridad de éste y los gobiernos anteriores suelen ser más formales, que eficaces. Más una narrativa oficial que una realidad administrativa. Hay que reconocer que la LFAR era una vuelta a la tuerca para evitar los abusos que existían y existen, pero preocupaba que perdiera sus fines preventivos de la corrupción y se convirtiera en una forma de perseguir a cualquiera que se alejara del espíritu de la austeridad republicana.

La Corte por unanimidad corrigió dos excesos de esta política de austeridad. En contraste, el gobierno, la Fiscalía General de la República y el líder del Senado se hicieron de la vista a la gorda en uno de los principios fundamentales de la LFRA consignado en el artículo 23:

“Ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones”

El secretario de Gobernación y todos quienes lo justifican tiene su propia interpretación de la austeridad republicana.