El compromiso de los ministros de la Corte con la toga

El viernes 2 de septiembre el presidente López Obrador explicó su estrategia para “colonizar” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convertir al Tribunal Constitucional en un apéndice de su proyecto político, que consistió en nombrar como ministros a juristas leales a su persona y aprovechar a los decentes que ya estuvieran designados para lograr que hubiera la justicia que él quisiera para México. Asimismo, confesó que se equivocó en los términos siguientes:

“hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya por el cargo o porque cambiaron de parecer ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que hay mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones, cada quien asuma su responsabilidad. De chiripa, se evitó que los ministros declararan inconstitucional la Ley Eléctrica” (El Universal, 02-09-22)

El presidente López Obrador manifestó su desilusión por aquellos juristas que él nombró y además esta semana alertó, como una forma de presión con base en su popularidad, que si la Corte votaba por la eliminación de la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa se transformaría en el supremo poder conservador.

El Poder Ejecutivo tiene derecho, como cualquier parte en un proceso judicial, a exponer sus alegatos ante la Corte en las acciones y controversias constitucionales y hacerlos públicos e incluso a mandar a su secretario de gobernación a los ministros para exponer los argumentos a su favor e intentar convencerlos para obtener sus votos Esto es lo que en su momento hizo, infructuosamente en beneficio de su causa, el exsecretario Gómez Mont con el ministro Zaldivar en el caso de la Guardería ABC en Hermosillo, que éste último condenó como un acto intimidatorio y autoritario, rasgándose las vestiduras y pretender dejar sin mancha alguna a su toga de ministro impuesta hace 13 años en los tiempos del presidente Felipe Calderón.

Hoy en las mañaneras se exige incondicionalidad a los ministros nombrados por el presidente y se pretende presionar a la Corte descalificándola y “acusándola” con el pueblo de abandonar el proyecto de transformación y el ministro presidente decide guardar silencio, aunque por lo menos ya no presume los desayunitos con López Obrador. Malo para la imagen de independencia del Tribunal Constitucional.

El compromiso con la toga de los ministros es con la correcta administración de justicia, lo que López Obrador llama despectivamente mecanismos jurídicos, y no debe desviarse por ambiciones personales o un proyecto político. Esta semana los ministros estuvieron a prueba, a plena vista de la opinión pública, en su rectitud y honestidad intelectual y moral cuando debatieron la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa (PPO).

Los gobiernos, por lo menos desde 2008, han argumentado que es un elemento esencial en las políticas públicas de combate al crimen y los defensores de los derechos humanos que es una flagrante violación a la presunción de inocencia. El constituyente permanente y el legislador común decidieron que la PPO fuera una restricción al goce de los derechos humanos y esta determinación en contraria a lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En el proyecto de resolución de la controversia constitucional 130/2019, el ministro Luis María Aguilar plantea, sustancialmente, el abandono del criterio del Pleno de la Corte que determina que en la Constitución es válido establecer restricciones a los derechos humanos y, por lo tanto, los derechos humanos más progresivos contenidos en tratados internacionales deben aplicarse sobre lo dispuesto por el máximo poder político del Estado.

Este es un debate largo y profundo que supera la coyuntura política y los intereses del gobierno de López Obrador y que se planteó en el Pleno en la contradicción de tesis 293/2011 que se resolvió en el 2015, que originó el criterio jurisprudencial vigente que el ministro Aguilar propone superar.

¿Quién de las ministras y ministros están comprometidos con su toga? El sentido del voto y el razonamiento del mismo son elementos de juicio para la opinión pública. ¿Quién mantuvo congruencia con respecto a la votación anterior en 2015? ¿Cuál fue la posición de los ministros recientemente integrados a la Corte a propuesta de López Obrador?

Los ministros Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa consideraron que la PPO era constitucional y Margarita Ríos Farjat que era inconvencional y, por lo tanto, debía expulsarse del orden jurídico. El resto fue consistente en su postura respecto al tema, salvo en algunas consideraciones de técnica jurídica-constitucional que se introdujeron en el debate en esta ocasión.

¿Qué determinó el sentido del voto? Eso es una cuestión que atañe a cada ministro y a la forma en que honra a su toga, pero si la determinación de alguna de las posturas hubiera obedecido a las presiones presidenciales, entonces, todos perdemos. La justicia sumisa al poder político es uno de los caminos a la autocracia.

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