El Presidente López Obrador y Juan Antonio Ferrer, quien será el Director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), en proceso de creación, han afirmado que con la desaparición del Seguro Popular se alcanzará la cobertura de la totalidad de la población de la atención médica gratuita y que nunca faltarán medicinas en los hospitales, que contarán con los equipos más avanzados, especialmente, aquellos en zonas rurales y marginadas. Quieren azul celeste.
Sin embargo, el diseño institucional contenido en el memorándum presidencial (El Universal, 12/07/19) sólo reorganiza a los actores responsables del manejo de los recursos y de la atención médica.
El diseño propuesto consiste en que las instancias operativas administren la nómina, es decir, la elaboren, validen y revisen para que no haya “aviadores”, pagos dobles u otras inconsistencias, para lo cual deben registrar las altas y bajas y demás incidencias y la SHCP, con esa nómina, disperse directamente los pagos a los trabajadores.
Además, las funciones estratégicas, como la compra de medicinas e insumos, se concentran obligatoriamente en la Federación –previsiblemente en la SHCP con la participación del INSABI-,y que las entidades federativas sólo reciban aportaciones en especie.
Otro elemento es la creación de un organismo descentralizado que se encargará de la distribución de las medicinas para igualar la eficiencia de las compañías refresqueras y comida “chatarra”. Con lo anterior, el diseño de la compra y la distribución de medicinas e insumos imita la estrategia del CONALITEC, organismo descentralizado, que es el responsable que todos los niños del país, en los lugares más remotos de la geografía nacional, reciban sus libros de texto gratuitos al inicio del ciclo escolar.
Otro aspecto es que la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de la salud se centralizará y estará a cargo del INSABI, lo que contrasta con la estrategia seguida en educación con la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la transferencia de los recursos que manejaba a los padres de familia de 200 mil centros escolares, quienes en forma descentralizada llevarán estas tareas a través de los Comités Escolares de Administración Participativa.
La distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas que se plantea es igual a la vigente con la novedad que se abre la opción para que los gobernadores acuerden transferir la carga de la operación a la Federación, en específico al INSABI. En este caso, la entidad federativa no recibiría las aportaciones en materia de salud que se trasladarían al nuevo organismo descentralizado.
Los trabajadores de la salud, que pueden ocupar plazas federales, federalizadas, regularizables, comisionadas, por honorarios, estatales o con algún condicionamiento presupuestal, serán transferidos a las instituciones a las que les corresponda la operación de los servicios y las normas aprobadas deberán establecer el régimen jurídico de protección a sus derechos laborales. Hay 80,000 trabajadores que tienen condiciones laborales precarias, no gozan de prestaciones y que es urgente mejorar.
El INSABI, conforme al memorándum presidencial, será un ejemplo de la austeridad republicana. Llevará a cabo las funciones mencionadas con diez funcionarios, es decir, se pretende que con esa estructura reducida se negocien y suscriban convenios de coordinación, se construya infraestructura, se controlen los servicios de atención gratuita de las entidades que determinen traspasarlos a la Federación, se administre todo lo relacionado a las plazas que se le transfieran como nómina, uniformes, prestaciones y supervisión, se elaboren los padrones de derechohabientes de la atención médica gratuita y se cotejen con los correspondientes a los de la seguridad social, se lleven a cabo las relaciones de coordinación y de información a la SS, SHCP y SFP, y un largo etcétera.
Paralelamente, el IMSS Bienestar subsistirá y mantendrá su propio padrón de residentes en nuestro país con derecho a recibir atención médica gratuita e insumos, que no gocen de la protección de la seguridad social. El esquema el seguro social prevalece con prestaciones, costos y fuentes de financiamiento distintos.
No parece que vaya a existir un gran avance en la organización institucional de la salud. Ningún gobierno, en los últimos cuatro sexenios, incluido el de la 4T, se ha propuesto un cambio de fondo hacia un esquema único de atención universal de la salud con la eliminaciónde las distinciones entes seguridad social y asistencia social. El seguro popular es lo más cercano.
Para un verdadero cambio, primero hay que crear el impuesto exclusivo para financiar la salud, pagar muchos mejores salarios y garantizar condiciones mínimas de seguridad social a los trabajadores de la salud. Todo lo que no empiece por ahí, es pura demagogia. Noruega, Suecia y Dinamarca destinan más del 10% del PIB a esta materia y en México menos del 5 %. La cobertura total y de la mejor calidad es costosa. “El que quiera azul celeste, que le cueste”. ¿Ya lo entendimos como sociedad o nos seguiremos auto engañando?
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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