En mi libro, “Las Crisis no superadas de la Seguridad Social”, recalco la necesidad de llevar a cabo una reforma al sistema pensionario de fondo, con base en el principio de contribución definida, no de beneficio definido, el enfoque intergeneracional y una estrategia financiera viable. La promesa política de altas tasas de remplazo del salario contractual (100 %) al momento del retiro es simplemente inalcanzable y el aumento de contribuciones de seguridad social sobre la nómina es inconveniente por sus efectos en los costos de los bienes y servicios y en el mercado laboral.
El debate se centra en el deseo de recibir un ingreso sin trabajar formalmente por los más años posibles con la menor aportación personal y la utopía son las condiciones de retiro de los trabajadores de PEMEX, CFE o IMSS, en donde, algunos casos, un jubilado puede recibir un monto mayor de pensión que lo que percibía como trabajador en activo, debido a las bondades de los contratos colectivos de las entidades públicas, que se pagan con transferencias presupuestales. Hay pensiones que superan los 100 mil pesos y se fijan con base en el último salario. El monto promedio de jubilación de un trabajador de PEMEX era 20 mil pesos en 2021.
En contraste, el número de adultos mayores en condiciones precarias con pensiones por debajo de los niveles de subsistencia es muy elevado y en condiciones sumamente injustas, si se compara los jubilados de las instituciones mencionadas. Esto queda evidenciado en el dato siguiente: el 75 %del presupuesto para pensiones lo recibe el 30 % de la población, que son las familias de mayor ingreso en el país y el 10% más pobre sólo recibe el 4 % del total de gasto en pensiones.
En México, no hay un sistema de pensiones, hay varios (IMSS, ISSSTE, ISSFAM y derivados de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo) con profundas desigualdades que generan en los trabajadores el legítimo deseo de un trato igualitario. ¿Por qué un trabajador accede a una tasa de remplazo del 100 % y la mayoría sólo alcanza el 30? ¿Por qué la diferencia entre el monto de la pensión de un trabajador que cotiza 35 años y aquella que corresponde a quien sólo aporta 15 años puede ser igual o incluso superior? ¿Por qué por los trabajadores inscritos en el IMSS se aporta sobre un salario integrado y en el ISSSTE sobre un salario básico que no representa ni el 10 % en promedio del ingreso neto?
¿De veras con una reforma constitucional o legal se logrará que la pensión represente el 100 % del último salario? ¿Hay alguien que lo crea? Vayamos a las cifras.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023 se gastó 1.7 billones de pesos en pensiones, 12.8 % superior en términos reales al de 2022, en 2024 se proyecta un gasto de casi 2 billones. Más o menos el 22 % del presupuesto. La cuarta parte son pensiones no contributivas, financiadas totalmente con presupuesto, con un crecimiento del 60 % en dos años. Estos datos por sí mismos representan una carga enorme para los jóvenes que las pagan vía contribuciones, quienes no son correspondidos porque el gasto en salud y educación ha disminuido en términos reales.
La propuesta de aumentar el monto de las pensiones sólo se puede financiar con más impuestos o más deuda y con ello se compromete el futuro de quienes hoy son menores de 50 años, quienes las van a pagar en los próximos 10 años. A este ritmo de crecimiento, marcado por el ánimo electoral, el menos de una década el gasto en pensiones subirá el doble, cerca del 50 % del presupuesto, y alrededor el 15 % del PIB.
En ese momento, quienes cargaron con las pensiones vivirán una crisis de las finanzas públicas de tal magnitud que, es probable, que no haya recursos suficientes para pensionarlos en las mismas condiciones en las que estarán, quienes se beneficien en los próximos 10 años de una reforma que garantice el pago de una pensión igual al 100 % de su salario.
Los modelos de beneficios definidos, es decir, el pensionado recibe una cantidad por ley o por contrato sin importar cuanto aporte, conducen al precipicio. Las utopías se convierten rápidamente en distopías y para comprobarlo sólo es necesario mirar al cono sur y ver la tragedia económica de Argentina, que empezó en este siglo con el corralito (2001), y cuya causa, entre otras, fue la pesada carga pensionaria en el presupuesto público.
Además, si le agregamos que las pensiones contributivas se concentran en los tres deciles con mayor ingreso de la población, un aumento en el monto de las pensiones en estos momentos y sin un debate amplio y serio sobre el tema, provocaría que los jóvenes y los pobres fueran los paganos de una política pública que suena justa, pero que no lo es.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Twitter @cmatutegonzalez
