La Secretaria de la Función Pública (SFP), después de la publicación del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, defendió con orgullo ese galimatías jurídico y financiero con argumentos falaces.
Primero, las excepciones del artículo 5 del decreto reducen significativamente el “botín” de más de 700 mil millones de pesos, que esperaban “liberar” para malgastarlo en los proyectos faraónicos de la 4T a menos de 300 mil millones de pesos.
Segundo, las cantidades registradas no necesariamente son activos liquidables en el corto o mediano plazo. No están a disposición inmediata. Es falso que se “liberen” 300 mil millones de pesos. Un buen número de fideicomisos se crearon para apoyar la investigación y el patrimonio es infraestructura y equipo, y está comprometido en el pago de nóminas, proteger activos en litigio, garantizar pago de obligaciones futuras y un largo etcétera que implica la existencia de derechos adquiridos que deben respetarse y, en su caso, indemnizarse.
Tercero, la figura jurídica de fideicomiso público no entidad –que son los que no tienen estructura análoga- se reguló para darle transparencia y establecer control financiero sobre el ahorro que se regeneraba en algunas actividades de largo plazo en las dependencias y entidades de la administración pública. No todo es gasto inmediato y para que un proyecto se lleve a cabo debe generar reservas y compromisos no revocables.
El ejemplo más evidente es la construcción del Túnel Emisor Oriente que implicó el esfuerzo financiero de tres sexenios, es decir, 15 años de construcción, y varios del Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México. El mecanismo financiero de esa obra fue un fideicomiso público no entidad, que permite prevenir las inundaciones del oriente del Valle de México y aprovechar las aguas negras al conducirlas a la planta potabilizadora de Atotonilco.
Cuarto, sólo algunos de los fideicomisos públicos no entidad gozan de trato fiscal especial en razón al fin al que se destinan. De esta manera, aquellos que son ahorro para pensiones o pago de prestaciones laborales futuras como el FONAC aprovechan los incentivos fiscales que favorecen la formación de estas reservas.
Quinto, los fideicomisos públicos no entidad como todos tienen fideicomisarios, es decir, beneficiarios de los recursos, que tienen derechos adquiridos sobre dicho patrimonio y que no son extinguibles por disposición de una de las partes que es el fideicomitente, aún más cuando estos son no revocables para dar garantía que el recurso no se va a retirar. Esto sucede de esta forma debido a que la mayoría de los beneficiarios aportan trabajo o recursos para tener esa categoría. Las decisiones se toman en un comité técnico en la que participan tres partes. Una de ellas, ciertamente la más importante, es el gobierno o una entidad pública, pero no es la única.
Sexto, en los fideicomisos públicos no entidad participan, desde su creación, los órganos internos de control dependientes de la SFP y vigilan el destino correcto de los recursos e informan periódicamente a las instancias centrales. Hay sistemas para la verificación de cumplimiento de las obligaciones de toda índole y cualquier desviación era identificada y, en su caso, denunciada y sancionada. No estaban al garete como dolosamente afirma la ahora responsable de esos controles.
Séptimo, la SFP conoce, en su calidad de dependencia globalizadora, todas estas circunstancias y que el decreto es de imposible ejecución por su objeto y el plazo de menos de quince días para llevarlo a cabo.
Todo esto no es motivo de orgullo, sino de vergüenza por la ignorancia demostrada -en el mejor de los casos- o el dolo con que se pretende engañar al electorado. El gobierno piensa en las elecciones del 2021 no en el combate a las crisis que nos amenazan. Esta medida es mediática, no efectiva.
El discurso superficial que se extinguen todos los fideicomisos, porque en algunos había desviaciones, es efectivo en el corto plazo. En breve, los afectados, que son grupos de maestros, investigadores, médicos, agricultores, trabajadores, entre otros, manifestarán su oposición en la prensa, las redes sociales o enfrente de Palacio Nacional. Además, es difícil explicar masivamente la diferencia entre fideicomiso entidad -como FONATUR y FONART- y los no entidad. No tarda mucho en manifestarse la confusión en la opinión pública. En el mediano plazo será una mala acción mediática.
No es una buena estrategia política, en estos momentos que se requiere unidad nacional, continuar acumulando adversarios contra las políticas absurdas de la austeridad con machete que se aplican desde la SFP. Esto profundiza la crisis económica por el mensaje contra el respeto de los derechos adquiridos que conlleva y detiene aun más a la administración pública que está dedicada, a dicho de la secretaria, en atender asuntos que no generan valor social, sino que lo destruye como es el torpe “exterminio” con hacha en manos de un leñador inexperto de los fideicomisos públicos no entidad.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
Profesor de Derecho Público en instituciones públicas y privadas de educación superior.
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