El acuerdazo del presidente

El pasado 22 de noviembre, el presidente López Obrador emitió el acuerdo por el que se instruye a dependencias y entidades de la administración pública federal a llevar a cabo acciones en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés general y seguridad nacional , así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional , con la intención de evitar que sus “adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia”, el cual tiene muchos cuestionamientos políticos, jurídicos y administrativos. Un auténtico acuerdazo.

¿Cuál es la materia del acuerdo? Un misterio interpretativo. ¿Permisos federales, selección del contratista o transparencia relacionados con la obra pública? Se puede inferir que el origen de la disposición es producto de un enojo o una llamada de atención presidencial a sus propios colaboradores quienes no están facilitando los trabajos relacionados con las obras emblemáticas del sexenio comprometidas en un plazo perentorio con fechas simbólicas históricamente.

Esta falta de claridad en el objeto de regulación generó un debate público desarticulado y reacciones inmediatas de medios de comunicación, académicos y organizaciones profesionales y la confusión aumentó por la pésima técnica jurídica.

¿Qué es el acuerdazo? Una circular presidencial dirigida a sus propios colaboradores con efectos limitados a la organización interna de la administración pública federal, que sólo obliga a los servidores públicos y los efectos jurídicos externos son indirectos. No es propiamente el ejercicio de una facultad reglamentaria, sino del poder normativo para ordenar el trabajo dentro de la estructura bajo su mando.

La oposición a este acuerdazo será a través de acciones o controversias constitucionales, incluso el INAI anunció que llevará a cabo un proceso de control para evitar que las entidades y dependencias reserven de manera generalizada la información relacionada con las obras asociadas con infraestructura bajo el argumento de la seguridad nacional. En principio lo ubicaron como un atentando a la transparencia, pero técnicamente esto no es correcto, ya que esa materia tiene sus procedimientos particulares que resuelve como última instancia el INAI y la probabilidad de que prospere la controversia es baja.

¿El acuerdazo es legal? No, está mal fundamentado y carece de motivación. Estos defectos formales son causa para que una autoridad jurisdiccional decrete su nulidad, sin embargo, no afecta directamente derechos de las personas y los medios de defensa deben justificarse en un agravio indirecto a la esfera jurídica del gobernado que requiere una fina argumentación y un juez propenso a otorgar una protección amplia de los derechos humanos.

¿Cuáles son los efectos del acuerdazo? Darle cinco días a los servidores públicos para que opten por ser leales al proyecto de la autollamada 4T o respetar la legalidad y, por lo tanto, no concedan los permisos relacionados con las obras asociadas a proyectos de infraestructura porque a los solicitudes les falte que se cumplan requisitos o no se hayan otorgado los derechos de audiencia a los posibles afectados como son las comunidades indígenas en el construcción del tren maya o los habitantes de las poblaciones en las que se instalarán ductos de conducción de combustibles.

El presidente López Obrador con este acuerdazo exige incondicionalidad por encima de la ley a los servidores públicos que pueden ser responsables de sus actos en el sexenio entrante por otorgar permisos sin la debida justificación normativa. La pregunta es ¿qué tanto confía el servidor público en la continuidad del proyecto de la 4T y está dispuesto a arriesgarse a ser sancionado por el próximo gobierno si éste no fuera de la misma orientación ideológica?

La afirmativa ficta que otorga el permiso automáticamente ante la actividad de la burocracia desleal es una argucia legaloide, cuya finalidad legítima es beneficiar a los particulares frente a la inactividad de la burocracia, y que se agrega al acuerdazo para supuestamente blindar contra el juicio de amparo a la actuación poco aseada jurídicamente, inoportuna e ineficiente de los responsables de la construcción de las obras referidas. Lo que importa es que la inauguración de las obras -no su funcionamiento adecuado- se realice en la fecha imaginada por el presidente sin que importe el respeto a los derechos humanos, las limitantes técnicas, las condiciones del mercado o el orden administrativo que previene la corrupción y la desviación de recursos.

Un gobierno desorganizado y ocurrente necesita recurrir al bomberazo como estrategia de actuación. El acuerdazo es una muestra de esta mala práctica y un reflejo de desesperación del inquilino de Palacio Nacional al que todo y todos le estorban o quieren afectar su proyecto personal de Nación. Lo único importante es que el pueblo crea que las fantasías de las mañaneras tienen algún sustento en una realidad construida con endebles escenarios que pretenden sustituir a la productividad y competitividad económicas. Lo menos relevante es el desarrollo o la seguridad nacionales. La transparencia ni importa, ni está incluida en el acuerdazo.