Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos constitucionales autónomos son entidades estatales no gubernamentales no subordinadas a ninguno de los Poderes de la Unión con autonomía financiera y de gestión que llevan a cabo una función atribuida directamente y en exclusiva por la constitución.
El otorgamiento de la autonomía constitucional no sería suficiente para cumplir con los fines de llevar a cabo en forma objetiva, imparcial, profesional y especializada la materia de su competencia y es indispensable que se establezcan garantías para que esto suceda como el plazo fijo de nombramiento, la improcedencia de remoción en el cargo sin que haya faltas graves para ello, el derecho a que no se reduzca la remuneración y un procedimiento de nombramiento transparente, que requiera mayoría calificada en los órganos de representación política que participan y que anteponga el conocimiento técnico a la lealtad a un gobierno o partido político.
En el caso del Instituto Nacional Electoral, una garantía constitucional para que el nombramiento no sea orientado ideológicamente, ni sea una mera cuota partidista con base en acuerdos parlamentarios, es la intervención de un Comité Técnico de Evaluación que revisan los perfiles de los candidatos y los integran en quintetas para que la Cámara de Diputados designe al Consejero Electoral correspondiente.
Este año concluyeron su mandato cuatro consejeros del INE y para sustituirlos se integró el Comité Técnico de Evaluación del INE, todos ellos reconocidos académicos con fama pública de independencia y no vinculación con ningún partido político, ni cercanía al gobierno. El prietito en el arroz fue John Ackerman que, además de ser esposo de la Secretaria de la Función Pública, está vinculado con la formación de cuadros de Morena, lo que comprometía su independencia.
Esta circunstancia se ventiló en la opinión pública y hubo advertencias directamente a Mario Delgado sobre la inconveniencia de incorporar a intelectuales orgánicos en un proceso de nombramiento que debía ser ajeno a intereses gubernamentales y partidistas. Sin embargo, se mantuvo la decisión de que el Dr. Ackerman participara en el Comité.
La maldición de Macondo se materializó. La Crónica de un Conflicto (muerte diría el inmortal García Márquez) Anunciado se está viviendo. Los integrantes del Comité, que gozan de amplio reconocimiento por su honestidad intelectual, no aceptaron ningún tipo de presión del sectario Ackerman y éste dejo de acudir a las reuniones. Los trascendidos son que el enojo proviene de que el Comité no aceptó a la recomendada del hermano de la Secretaria de la Función Pública. Esto último es anécdota, lo destacable es que estamos ante un caso en el que las instituciones funcionan.
Las decisiones de las personas pueden ser acertadas o no, pero lo importante es que éstas se tomen en condiciones de normalidad institucional con base en elementos de valoración objetiva y con parámetros predeterminados.
Ningún esquema de garantías da la certeza total de que no habrá intereses no legítimos influyendo indebidamente en el nombramiento de los titulares de los órganos estatales no gubernamentales. En este juicio incluyo a los tres órganos superiores del Poder Judicial de la Federación. Lo perfecto sólo existe en el paraíso celestial o en el terrenal que nos tienen prometido. Sin embargo, las formas burdas para querer influir indebidamente e inclinar la balanza a los fieles o leales suelen ser insostenibles.
La rabieta de Ackerman era predecible. Un Comité integrado con académicos independientes que no iban a poner en riesgo el prestigio ganado con años de trabajo es incompatible con la colonización de los órganos constitucionales autónomos, más aún del INE que es el responsable de organizar elecciones transparentes, equitativas y creíbles.
Esta es la finalidad de las instituciones y ver que funcionan bien dan esperanza fundada de que la democracia mexicana se ha ido consolidando con la alternancia, la convivencia de los opuestos políticos y la confianza en que el resultado de las elecciones es veraz, sin importar el margen entre los contendientes. El autoritarismo setentero tiene un fuerte obstáculo en las entidades públicas no gubernamentales que hemos creado y fortalecido en los últimos cuarenta años.
El trabajo del Comité se complementó con una operación política impecable que desactivó una oposición a las quintetas y logró un acuerdo mayoritario, casi unánime, en el nombramiento de los cuatro consejeros electorales. Enhorabuena.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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