La primera parte del sexenio actual fue marcada por la estrategia del presidente López Obrador para legitimar una posible reelección. Los personajes más destacados que se prestaron a este juego perverso, que identificaré como Plan A, fueron el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quienes activa e inactivamente apoyaron la ampliación inconstitucional de su propio mandato.
Ambos intentos acabaron con una resolución de la Corte que puso fin a ambas aventuras y un poco creíble estribillo presidencial consistente en que él se retiraría de la vida política y se iría a residir tranquilamente a La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas, tierra de sus padres. Nadie, ni aliados, ni adversarios, piensan que en 2024 AMLO abandonará sus pretensiones de intervenir en el espacio público para promover su proyecto personal.
El Plan A fracasó. La continuación de la autollamada 4T tendrá otro líder formal y en esta tarea aparentemente se empeñan las tres corcholatas oficiales y las dos “disidentes” llamando a la unidad del movimiento en espera del dedazo disfrazado de encuesta. La reelección o la ampliación de mandato de AMLO no tiene apoyo ni en sus colaboradores más cercanos quienes ya están participando en el juego de la sucesión anticipada. Las formas políticas de la época del PRI autoritario invencible se reproducen con una fidelidad que son motivo de preocupación de quienes han luchado toda su vida por consolidar una democracia auténtica en México.
El Plan B consiste en reestablecer los pilares del régimen autoritario, en nombre del pueblo bueno y sabio, para que sea factible imponer un proyecto político desde arriba sin la participación de la ciudadanía, relegando al rincón de los trebejos inútiles al debate público critico como la vía idónea para determinar el rumbo del país. Es la estrategia para conformar un neo Maximato con base en un partido hegemónico controlado desde La Chingada, sin que haya una figura pública con poder suficiente para oponerse a los deseos de AMLO.
Las acciones de ese Plan B están a la vista: a) la realización de un proceso ratificatorio de mandato (fallido por la baja participación ciudadana en las urnas), b) la promoción de una reforma constitucional que reducía la representación política y sometía al INE a la mayoría política coyuntural (rechazada por la marcha ciudadana multitudinaria), c) la violación sistemática a la legislación electoral con actos anticipados de campaña impulsada desde Palacio Nacional y d) el debilitamiento de las autoridades electorales con el proceso de modificación de la legislación electoral que afecta a la profesionalización, el financiamiento y las estructura necesaria mínima para la realización de elecciones confiables.
El uso indiscriminado e ilegal de recursos públicos en la promoción de la ratificación de mandato y la promoción de las corcholatas oficiales ha sido parcialmente exitosa, pues aunque ya hubo sanciones del INE y advertencias a quienes no respetan descaradamente la legislación electoral, el espacio público está invadido por los personajes de Morena que crecen en presencia y preferencias en detrimento de las figuras de la oposición que dispondrán de menos tiempo para penetrar en el ánimo de la ciudadanía. Las condiciones para una elección sin equidad entre los participantes, propias de un régimen autoritario como el mexicano del siglo pasado y los ruso, cubano y venezolano en la actualidad, se consolidan con grave riesgo para la vida democrática.
El Plan B, que allana el camino de regreso al antiguo régimen, se expresa sin tapujo alguno cuando el debate abierto y la posibilidad de disentir en cualquier foro o instancia son anatemizados desde Palacio Nacional y todo aquel que no sea incondicional es adversario, quien no sea radical es conservador y los que no apoyen a la autollamada 4T son traidores al pueblo. La visión maniqueísta de la realidad política es un factor ideológico indispensable para un autoritarismo que requiere de un enemigo permanente para excluir a la ciudadanía de las decisiones políticas.
La reforma electoral que seguramente se aprobará en las primeras sesiones del Senado de la República casi en los términos enviados por el Ejecutivo y con el golpe a los partidos pequeños que integran la alianza oficialista es una pieza del rompecabezas. El ataque frontal a la figura del Ingeniero Cárdenas, fundador del PRD, la amenaza de ubicarlo del brazo de los conservadores y su inmediato deslinde del grupo “Méxicolectivo” es otra pieza. La adhesión publica a la autollamada 4T y a la selección por encuesta de los candidatos a puestos de elección popular de las corcholatas y la propuesta de designación por sorteo de los consejeros electorales son más piezas de esta estrategia.
El Plan B es más amplio y no se reduce a una reforma legislativa. La movilización ciudadana tendrá como respuesta las marchas oficialistas. Esta será la dinámica de los próximos 16 meses que restan para las próximas elecciones federales, cuando conoceremos si este plan tuvo éxito.
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