Con la reforma energética del 2013, la CFE y PEMEX se convirtieron en empresas productivas del Estado (EPEs) con una garantía de autonomía de gobierno corporativo y consejeros independientes, en las que la intervención de la administración pública centralizada está limitada a los derechos que tiene un propietario sobre una sociedad mercantil, por lo que no son entidades paraestatales sujetas a un control estricto de las dependencias globalizadoras, la SHCP y la SFP. También cuentan con un régimen especial de contratación pública, deuda pública y control interno.
Esta modificación a su condición original de organismos públicos descentralizados obedeció a la visión modernizadora de que ambas debían tener como fin esencial obtener utilidades en un mercado abierto para fortalecer los ingresos del gobierno y con ello favorecer a que este dispusiera de mayores recursos para destinarlos a sus atribuciones básicas como son el ejercicio de la autoridad, los servicios públicos y, sobre todo, el desarrollo y fomento económicos.
La elección del 2018 cambió radicalmente la estrategia energética del gobierno y, bajo el argumento de que el neoliberalismo pretendió debilitar a las EPEs para entregárselas a los particulares, decidió rescatarlas de su marasmo financiero y sus altísimos pasivos laborales por la vía de las transferencias presupuestales.
En este contexto, con una remasterización “chafa” del debate entre lo público y privado, que ha entorpecido la acción política en los últimos cuarenta años, el presidente presentó una iniciativa de reforma constitucional que pretende convertir a la CFE en un organismo del Estado -sin filiales- que centralice toda la rectoría del Estado en el gobierno y desaparecerlas instancias con autonomía para que las decisiones energéticas las tome sólo el presidente sin ningún estorbo de índole económico y técnico. Un auténtico retorno al modelo francés centralizador burocrático.
La “nueva” CFE, en caso de que se apruebe la iniciativa, será similar a un organismo público descentralizado como en los años setenta, el sueño bartlettiano, en el más puro nacionalismo revolucionario priísta , en el que el gobierno asume todas las responsabilidades sin mayor intervención del sector privado.
¿Empresa productiva del Estado o entidad del Estado? Este no es un simple juego de denominaciones y cada una de ellas representa dos modelos energéticos distintos. En la primera, hay una apuesta a la apertura económica dirigida por varios órganos estatales con autonomía de los programas gubernamentales bajo criterios de objetividad técnica y económica . En la segunda, hay una manifiesta visión gobiernista en la que una mayoría política, que en una democracia efectiva siempre es coyuntural, impone una estrategia al mercado a través del Poder Ejecutivo sin ningún control distinto a la racionalidad política-electoral.
La Empresa Productiva del Estado no forma parte de la administración pública federal, ni está regulada por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. La SFP, a través de la unidad de responsabilidades, investiga, sustancia y, en caso de faltas no graves, resuelve sobre las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, pero no interviene en el control interno, ni en la mejora administrativa.
La entidad del Estado se ubica en el otro extremo. La estructura queda sujeta a la jerarquía del Ejecutivo Federal y al férreo control de la SHCP y la SFP. Regresaría a ser una entidad paraestatal y se liquidarían las empresas filiales.
La desaparición de los órganos reguladores coordinados en materia de energía (la CRE y la CRH) eliminaría la visión de los expertos en la toma efectiva de las decisiones, con lo que la autonomía técnica de esta función se perdería, en la medida que la CFE, nuevamente como entidad gubernamental asumiría la rectoría del Estado en la materia.
¿Cuál modelo es mejor? La experiencia internacional ha demostrado que un esquema mixto es más productivo y permite reducir los costos de generación, trasmisión y distribución, lo que beneficia a los usuarios y promueve el desarrollo económico, además facilita la orientación de la industria a las energías limpias, pero, desde la perspectiva estatista, esto es malo porque los particulares obtienen ganancias.
En cambio, los esquemas gobiernistas benefician a la burocracia y a los sindicatos públicos que en el mediano plazo se acaban apropiando de los excedentes vía prebendas o derechos colectivos y, en el peor de los escenarios, el presupuesto público financia la ineficiencia administrativa que provoca la visión política en una actividad netamente industrial y la excesiva injerencia gubernamental en la operación.
¿Qué decidirá la Cámara de Diputados? ¿Cómo se alinearán las fuerzas políticas? ¿Regresará el pasado burocrático con visión estatista? ¿Seguiremos por las rutas trazadas por el mercado internacional y la racionalidad tecnológica ? Parece que la última palabra la tendrá un cada vez más viejo y aislado PRI que añora el autoritarismo centralista, pero que corre el riesgo de convertirse en comparsa de segunda del presidente en turno. ¿Traicionará a sus electores que le otorgaron su voto en el 2021 para que fuera una oposición efectiva al proyecto transformador orientado al pasado? Veremos.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
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