En un artículo de 1995, en la Revista mexicana Isonomía, Ernesto Garzón, expone dos teorías que justifican la importancia del mercado en la justicia: la pragmática -relacionada con el intercambio libre de bienes y servicios en un espacio como fundamento justo del intercambio económico- y la deontológica, que atribuye a las fuerzas de la demanda y oferta la calidad en un mercado libre la cualidad de ser la mejor forma (la más justas) de asignar recursos entre las personas en atención. Ambas falaces. Este filósofo argentino señalaba que el mercado para ser justo debe respetar la democracia y los derechos humanos.
La atribución de una voluntad autónoma al mercado, distinta a los individuos que influyen en su comportamiento en razón a la acumulación de riqueza, es una falacia. El mercado no gobierna, ni puede condicionar la acción gubernamental más allá de lo contextual, ni mucho menos puede determinar cómo debe ejercer el Estado sus funciones esenciales: administrar, legislar y juzgar. Gobernantes y legisladores se orientan por el principio de la representación política y los jueces por la defensa de los derechos humanos y la Constitución.
De ahí, la ingenuidad de esperanzarse con que el mercado será el que detenga la reforma judicial por las primeras reacciones, el alza del tipo de cambio del dólar, que hubo cuando se confirmó que la reforma judicial ser pretendía aprobar en el primer periodo de la LXVI legislatura del Congreso de la Unión. El mercado no tiene la fuerza de sustituir la voluntad política manifestada en las urnas y su comportamiento sólo es un indicativo dentro de un conjunto de datos en la toma de decisiones del poder estatal.
La mayoría abrumadora que obtuvo el partido oficial y sus aliados concedió al gobierno saliente y entrante, ambos de extracción morenista, el poder suficiente para revertir los cambios estructurales del régimen político y la economía que se llevaron a cabo de 1982 a 2018. El mercado es un contexto que, eventualmente, puede disminuir las probabilidades de éxito de los programas gubernamentales o afectar los resultados esperados de su acción, pero la caída del peso, de la bolsa o de la apreciación del riesgo país de las calificadoras financieras internacionales no van a detener, ni siquiera hacer titubear a los promotores de la reforma judicial. El bastión no es el mercado, es el Senado.
Los capitales extranjeros no se van a ir y la inversión va a continuar en mayores o menores cantidades. Lo que es previsible es que las relaciones entre el gobierno y los empresarios se modifiquen sustancialmente y estos últimos arriesguen menos sus recursos propios (disminución o cancelación de proyectos de asociaciones público-privadas) y prefieran el “contratismo”, en el que el recurso para la construcción o mantenimiento de la infraestructura económica y social de índole público provenga del presupuesto y los privados sólo ejecutan las obras con una ganancia garantizada. La defensa de la justicia imparcial es de índole político y el argumento es que las personas sin jueces independientes perdemos paulatinamente nuestra libertad y democracia. ¿Quién evitará que una persona sea encarcelada cuando un gobernante lo acusa y persigue?
¿Quién de los ricos de Forbes aceptó el reto presidencial de oponerse públicamente a la reforma judicial? ¿Por qué está tan calladito el Consejo Coordinador Empresarial después del reto? ¿Realmente a los contratistas del gobierno les afecta la desintegración de la SCJN?
La justicia escapa a las leyes del mercado. La justicia dejó de ser un asunto entre privados, cuando el Estado asumió el monopolio de su administración, “nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni ejercer violencia para exigir su derecho”, por lo tanto, la mano invisible en temas de justicia por importa. La justicia
la dicta el Estado, no el mercado y el modelo que ha resultado más justo en occidente, en las sociedades democráticas, es que la representación política constituida en las urnas con voto directo, libre y secreto, por muy mayoritario que resulte, sea controlado por la ley y la aplicación objetiva, profesional e independiente de la misma por jueces designados por su mérito y profesionalismo.
De ahí que, cuando el gobierno tiene mayoría legislativa, el único poder del Estado que puede evitar la arbitrariedad del poderoso es el judicial. El mercado sigue la lógica de la avaricia y cuando quien influye en él puede obtener una ganancia, hará al lado cualquier principio político, jurídico o moral para ser más rico o evitar la pérdida de activos.
Esto muestra la importancia de que los senadores no traicionen a sus electores y voten conforme al mandato de las urnas. Lo esperable es que el oficialista apoye al gobierno y el opositor vote en contra de la reforma judicial. La defensa de la Justicia, que debe ser imparcial, hoy está en manos de la minoría de los senadores, el mercado en este juego, no juega.
Profesor de la Universidad Panamericana
Twitter @cmatutegonzalez
