La cólera a que me refiero no es la enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Ni quiero hacer mención a las condiciones extraordinarias de contratación pública provocada por la emergencia sanitaria. Mi interés es enfocarme en el enojo social que produce la mala asignación de los recursos públicos en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como en la obra pública y servicios relacionados con la misma.
Esta semana se divulgó que el pasado viernes 03 de julio la COFECE, la SESNA, Transparencia Mexicana, México Evalúa y el IMCO presentaron una propuesta de una Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos para centralizar la planeación, consolidar las compras en un organismo público descentralizado no sectorizado, según la exposición de motivos, “priorizar procesos y mercados para promover la competencia y generar mejores opciones de compra para el Estado mexicano”
Por un lado, la cólera es el resultado de observar que las adjudicaciones directas en el gobierno federal y otras entidades públicas no disminuyen y la falta de profesionalización en la contratación pública persiste.
Por otro lado, la cólera surge cuando se hace evidente que todavía hay especialistas en la materia que crean que con una reforma legislativa -superficial o profunda- se logrará cambiar la forma de comportarse de las instituciones que disponen de recursos económicos del Estado. Todavía hay muchas tareas administrativas pendientes que si se acabaran de hacer serían más efectivas. ¿Qué tanto se explota la información sobre adquisiciones registrada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)? ¿Cuál es el avance de la Plataforma Digital Nacional del SNA?
El pobre desempeño en la materia no es un problema de más leyes, ni de imponer más requisitos formales y mucho menos de crear un Instituto Nacional de Contrataciones Públicas que planifique centralmente todas las adquisiciones y realice las compras consolidadas y los contratos marco. En menos de cuarenta años hemos tenido tres generaciones legislativas y no es indispensable otra más. Primero logremos los estándares de desempeño con la legislación vigente, luego entramos nuevamente en un proceso de cambio normativo y divulgación del mismo.
Hay que profesionalizar y capacitar a los servidores públicos vinculados con las contrataciones públicas en la normatividad actual, que es compleja por su propia naturaleza y que cuentan con un andamiaje jurídico administrativo extenso. El legislativo normativo permanente y la rotación excesiva en estas áreas perjudican.
Cólera provoca que todavía no se logra la armonización contable en los tres órdenes de gobierno, ni el cumplimiento correcto de las obligaciones de transparencia por los sujetos obligados -especialmente en el ámbito local y municipal-, ni la Plataforma Nacional Digital del Sistema Nacional Anticorrupción y otras acciones más que son necesarias para mejorar la gestión de la contratación pública y ya estamos inventando crear más obligaciones jurídicas, más informes trimestrales, semestrales o anuales y más procedimientos burocráticos centralizadores.
Cólera da que se cometan una y otra vez los mismos errores. El más recurrente es colocar en una bolsa, sin distinción alguna, a las organizaciones federales más institucionalizadas como el Banco de México, el INE, las dependencias y entidades de la administración pública federal y los municipios más alejados y pobres del país.
El parámetro para medir el desempeño que propone esta propuesta de ley, necesariamente, es muy alto para los municipios, que no cuentan con los recursos, ni la profesionalización suficiente para llevar a cabo todas las obligaciones formales y de control que se requiere en un sistema de contratación pública avanzado. Tal vez sea conveniente sujetar a entidades públicas federales a la Ley de Adquisiciones vigente para reducir la dispersión normativa, pero eso se logra con la modificación del artículo primero de la legislación vigente, no creando un aparato administrativo centralizante.
El espacio para este tipo de iniciativas se abre por la inacción del gobierno federal en la materia. Lo más que ha llevado a cabo es un proceso inconcluso de consolidación de las compras de la Administración Pública Federal en la Oficialía Mayor de la SHCP, cuyos resultados todavía no son tangibles, y que se retrasó por la pandemia debido a las dificultades que se tuvieron en la adquisición de material médico en condiciones de urgencia.
Cólera provoca una austeridad republicana anoréxica que no es la estrategia para superar las deficiencias de la contratación pública federal, ya que se reduce a calificar a todo mundo de corrupto. Los servidores públicos son incapaces de explicar el cambio de estrategia en la dotación de equipo de cómputo en la Secretaría de Economía donde la terminación del contrato de arrendamiento pone en precariedad productiva a esa dependencia. Lo único que atina a declararse en la mañaneras es que ni Pancho Villa, ni Zapata tuvieron computadoras para luchar por la libertad y la Justicia. Vivimos los tiempos de la cólera.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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