Desde hace años he sostenido la necesidad de avanzar hacia la cobertura universal de la seguridad social a través de impuestos generales con la creación de reservas para garantizar el acceso a las generaciones futuras. Es justo que los jóvenes contribuyan al pago de pensiones de los adultos mayores, pero también lo es que esta solidaridad sea recíproca, es decir, que dentro de 40 años haya ahorro social suficiente para que los que hoy contribuyen, mañana reciban.
Para lograr lo anterior, hay que trabajar en la creación y fortalecimiento de las instituciones e incrementar el ahorro público a través de las contribuciones y la disciplina fiscal. No debe ser sólo un entusiasmo social de momento o sólo una acción legislativa para ganar votos.
No hemos avanzado lo suficiente en la contención del gasto, pero se han creado mecanismo de rendición de cuentas y transparencia que han servido para identificar fuentes de desviación o excesos y se han combatido con relativa eficiencia. Siempre habrá quien no esté satisfecho con las medidas de racionalización del presupuesto y pida, exija o imponga recortes cada vez más severos, la llamada austeridad anoréxica.
En lo que francamente hemos fracasado es en aquello de aumentar la recaudación fiscal y la estrategia se ha reducido a un apretón de las tuercas a los que siempre pagan por ser sujetos cautivos como son el asalariado, el consumidor y las micro y medianas empresas.
Esto ha resultado contraproducente puesto que los costos derivados de los impuestos sobre la nómina y las aportaciones de seguridad social ahogan a las organizaciones públicas y privadas. Ante esto, los particulares y los gobiernos recurrieron al empleo por “honorarios” y a la contratación de servicios que son una parte importante de su fuerza laboral. El gobierno federal los reducirá como parte de la estrategia económica de emergencia dentro del recorte del 75% del gasto operativo.
Algunos de los actuales críticos del gobierno pasado o actual han sido gobernantes, legisladores, empresarios, consultores o expertos asesores de entes públicos y hoy se rasgan las vestiduras con los efectos de la pandemia en la vida económica y política y proponen acciones urgentes e inaplazables para superar todos los rezagos estructurales.
Para algunos académicos la inactividad de un mes de los órganos legislativos federales pone a la democracia en vilo y de paso a la Constitución (El Universal, 21-04-20) y muchos “abajo firmantes” de varias desplegados publicados en los días recientes exigen que, como una de las medidas inmediatas de la crisis sanitaria, se logre en los hechos, no en la norma, la universalidad de la seguridad social y de la salud, entre otras acciones que llevamos más de veinte años pretendiendo lograr como sociedad y trabajando para ello.
Pareciera que no se ha comprendido que las insuficiencias son añejas. No se pueden atender con medidas de coyuntura, ni con aceleres legislativos. Hoy, lo que corresponde, como sucede en cualquier régimen constitucional, es que las normas dictadas en forma extraordinaria para atender la emergencia con medidas administrativas operen con la menor afectación posible de las libertades de las personas y el menor uso de la coacción del derecho.
Hay que dejar trabajar al gobierno. Tal vez no estemos de acuerdo en todas las acciones que lleva a cabo y las cuestionemos para que, en su caso, se corrijan como parte de la gestión de la crisis. No es el momento de emprender los cambios legislativos de fondo no realizados en años de debate parlamentario plural, ni es posible concluir en dos meses con la construcción y fortalecimiento de las instituciones. Es un momento de prueba. Afortunadamente, tenemos ahorro y prestigio internacional, ojalá sea suficiente para que los efectos negativos de la crisis sean menores.
Tenemos autoridades electas democráticamente, que son las responsables de aplicar las medidas de emergencia. Están legitimadas para ello y obedecerlas es la mejor vía para superar la crisis. No hay que adelantar las campañas electorales del 2021. Lo peor que puede pasar es que cada quien tome su ruta -como pretende Grupo Azteca- y trace otra estrategia de comunicación masiva, que invita a mantener la actividad económica para evitar los efectos negativos del quédate en casa en los mercados informales.
No nos rasguemos las vestiduras. El pluralismo político no está en vilo por el paro legislativo, ni la dictadura a la vuelta de la esquina por el acuerdo de emergencia sanitaria. No hagamos tremendismo de este “detente” obligado de la vida colectiva. #QuédateEnCasa en casa, no estorbemos. Ya habrá tiempo para seguir el camino de la cobertura universal de la seguridad social con un mayor financiamiento, no sólo con reformas legislativas. Lo que está pasando es otra alerta más, pero no es el fin de la Democracia, ni de la Constitución.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
Maestro en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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