En el Congreso de la Unión, esta semana se aprobó al vapor, entre gritos, sombrerazos e insultos, la creación de una cuenta concentradora de recursos inactivos de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro operado por las afores y supervisado por la CONSAR y el IMSS. Una reforma de naturaleza técnica, vinculada con el manejo de las reservas, que se presentó como el medio para que los trabajadores de la generación de la Ley de 1997 complementaran su pensión para conseguir hasta el 100% de su salario base de cotización, con un tope del promedio de éste que se eleva a $16,777.
Lo aprobado es pertinente y no tiene las consecuencias inmediatas que señala la oposición, pero tampoco es cierto que con esta reforma los trabajadores recibirán el 100% de su último salario. Este cambio legal es otro engaño social, que busca aprovecharse de la ingenuidad de los jóvenes para prometerles lo imposible y obtener su simpatía. Con 40 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones del Bienestar es falso que se pueda incrementar el monto pensionario de millones de los futuros jubilados.
El director general del Grupo Financiero Citibanamex expuso que en la afore que controla ese consorcio la circunstancia de la forma siguiente: administra casi 1 billón de pesos de cerca de 10 millones de trabajadores, e los cuales más de 670 mil cuentas inactivas con recursos que representan 3 mil 900millones de pesos, que son los transferibles a la cuenta concentradora con denominación engañosa, es decir, la cifra objeto de la reforma representa sólo el 0.4%de los recursos totales y es “pequeñita”. Además, explicó que la búsqueda de los titulares de las cuentas es una tarea ardua y no contribuye a la certeza de los derechos de los titulares de las cuentas individuales. La reforma no es significativa en términos de recursos financieros y tiene un alto costo administrativo para las afores, cuyos directivos la consideran conveniente.
Lo engañoso del debate público en torno a esta reforma es que sus defensores sostengan que 40 mil millones de pesos son suficientes para elevar el monto de las pensiones de millones de trabajadores. Al presidente no le cuadran las cifras, cuando no precisa los beneficiados de la reforma y eleva la cifra, mágicamente, a 150 mil. A Noroña cuando escupe el número de 43 millones.
Vayamos a la realidad financiera. Este año se pagarán medio billón de pesos de pensiones no contributivas. Ahora bien, el Fondo de Pensiones del Bienestar supuestamente se utilizará para pagar el monto complementario de las pensiones del IMSS e ISSSTE de la generación afore, aquellos que empezaron a cotizar después del primero de julio de 1997, para que obtengan el 100 por ciento de su último salario cotizado. Sin embargo, la cantidad para cubrir las pensiones no contributivas en curso aumentará en un 10 por cierto, es decir, 50 mil millones de pesos. Es evidente que 40 mil millones de pesos es un monto menor al crecimiento del gasto corriente en pensiones esperado, con lo que no se financiará ningún beneficio adicional con esta reforma.
La afirmación de que una reforma eminentemente técnica de manejo de reservas y mejor administración de las cuentas individuales de los trabajadores es el inicio de un camino hacia un aumento sustancial en el monto de las pensiones es un engaño social y si crea desconfianza en los trabajadores respecto a las intenciones del gobierno. Muchos temen que el saldo de su cuenta individual sea utilizado “solidariamente” para pagar pensiones insostenibles a las personas mayores de 50 años y su ahorro desaparezca y no haya recursos para pagar pensiones en 2040 y que la carga presupuestal sea excesiva y las jubilaciones sean impagables. El otorgamiento de un derecho sin financiamiento es una ilusión.
Como todo engaño social, su sustento es un cúmulo de mentiras. El sistema “solidario” de pensiones de ley del seguro social de 1973, que se abrogó para que se creara el modelo de pensiones actual, estaba quebrado. No tenía reservas, pagaba pensiones que representaban un tercio del salario mínimo y las mujeres y los estratos de trabajadores pobres no recibían pensión, ni servicios médicos porque, si bien se necesitaban 10 años de cotización para obtener una jubilación raquítica, había que permanecer en el mercado laboral de trabajo formal cotizando hasta los sesenta años de edad, lo cual no ocurría en los grupos poblacionales mencionados. Era una solidaridad inversa en la que los trabajadores de mayores ingresos reciben un subsidio de los más pobres, quienes se deben conformar con una pensión raquítica, no contributiva, de un tercio del salario mínimo.
Los promotores de la reforma aprobada idealizan las reservas “solidarias” para preparar el camino para quedarse con los 6.1 billones de pesos de los trabajadores engañándolos con la promesa de recuperar un sistema de ahorros colectivos que fracasó. Los que pierden son los jóvenes y son los excluidos y autoexcluidos de este debate.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Twitter @cmatutegonzalez