La complejidad de la gestión pública ha aumentado en forma exponencial en los últimos 30 años debido a las demandas sociales crecientes y diferenciadas, la insuficiencia de los recursos presupuestales para la atención de los nuevos acometidos estatales, el desarrollo tecnológico acelerado, la globalización, el cambio de los patrones de consumo y las exigencias justas de un bienestar social más equilibrado e igualitario.
En la década de los setentas del siglo pasado bastaba hacer referencia a la Revolución Mexicana y afirmar discursivamente que el gobierno había inaugurado dos hospitales para cumplir con las demandas sociales de las mayorías, aunque esa infraestructura beneficiara a menos del 1 por ciento de la población y el impacto en la salud pública fuera marginal.
La década pérdida de los ochenta mostró la falsedad del discurso populista y que el auténtico bienestar sólo era posible en el orden financiero y administrativo y la transparencia y la rendición de cuentas. Las circunstancias de “quiebra” de los gobiernos los orilló a llevar a cabo medidas draconianas que afectaron el empleo público y redujeron el tamaño de las organizaciones públicas.
Hubo procesos de descentralización regional, funcional y colaborativa con particulares a través de las diversas asociaciones público-privadas (contratos públicos, concesiones, subrogación de servicios, entre otros). Esta estrategia permitió conservar lo que se había logrado y establecer una base para que se pudiera continuar en tiempos mejores. El gasto operativo esencial del gobierno se mantuvo, incluido el mantenimiento a la infraestructura existente. No había crecimiento significativo, pero no se perdía lo construido en operación.
El ejemplo más evidente es el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), que desde 1997 quedó estancado en proyectos nuevos y con bajo mantenimiento, salvo en el periodo 2006-2012, en el que se construyó además la línea 12, que se tuvo que rehacer en un tramo por la falta de planeación adecuada. La llegada del autollamado gobierno de la 4T y la estrategia de austeridad anoréxica puso en riesgo la operación de este importantísimo transporte por la fallida estrategia de dar por terminados contratos de mantenimiento con particulares, no invertir en tecnologías de informática y comunicación y desaparecer la dirección de mantenimiento.
La consecuencia está a la vista. Un incendio en la subestación “Buen Tono”, ubicada en el Puesto Central de Control 1 (PCC1), uno de los cerebros del STC, tiene sin este servicio a más de 2.5 millones de personas. La dirigencia sindical de los trabajadores denuncia que los transformadores eléctricos tienen una antigüedad de más de 50 años y el cableado es obsoleto, entre otras cuestiones que ponen en peligro la vida de los usuarios de ese transporte. Las líneas que están operando después de la emergencia lo hacen con el equipo de telefonía de los trabajadores puesto que el sistema TETRA presenta fallas de conexión (El Universal, 20-01-21). Los trabajos de mantenimiento que se consideraron urgentes en 2017 todavía no se habían iniciado en 2021.
Otra evidencia de esta estrategia de ahorros indiscriminados es el apagón del pasado 28 de diciembre que afectó a más de 10 millones de personas y, aunque la información oficial sobre el mismo es confusa, todo apunta a que la causa es la falta de mantenimiento de las redes y las subestaciones del sistema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya había advertido de la falta de inversión y de mantenimiento en años anteriores, que se agravó con la estrategia de austeridad anoréxica. La CFE anunció en su reporte anual la disminución de recursos para el mantenimiento por alza en los insumos y reconoció que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) opera con equipos obsoletos (El Universal, 30-12-20).
El denominador común es el recorte sin planeación alguna de plazas y contratos relacionados con la operación de las entidades públicas bajo el argumento que están excedidas. En la CFE el presupuesto para el mantenimiento de las líneas de transmisión se ha reducido constantemente desde 2018 y los proyectos para contratar la ampliación de la red han sido cancelados o pospuestos.
La austeridad anoréxica que es aliada de la improvisación y la ocurrencia, ya afectó a más del 15% de la población y no hay seguridad alguna que este tipo de emergencias dejen de brotar constantemente. Los errores de un gobierno más temprano que tarde salen a la luz.
Todos conocemos los rezagos y es necesario cambiar muchas malas prácticas heredadas, pero no se puede parar al gobierno en seco con la excusa de mejorarlo. Cualquier transformación debe hacerse sobre la marcha gubernamental y pretender detenerla para reorientarla puede resultar más perjudicial. En estas condiciones de bajo mantenimiento de la infraestructura por una austeridad mal entendida, nadie, ni siquiera el presidente, puede prometer, sin caer en el engaño, que otro apagón no va a ocurrir. Vale.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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