Unos 27 millones de personas en México enfrentaron la pandemia de COVID-19 sin tener acceso a los servicios de salud, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en 2020, la proporción de personas con esa restricción fue 21.5 %, un alza de 4.8 puntos porcentuales con respecto a 2015 (El Universal, 23-06-21). Esto afectó con mayor fuerza a los estados con índices de pobreza alta: Chiapas, Oaxaca y Tabasco y la tendencia continúa.
A este ritmo, a finales del sexenio, el país regresará a la situación previa a la aprobación de la reforma de salud de 1983, en la que la atención a la salud estaba centralizada y había un 58 % de la población sin acceso a los servicios de salud.
En los años 1983 y 2003, se llevaron a cabo dos reformas en salud y una contrarreforma en 2019.
La primera consistió en la descentralización de la atención de los servicios de salud a las entidades federativas en dos etapas con resultados desiguales, ya que careció de criterios para orientar la asignación de los recursos federales y las contribuciones financieras de los estados.
La segunda tuvo como propósito fundamental la cobertura universal de la salud con base en las acciones siguientes: la creación de un fondo para servicios comunitarios; la implementación de un conjunto de cartillas para la promoción de la salud con perspectiva de género y ciclo de vida, y la creación del seguro popular que permitió el acceso a un paquete explícito y amplio de servicios esenciales, así como a un paquete de intervenciones más costosas y especializadas asociadas con enfermedades y condiciones de salud específicas.
El efecto de esta reforma es que el gasto total en salud, público y privado, creció de 4.4 % del PIB en 1990 a 5.1 % en 2000 y a 6.3 % en 2010. En 2012, el gasto público en salud llegó a su máximo de 2.9 % del PIB y la Secretaría de Salud recibió cerca de la cuarta parte del presupuesto. El gasto público en salud en los estados aumentó lentamente, pero con consistencia.
Entre 2000 y 2010 el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 142 % en términos reales, sin embargo, esta tendencia cambió en 2013. Lo que demostró que los efectos positivos de la segunda reforma se habían agotado y que había necesidad garantizar una fuente de financiamiento estable al sector salud. En 2015, la disminución del gasto público en salud y el crecimiento poblacional provocó que disminuyera el porcentaje de acceso a los servicios de salud.
En 2018, el CONEVAL consideró que el seguro popular había sido un programa de salud fuertemente relevante para abatir las carencias en acceso a este tipo de servicio, incluso con un mayor impacto en comparación con IMSS-Bienestar porque tenía un gasto per cápita más elevado. Con ello marcaba la ruta a seguir, que era continuar y, en su caso, fortalecer el seguro popular, a pesar de la reducción del presupuesto asignado a ese rubro.
El éxito de la segunda reforma lo confirma el CONEVAL que informó que “las carencias sociales que presentaron mayores reducciones fueron el acceso a los servicios de salud, pasando de 38.4 % en 2008 a 16.2 % en 2018” y, según Claudia Maldonado, investigadora académica del CONEVAL, la reducción en 4.8 puntos en el acceso a los servicios de salud en los últimos años puede ser producto de la desaparición del seguro popular y la creación del INSABI, entre otras causas.
En ese sentido, la contrarreforma del 2019 es un evidente paso de cangrejo. Esta modificación a la Ley General de Salud partió de un diagnóstico equivocado, se implementó con una pobre planeación y tuvo una ejecución ineficaz e ineficiente. Las cifras son dramáticas y afectan a los más pobres.
Hoy, a 3 años del triunfo del autollamado gobierno de la 4T, estamos más lejos del mundo imaginado por el presidente López Obrador en sus mañaneras en las que promete llevar a México a los estándares nórdicos en la atención a la salud. El discurso y las buenas intenciones son vanos cuando la única acción es destruir lo que se había construido con tanto esfuerzo e inversión de recursos públicos.
Hoy, la constitución del INSABI ha sido un fracaso y la cobertura en salud se ha reducido con graves afectaciones. El panorama es poco halagüeño y eso que todavía no se manifiestan los efectos de la fallida estrategia de compra consolidada de medicamentos por la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), otra corrección equivocada de rumbo, como la desaparición del seguro popular, que nos está conduciendo al desabasto de medicamentos.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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